El Gobierno de Javier Milei le dio el sablazo final a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH). Según anunció el vocero Manuel Adorni, será degradada a subsecretaría, lo que impactará negativamente en las temáticas que abordaba. El cuerpo de delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) está reunido tras el anuncio para definir los pasos a seguir.
La SDH tiene su sede principal en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Desde principios de año, la gestión libertaria incorporó un nuevo elemento al paisaje: la presencia de personal de la Policía Federal Argentina (PFA) controlando los ingresos.
En marzo, el secretario Alberto Baños dispuso que los directores debían controlar que no ingresara el personal señalado como “revoltoso”. Después avanzó contra algunos directores que aún no habían sido alcanzados por la motosierra.
El 25 de marzo, un día después de la marcha por los 49 años del golpe, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, hizo un balance de lo que fueron los meses de destrucción en el área. “Desde que asumimos, despedimos a 405 empleados militantes de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa el 44 por ciento del personal recibido. También eliminamos el 39 por ciento de los cargos jerárquicos”, se jactó.
El decreto de degradación de la SDH en subsecretaría aún no se conoce. Según adelantó Adorni, implicará una reducción del 40 por ciento de la estructura y del 30 por ciento del personal.
La SDH existe como tal desde 2002. Con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, asumió un protagonismo fundamental a la hora de apuntalar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia –que son reconocidas en el mundo.
Se esperan otras modificaciones. Circula desde ayer un proyecto de decreto que pretende hacer cambios sobre el museo que funciona en lo que fue el casino de oficiales, donde hubo aproximadamente 5000 personas secuestradas durante los años del terrorismo de Estado, y sobre el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), donde está resguardado el fondo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
El gobierno pretende que ambas instituciones pasen a depender del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), creado por un acuerdo entre el Estado argentino y la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El CIPDH está actualmente acéfalo. Suena para hacerse cargo del organismo la abogada y periodista Ana Belén Marmora, militante antiderechos que festejó el domingo que les fuera mal a las “listas aborteras”.
La idea de pasar el museo –que tiene previsto un acto para mañana para recordar los diez años de su creación– y el ANM a la órbita del CIPDH salió del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. “Con la muletilla de sobredimensión y superposición de facultades, quieren devaluar, de mínima, y en realidad destruir como máximo objetivo, las estructuras que fortalecieron y constituyeron, ejemplo en el mundo, de institucionalidad democrática, en materia de Memoria, Verdad y Justicia. No es lo mismo un centro de difusión y promoción de Derechos Humanos que un Organismo que tiene una tarea específica de recopilar información, sistematizar e investigar como el Archivo o custodiar y exponer a la sociedad un patrimonio histórico, como el Museo. Está claro: quieren negar y suprimir la Memoria. Esa es la verdadera razón”, advirtió en un comunicado Delfor “Pocho” Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja.
