Los abogados que defienden a los represores de la última dictadura se presentaron ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para pedir que envíe a Cristina Fernández de Kirchner a la cárcel. Sostuvieron que a sus defendidos se les niega el beneficio de la prisión domiciliaria, pese a que las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) demuestran que el 81 por ciento de ellos están en sus casas.
La presentación fue hecha por Guillermo Jesús Fanego, José María Soaje Pinto, Pedro Pablo Pusineri y Elena Rita Genise como integrantes de la asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica.
En rigor, los letrados acompañaron dos escritos. Uno para pedir ser tenidos como amicus curiae (amigos del tribunal) y otro para que se rechace el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que pueda cumplir la sentencia en su departamento de la calle San José 1111.
En línea con lo que plantearon los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los abogados de represores recordaron que la concesión de la domiciliaria no es automática a partir de los 70 años y que deben merituarse otros factores, como el estado de salud.
“Los principios pro homine han sido desconocidos para quienes se encuentran afectados a causas denominadas de lesa humanidad”, escribieron a modo de provocación. Los datos no los acompañan. El viernes, sin ir más lejos, el TOF 2 le concedió el arresto domiciliario al represor Héctor Marc, condenado a 25 años de prisión por su actuación en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Según el Ministerio Público Fiscal, hay 38 represores en unidades penitenciarias; 76 en la Unidad 34 de Campo de Mayo –considerada una cárcel VIP en una guarnición militar– y 498 en arresto domiciliario.
Para abogar para que CFK sea enviada a la cárcel, los letrados escribieron que el “Servicio Penitenciario Federal tiene la suficiente experiencia, capacidad y formación profesional como para garantizar la protección de la condenada”.
La presentación de los abogados particulares de los represores se conoce días después de que se viralizara un video de la activista pro-impunidad Cecilia Pando brindando por la condena que dejó firme la Corte Suprema el martes pasado. No hace falta que lo expliciten: para ellos, la caída en desgracia de sus defendidos se debió a la política de derechos humanos que impulsaron los gobiernos kirchneristas desde 2003.
“Advertimos con estupor cómo se intenta violentar no solamente la división de poderes, sino también la paz social”, añadieron.
Como prueba de que podría estar poniéndose en riesgo la seguridad de la Nación, los abogados aportaron tuits que mostraban que CFK estuvo reunida con el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y con integrantes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. No llegaron a incorporar la foto de ayer en la que la expresidenta posó con Taty Almeida, presidenta de la Línea Fundadora de Madres, y el resto de los referentes de la mesa de organismos.
En su escrito, la asociación presidida por Fanego también se quejó amargamente por la postura «restrictiva» de la Cámara Federal de Casación Penal frente a la concesión de la prisión domiciliaria para los criminales de lesa humanidad. Ellos pretendían que el máximo tribunal penal del país fuese el mascarón de proa de un cambio de tendencia.
De hecho, el primer pedido para que la Casación Federal se pronunciara por la automaticidad de la domiciliaria a partir de los 70 fue presentado el 11 de diciembre de 2023, un día después de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel. Fue hecho por los abogados María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, que participaban en los chats con los diputados que el año pasado fueron a visitar a Alfredo Astiz y compañía en la cárcel de Ezeiza.
Tanto Fanego como Olea y Saint Jean llevaron la voz cantante en diciembre pasado cuando presentaron un hábeas corpus para que los pocos represores presos volvieran a sus hogares.
Una ONG surgida tras la decepción del 2×1
Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica es una ONG que se creó en 2017, meses después de que la Corte Suprema dictara el fallo del 2×1 para los represores de la dictadura. Ese intento de liberación temprana quedó trunco y ellos bastante desilusionados. Para entonces, los miembros de la asociación sostenían que el gobierno de Mauricio Macri tenía buenas intenciones pero no había pasado de procurar algunos cambios cosméticos.
En sus primeros tiempos, el grupo se dedicó fundamentalmente a presentar denuncias contra aquellos que consideraban actores claves del proceso de verdad y justicia: el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el supremo Ricardo Lorenzetti –porque entendían que impulsaba a los jueces a continuar con las causas–, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el extitular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) Jorge Auat y el fiscal Javier de Luca después de impulsar que se investiguen las torturas en Malvinas como graves violaciones a los derechos humanos.
Fanego es uno de los defensores más activos en la jurisdicción de Comodoro Py. No se priva en sus intervenciones de provocar a las víctimas de la última dictadura. En el juicio contra Adolfo Donda por la apropiación de su sobrina Victoria, les dijo «malandras» a los sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Genise, que lo secunda en la asociación civil, fue designada por Macri al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero debió dar un paso al costado cuando se conoció su intervención en las causas por crímenes de lesa humanidad.
