Se trata de la tercer pérdida al hilo frente a la inflación, que en el segundo semestre se recalentó. Los empleados públicos continúan siendo los más perjudicados por las políticas del Presidente y pierden 15,5% de su salario real a noviembre de 2023.
Los salarios registrados, entre privados y públicos, subieron apenas 1,8% en noviembre y perdieron fuerte frente a la inflación, que en aquel mes se ubicó en 2,5%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En lo que va del gobierno de Javier Milei, los haberes de trabajos formales pierden 6,4% del poder adquisitivo, según el cálculo de Ámbito.
La recuperación de la macroeconomía no se siente en la economía real de los argentinos. Incluso, en el último trimestre relevado (septiembre a noviembre) los salarios acumulan una caída de 1,7% real. Solo en noviembre, los haberes perdieron 0,7% de su poder adquisitivo.
En el desagregado, los salarios registrados privados subieron 2,1%, mientras que los públicos lo hicieron solo un 1,2%. En lo que va del año, los primeros tuvieron aumentos por el 25,6% y los estatales un 27,7%. Vale recordar que los públicos fueron los más perjudicados por el gobierno de Milei y desde noviembre 2023 pierden 15,5% de su poder adquisitivo.
En tanto, los privados acumulan una caída de apenas 1,25% de su poder adquisitivo a diciembre 2023. Sin embargo, la comparación con diciembre de 2017, cuando la inflación comenzó a recalentarse y se dio una sucesiva pérdida real del salario, los haberes bajaron más de 20% (20,3% exactamente).
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«El deterioro del empleo registrado no solo se intensificó sino que es generalizado», advierte Federico Pastrana, economista de CP-Consultores. Siquiera los empleados bajo convenio lograron en los últimos tres meses ganarle a la inflación.
A la par de que el salario de destruye, el Gobierno comienza a tratar en el Congreso una reforma laboral regresiva que flexibiliza el mercado de trabajo. Trae consigo una transferencia multimillonaria de recursos de la ANSES a los fondos de asistencia laboral para financiar los despidos sin causa y «dinamizar» el mercado, quita recursos a las obras sociales, prevé cambios en la organización de las vacaciones y horas extra (banco de horas, fraccionamiento), ajusta la jerarquía de convenios colectivos y redefine el concepto de salario para evitar litigios, entre otros puntos clave.
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