El Tribunal Oral Federal 8 porteño condenó ayer a seis miembros de una asociación ilícita conformada por espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y empresarios, con ramificaciones en la prensa y el poder judicial, por extorsionar, violar leyes de inteligencia y lavar activos ilícitos entre 2016 y 2019. La cara visible de esa banda era Marcelo D’Alessio, sobrino del ex escribano general del gobierno de Mauricio Macri, quien recibió una pena de trece años y medio de prisión. El falso abogado que por entonces invocaba su rol del colaborador del fiscal federal Carlos Stornelli para exigir dinero a cambio de evitar detenciones, se paseaba como “experto” por los programas de TV al servicio de la AFI y publicaba columnas en Clarín e Infobae, ya estaba preso por una condena anterior, más leve, por tentativa de extorsión.
La causa que derivó ayer en condenas se inició en enero de 2019, cuando el empresario agropecuario Pedro Etchebest denunció que D’Alessio le pidió 300.000 dólares si no quería quedar involucrado en la famosa “causa de los cuadernos” que gestionaban Stornelli y el entonces juez Claudio Bonadío. Luego de resguardar audios, capturas de pantalla y filmaciones, se presentó en el Juzgado Federal de Dolores, la jurisdicción en donde había sido testigo directo de un encuentro entre D’Alessio y el fiscal, en un bar de Pinamar. La difusión detallada de aquella extorsión, sumada a su relación con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y con operadores judiciales de distintos medios, puso a la defensiva al gobierno de Macri, que intentó por todas las vías desacreditar la denuncia y la instrucción de la causa, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Elisa Carrió no dudó en denunciar una confabulación kirchnerista y vincular al juez con La Cámpora, que según la entonces diputada “estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli”.
Luego de un juicio oral que duró casi dos años, en el que declararon más de cien testigos, los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y Gabriela López Iñiguez consideraron probada la existencia de la asociación ilícita responsable de extorsiones, espionaje y amenazas. A D’Alessio lo condenaron por los delitos de asociación ilícita en concurso real con violación a la Ley de Inteligencia, lavado de activos, extorsión, intento de extorsión en cuatro episodios, coacción y tenencia ilegal de armas.
Las penas que le siguieron fueron para dos espías de la AFI macrista: el ex comisario Ricardo Oscar Bogoliuk, sentenciado a nueve años y medio de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo; y Rolando Hugo Barreiro, a seis años de prisión e inhabilitación por doce. Los empresarios y financistas Patricio González Carthy de Gorriti, Pablo Leonardo Bloise y Aldo Eduardo Sánchez, que fueron quienes planificaron operaciones internacionales de lavado de dinero por varios millones de dólares y euros, fueron condenados a tres años de prisión en suspenso y deberán fijar domicilio y someterse a controles regulares. El tribunal absolvió a los policías Norberto Aníbal Degastaldi, Franco Leandro Pini y Mariano Rubén Díaz.
El fiscal Stornelli, procesado en su momento por Ramos Padilla por asociación ilícita y extorsión, no llegó a juicio gracias a los oficios de sus colegas de Comodoro Py: la Cámara de Casación llevó la causa a ese ámbito, donde el juez Julián Ercolini le ofrendó primero una falta de mérito y más tarde un sobreseimiento.
El fiscal Marcelo Colombo, que había pedido 15
años de prisión para D’Alessio, detalló en su alegato que las extorsiones se
realizaban bajo la modalidad del “escrache” periodístico, con la información
que el falso abogado filtraba a operadores macristas en los medios e incluso
difundía por sí mismo frente a cámara, presentado como “experto” en narcotráfico
y terrorismo, mezclado entre los distintos panelistas de un programa político de un canal de la TV abierta.
