Los impulsores de la sesión tienen que alcanzar dos tercios del recinto, que con todos los diputados presentes implicaría un total de 172 votos (sobre 257 miembros de la Cámara baja). Las votaciones de agosto representan un antecedente directo, cuando la ley de financiamiento universitario alcanzó media sanción en el mismo recinto con 158 apoyos, 75 rechazos y 5 abstenciones (19 ausentes), mientras que el proyecto de emergencia pediátrica tuvo 159 a favor, 67 en contra y 4 abstenciones (27 ausentes). Solo la segunda propuesta llegó a los dos tercios. Si logran esa cifra, la definición quedará en manos del Senado, donde la oposición tiene una mayoría más consolidada.
El mes pasado la oposición ya consiguió revertir el veto a la emergencia en discapacidad, con 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. Sin embargo, horas después el oficialismo blindó la medida contra los aumentos a las jubilaciones con 160 apoyos, 83 rechazos y 6 abstenciones. Ese es el marco de paridad que se repetirá el miércoles 17, con la posibilidad latente de que los temas se dividan en dos sesiones; la segunda de ellas, el 24 de septiembre. Por un lado, los peronismos, el radicalismo disidente, los provincialistas opositores, los lilitos, la izquierda y los libertarios arrepentidos; por el otro, el bloque oficialista, el PRO, los radicales alineados y las provincias amigas buscarán sumar 86 voluntades. ¿Se sumarán nuevos «héroes»?
El primer gesto concreto que dio el Gobierno para sumar esos respaldos fue en una reunión en Casa Rosada. Guillermo Francos, Luis Caputo y Lisandro Catalán, flamante ministro del Interior, recibieron a tres gobernadores aliados: el mendocino Cornejo, el chaqueño Zdero y el entrerriano Frigerio. Ellos administran la voluntad de cinco diputados, a los que se pueden sumar las dos sanjuaninas que responden a Marcelo Orrego y los dos chubutenses cercanos a Ignacio Torres, que en la última semana hicieron pública su cercanía a la gestión. Torres, incluso, difundió un acuerdo de traspaso de obra pública y condonación de deuda con el ministro de Economía.
Precisamente, la presencia de Caputo en el encuentro con «los gobernadores afines» (como calificó el propio Francos) expresa la señal de respuestas económicas a las demandas provinciales. Más aún sabiendo que el ministro del Interior empezará con el pie izquierdo, al vetar el proyecto que los mismos mandatarios -los aliados y los opositores- impulsaron: promover al distribución automática del 1% de los ATN, con el criterio de la Ley de Coparticipación. Los que fueron a Casa Rosada podrían tener una garantía de primera mano a soluciones inmediatas, y ya no dependerán del jefe de Gabinete, cuya palabra se desgastó ante las dilaciones del último año y medio.
Aún así, cada vez son más los que se alejan de la estrategia oficialista. Los cinco gobernadores restantes -además de Torres- de Provincias Unidas parecen haber roto su compromiso parlamentario con Casa Rosada y ya se muestran como una alternativa electoral para crecer en influencia legislativa desde el 10 de diciembre. Los peronismos de Salta, Catamarca y Tucumán pegaron portazos que parecen irreversibles, al menos durante este año. También es creciente el malestar en la gobernación de Río Negro por el veto a los ATN. Entre todos, controlan 22 diputados. Sus posturas destrabarán la votación en la tensa paridad de Diputados.
Diputados: qué dicen los proyectos vetados
El temario del próximo 17 de septiembre incluye el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales -paralizada por su presidente, el libertario Nicolás Mayoraz– de la iniciativa para crear una comisión investigadora por las coimas en ANDIS y el proyecto de reforma de la Ley de DNU, que circunscribe los decretos a áreas específicas y determina que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificarlos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una sola de las cámaras. De todas formas, la centralidad de la agenda será el tratamiento de los proyectos vetados.
Uno de los vetos que se tratará revertir es la declaración de emergencia para la salud pediátrica por un año, impulsada por los reclamos de trabajadores del Hospital Garrahan, y la recomposición del sistema de residencias médicas. La iniciativa exige fondos para «la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo», «la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud» y la derogación de la resolución del 2109/25 con la que el Ministerio de Salud modificó el sistema de residencias. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la inversión anualizada de esa erogación alcanzaría los $133.433 millones.
Por otro lado se encuentra el veto al proyecto impulsado por rectores: Ley de Financiamiento Universitario. Su redacción apunta a la reapertura de paritarias (paralizadas desde octubre del año pasado); fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. Según la OPC, el impacto presupuestario del proyecto de ley para este año sería de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI.
Por este último veto, autoridades académicas anunciaron una movilización que coincidirá con el día de la sesión. «La situación que se repite es que las universidades de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta. La falta de una ley genera un vacío normativo, por el cual las universidades desconocen su presupuesto anual», planteó Ricardo Gelpi, rector de la UBA, en conferencia de prensa. Además, trabajadores universitarios y de la salud confluirán en un paro el 12 de septiembre, en reclamo contra los vetos.
