Los presidentes de las cámaras que integran el máximo tribunal penal del país exhortaron al gobierno de Javier Milei a que revea el ajuste en los gastos judiciales previsto en el Presupuesto 2026. Según dijeron, la consecuencia de la motosierra aplicada en ese poder del Estado no solo afectaría los salarios de los magistrados sino también “la independencia” de la Justicia.
La declaración en tono de ultimátum fue lanzada por la Junta de Presidentes de las Cámaras Federales penales, quienes a través de un comunicado denunciaron que el recorte previsto en el sector es del 8 por ciento en términos generales y del 74 en el rubro Bienes de Uso.
Si esto se aprueba, advirtieron, se vería “gravemente afectado el normal funcionamiento de los tribunales y, con ello, la independencia del Poder Judicial”. Por eso, recalcaron, «reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la independencia judicial y exhortamos a que el presupuesto del Poder Judicial sea revisado y adecuado a sus reales necesidades”.
La declaración sostiene que “asignaciones insuficientes derivan en infraestructura inadecuada, deterioro salarial y un acceso a la justicia cada vez más restringido”.
También hicieron hincapié en la necesidad de modernizar el sistema. El recorte en Bienes de Uso “impediría sostener obras, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica”, claves para ofrecer “un servicio de justicia eficiente y moderno”, enfatizaron.
