En el texto, los jueces advirtieron que “el accionar de la mentada autoridad ministerial se ha convertido en una práctica del Poder Ejecutivo Nacional, tendiente a aleccionar y condicionar la labor de la magistratura a propósito del contenido de sus sentencias».
A su vez, apuntaron que la presentación de la cartera dirigida por Patricia Bullrich representa un menosprecio a la «independencia judicial» y la «autonomía porteña». En esta línea agregaron que «no puede soslayarse que el acierto o desacierto de una decisión judicial solo debe ser ponderado en una instancia revisora a través de los mecanismos procesales disponibles en el marco del trámite judicial correspondiente».
De esta manera, en el texto dirigido a Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura, pidieron que se rechace la denuncia «de modo urgente».
En el mismo sentido que los jueces porteños se manifestaron la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el Capitulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), otras asociaciones de magistrados.
El Gobierno denunció al juez Gallardo por «mal desempeño»
En la presentación judicial hecha este lunes, el Gobierno acusó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones». Desde la cartera de Seguridad apuntaron que la decisión del magistrado vulnera la división de poderes, desobedece fallos anteriores y responde a motivaciones ideológicas antes que jurídicas.
El fallo aceptó una acción de amparo presentada por la CGT, la UTEP y la UEJN (sindicato de judiciales) e impidió la intervención de fuerzas federales en la manifestación de jubilados prevista para el 9 de abril en las inmediaciones del Congreso. Según dispuso la Justicia, en cambio, el operativo debe quedar a cargo de la policía porteña.
Sin embargo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también apeló al falló que inhabilitó al intervención de las fuerzas federales y solicitó que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para el tratamiento ante la inminencia de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
El juez Gallardo ordenó a la Ciudad coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización “dejando sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
