La postergadísima elección del Defensor del Pueblo de la Nación, cuyo proceso de preselección pasó inadvertido para los radares mediáticos, tendrá una definición importante cuando este miércoles la Comisión Bicameral Permanente defina la terna que enviará luego a Diputados y al Senado. Así, con el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada Cámara, será electo el funcionario para un cargo que está acéfalo desde el 6 de abril de 2009, cuando renunció Eduardo Mondino. «El Defensor del Pueblo está obligado defender los derechos constitucionales y convencionales que forman parte de la Constitución Nacional de los ciudadanos, tanto a nivel individual como de manera colectiva», dijo a Página12 Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y postulante a Defensora junto a otros 39 candidatos.
La Defensoría del Pueblo de la Nación es una institución que actúa con plena independencia y autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. En su sitio institucional, la Defensoría dice sobre sí misma: «No es un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es una Institución de la República. No es una figura cosmética o estética sino una figura seria y objetiva; no se arroga la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos de control existentes, sino que los complementa, y su perfil es el de colaborador crítico de la administración no su contradictor efectista».
A modo de ejemplo sobre las atribuciones del Defensor del Pueblo, Katz explicó que funciona como instancia de mediación, y ahora más aún con la Ley Bases, tiene la facultad de participar de audiencias de usuarios y consumidores. «El Defensor está obligado a iniciar acciones legales contra el Estado, según lo que establece el artículo 43 de la Constitución, en defensa de la comunidad entendida como la sociedad, por ejemplo si son vulnerados los derechos de las personas con discapacidad, es una herramienta concreta por ejemplo para presentar un amparo y que se haga efectiva la ley de emergencia», indicó. En abril de 2023 las comunidades Kolla de los Naranjos, Río Blanquito de la Cruz, San Andres y El Angosto pidieron sin éxito ser recibidos por el entonces presidente Alberto Fernández para que se corrijan «errores» en la titularización de las tierras. Tras la negativa, se encadenaron a las rejas de la Casa Rosada para ser atendidos. Hasta allí fue una delegación de la Defensoría de la Nación que logró encausar el reclamo.
Entre los 39 postulantes se encuentra Alejandro Amor, presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires, secretario general del sindicato de empleados del estado de CABA y ex Defensor del Pueblo en CABA; el ex juez Luis Arias, destituido como titular del juzgado contencioso administrativo 1 de La Plata; el poeta y abogado Julián Axat; la ex funcionaria del PRO Paula Bertol; el ex secretario de Previsión Social Luis Bulit Goñi; el ex diputado Remo Carlotto; el ex Fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido; la mencionada Katz; la ex legisladora María José Lubertino; el docente de la UNPAZ Sebastián Rey; el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y pro-secretario de la CPM Guillermo Torremare y el doctor en ciencias jurídicas por la UNLP Fabián Salvioli, entre otros y otras.
