Mientras la jubilación mínima no alcanza para llenar la heladera, el Gobierno decide a quién aliviar y a quién ajustar. La reciente baja de retenciones al agro anunciada por Javier Milei representa un guiño fiscal a los sectores más concentrados, que contrasta de lleno con el veto al aumento del bono para jubilados. No es un detalle: según estimaciones del economista Hernán Letcher, el costo fiscal de esa rebaja equivale al 70% del bono que el oficialismo decidió no pagar. Más de 2 billones de pesos que podrían haber reforzado los ingresos de quienes viven con lo justo, terminarán beneficiando a los grandes jugadores del agronegocio.
El contraste es brutal. Mientras miles de jubilados reclaman mejoras para llegar a fin de mes, el Gobierno oficializó este lunes el veto a la ley que preveía un aumento del 7,2% en las jubilaciones, la suba del bono previsional de $70.000 a $110.000, la reactivación de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad.
La ley había sido votada con amplia mayoría en el Congreso y no era una medida sin respaldo fiscal. Según el economista Hernán Letcher, el proyecto incluía fuentes de financiamiento: reasignación de partidas de la Secretaría de Inteligencia, uso de fondos anticíclicos disponibles y cambios impositivos que afectarían a sectores concentrados, como la eliminación de exenciones para directores de Sociedades Anónimas.
Pero el Gobierno decidió otra cosa. “Fuerte con los débiles, débil con los fuertes”, sintetizó Letcher. Mientras Milei alega que “no hay plata” para los jubilados, sí la hay para reducir impuestos al sector agroexportador. Y esa rebaja, advierte, beneficia sobre todo a los dueños de la tierra, no a los productores, que alquilan en su mayoría las hectáreas que trabajan.
Los números hablan por sí solos. La baja de retenciones anunciada por el Ejecutivo tiene un costo fiscal de 1.552 millones de dólares, lo que equivale a 2,12 billones de pesos al tipo de cambio mayorista actual ($1.364). Esa cifra representa casi el 70% del costo anual del aumento del bono previsional, estimado en $3,13 billones por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Pese a lo que sostiene la Oficina del Presidente, la ley vetada sí contemplaba financiamiento concreto:
- Eliminación de la exención del IVA para directores de S.A. (mayor recaudación, 0,2% del PBI).
- Reasignación de $32.616 millones del presupuesto de Inteligencia.
- Reducción del presupuesto de deuda tras cambios en el esquema de sobrecargos del FMI.
- Utilización del fondo anticíclico (más de $2,5 billones disponibles).
La ley también establecía que el bono se actualizara por inflación, para evitar su licuación futura. Todo fue vetado.
Una rebaja que no llega al que trabaja la tierra
La postal rural muchas veces engaña. Detrás del discurso del «campo beneficiado», la mayoría de los que siembran no son dueños de la tierra: en provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, 7 de cada 10 productores alquilan. Y esos alquileres suben cuando sube el precio de la soja, que a su vez reacciona a la baja de retenciones. El resultado: más ganancia para los dueños de los campos, no para quienes los trabajan.
Los números lo demuestran: cerraron mil tambos en el último año, cayó el stock ganadero y los pequeños y medianos productores siguen desapareciendo. La rebaja fiscal no los rescata. Apenas reafirma una matriz desigual que premia la renta y castiga la producción.
Decidir a quién se le quita y a quién se le da
En Balcarce 50 aseguran que tienen los votos para sostener los vetos. En los palcos de la Rural, los que aplauden no son los peones ni los pequeños chacareros: son los dueños de la tierra, los que siguen ganando incluso cuando la patria se achica.
