La Casa Rosada profundiza sus maniobras para bloquear a cualquier precio el funcionamiento de la comisión investigadora del caso $LIBRA, para que los diputados no avancen en la búsqueda de responsabilidades de la mega estafa internacional con la cripto moneda que involucra al presidente Javier Milei y su entorno más íntimo. El presidente de la Cámara baja, el libertario riojano Martín Menem, fue el encargado de urdirlas junto a las bancadas colaboracionistas del PRO, la UCR, el MID y partidos provinciales con rupturas de bloques y conformación de interbloques para ganar más sillas en la comisión, que de esa manera quedaría empatada –entre quienes quieren avanzar en la pesquisa y los que quieren obstruirla– para empantanar el debate y fundamentalmente cualquier conclusión. Su conformación –en medio de múltiples críticas a Menem que formalizaron los radicales díscolos de DpS– está prevista para el miércoles próximo, donde se abrirá una discusión que promete ser de alto voltaje político e institucional.
Menem presentó el viernes pasado la conformación “oficial” de los 28 integrantes de la comisión (14 por bando), que seguramente será cuestionada y cuya definición está en ciernes. El objetivo inicial del riojano era quedarse con la mayoría –entre propios y colaboracionistas— para manejar los hilos de la comisión.
Como su integración está asociada a la cantidad de miembros de cada bloque con un piso de 5 diputados (cuyos cálculos con la conformación de la Cámara otorgaban una paridad incierta), las maniobras impulsadas por Menem incluyeron la rápida conformación de diversos interbloques con y entre aliados para sumar sillas propias a la comisión: entre LLA y CREO que le suma un miembro más a los libertarios; entre el PRO y el MID suma otra silla más (aunque ayer dos diputados que responden a Patricia Bullrich — Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini– y que aportan a la representación que convalidó Menem en la comisión, desertaron del bloque macrista); y la ruptura de los radicales con peluca del bloque oficial de la UCR que de esa manera tendrá cuatro sillas y no las tres que le correspondían originalmente. Además de desconocer la representación del FIT, que pasaba de 5 a 4 diputados tras la renuncia de Mónica Schlotthauer para que la reemplace Vilma Rippol (que recién juró ayer).
Los cálculos entonces le aseguran a los libertarios y sus socios una mayoría en la comisión. Pero un inesperado y rápido acuerdo entre el FIT y UxP, le pagó a Menem con la misma moneda: formaron un interbloque con dos diputadas peronistas y tendrán dos sillas en la comisión. Las cuentas volvieron a quedar empatadas.
Aunque los radicales díscolos de Democracia para Siempre salieron al cruce del “proceso fraudulento para modificar la conformación de la comisión investigadora” y reclaman la integración que hubiese correspondido de acuerdo a la representación parlamentaria al momento que se votó el proyecto de creación de la comisión: con 24 miembros. Que de acuerdo a las posturas adoptadas por los diferentes bloques también otorgaban paridad de fuerzas donde los integrantes de Innovación Federal –la salteña Yolanda Vega y el rionegrino Agustín Domingo— podrían inclinar el fiel de la balanza, aunque no siempre votan en el mismo sentido.
Además de calificar de “bancada encubridora” a sus ex correligionarios del bloque oficial de la UCR que preside Rodrigo de Loredo, el comunicado oficial de DpS sostiene que “de nuestra parte hemos optado por recorrer el camino de la legalidad y la buena fe, pero sin convalidar estas maniobras del oficialismo que deben ser censuradas y repudiadas, además de invalidadas jurídicamente”.
Incluso, sobre este último punto invocan el antecedente jurídico que estableció la Corte Suprema de Justicia, cuando desconoció el desdoblamiento del bloque de senadores de Unión por la Patria para reclamar un asiento más en el Consejo de la Magistratura y que los radicales díscolos asociaron como la “misma maniobra defraudadora” que las ahora utilizadas por Menem en Diputados.
La citación para la integración de la Comisión Investigadora está fijada para el miércoles 23 de abril a las 10, un día después de la interpelación sobre el criptogate al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que ayer se negó a responder las preguntas sobre el tema en su informe de gestión de Gobierno ante la Cámara de Diputados con el argumento que recién las brindaría el próximo martes.
