Los integrantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador marcharon el 25 de marzo para pedir ante el Parlamento un juicio político contra la ministra de Educación, María Brown, y para exigir a la Corte Constitucional dar paso al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
«Hay una crisis que atraviesa el sistema educativo producto de un Gobierno que prioriza el pago de la deuda externa en detrimento de la educación. Es menester señalar que la problemática educativa es también un reflejo del régimen corrupto y de su vinculación con las mafias del narcotráfico«, aseveró Isabel Vargas, líder de la UNE.
En su discurso a la entrada del órgano parlamentario, Vargas aludió a las acusaciones que enfrenta el mandatario ecuatoriano y por el cual podría ser llevado a juicio político, al señalar que es difícil pensar que un Gobierno que privilegia sus relaciones con la narcopolítica atienda a la escuela pública en todas sus necesidades.
La dirigente gremial dijo que el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es inconstitucional y violenta los derechos del magisterio, estudiantes y la comunidad educativa.
En un comunicado, el gremio señala que dicho reglamento es en la práctica una reforma a la ley alcanzada luego de 11 años de movilizaciones y dos huelgas de hambre.
La UNE señala que el reglamento a la ley en cuestión genera sobrecarga laboral y administrativa a los docentes e instituciones con las denominadas actividades de acompañamiento y también promueve la privatización de la educación pública.
El comunicado oficial del gremio señala que ese reglamento establece exigencias al margen de la ley para el ascenso y recategorización automática de los docentes, según lo establece la ley, y discrimina la equiparación salarial para más de 11.000 profesores.
Según las estadísticas de la UNE, más de 195.000 niñas, niños y adolescentes no han podido retornar a las aulas tras la pandemia del COVID-19 y el Ministerio de Educación no cumple con el plan de reinserción, por lo que los menores están siendo cooptados por las mafias delincuenciales.
El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, recibió el documento presentado por los educadores. Posteriormente, los manifestantes marcharon hasta la sede de la Corte Constitucional, que deberá evaluar en los próximos días la admisibilidad del pedido de enjuiciamiento contra el presidente Lasso, a fin de exigirle actuar apegada al derecho.
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/ Imagen principal: © Foto : Unión Nacional de Educadores del Ecuador Chimborazo
