Con múltiples dictámenes, los bloques de diputados opositores no lograron unificar propuestas en el plenario de comisiones de Seguridad y Previsión Social, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja y se abrió una negociación para tratar de acordar y llevar al recinto un proyecto para aumentar un 7,2 por ciento las jubilaciones y el bono que cobran quienes perciben el haber mínimo. Más compleja aún aparece la posibilidad de extender la moratoria previsional por dos años, como plantearon por separado Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, mientras que Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, UCR, Innovación Federal e incluso una parte del PRO (no bullrichista) plantean eliminar el requisito de los 30 años y crear una prestación proporcional.
El acuerdo que plasmaron en el recinto los bloques opositores para emplazar a las comisiones para debatir los temas previsionales que el oficialismo y sus aliados habían bloqueado, no se volvió a replicar ayer en el plenario de la Cámara baja. No hubo acuerdos previos y cada bloque trató de hacer prevalecer sus propias propuestas, que luego se reflejó en 11 diferentes dictámenes para abordar dos ejes centrales: la continuidad de la moratoria previsional o una alternativa que la reemplace y un aumento en los haberes de jubilaciones y pensiones.
Sin duda, una de las razones que impidió que se realizaran acuerdos haya sido la inminencia de las elecciones porteñas. No debería, pero estos hechos políticos favorece que predomine el egoísmo y nadie quiera compartir un posible éxito que reditúe un posible incremento de votos.
Aumento de haberes
Donde se logró mayores avances fue en tratar un aumento en los haberes que impulsó UxP. La mayoría de estos bloques –con excepción de la CC y la izquierda– solo pudieron consensuar el aumento de las jubilaciones del 7,2 por ciento, que el bono se incremente con la base del Índice al Consumidor y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas. Pero aun no acordaron en qué valor se establecerá el bono que perciben quienes cobran la jubilación mínima, ya que algunos quieren elevarlo de los actuales y congelados 70 mil a 100 mil pesos y otros proponen llevarlo a 115 mil pesos.
Las diferencias sustanciales se plantearon alrededor de la continuidad de la moratoria previsional. Allí, UxP y el FIT proponen (con dictámenes diferentes) extender por dos años la moratoria que venció el pasado 23 de marzo. Un opción que no comparten Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, UCR e Innovación Federal, que impulsan eliminar el requisito de los 30 años de aporte para acceder a la jubilación y la creación de una prestación jubilatoria proporcional de acuerdo a los años aportados al sistema.
Al iniciar el debate, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot sostuvo que la «solución es bien puntual: eliminar ese requisito del 30 años de mínimo aporte y que cada año valga, con un piso que sea la PUAM». Por otra parte indicó que «eso también trae justicia para un sector de una clase media que en algún momento en el pasado ha podido trabajar formalmente y que después ha sido empujados, como muchos argentinos, a la informalidad», añadió.
En tanto, desde UxP, Julia Strada destacó la presentación de un «dictamen para una prórroga de la moratoria previsional que tiene un costo del 0,08% del PBI por año».
«Lo que proponemos es perfectamente financiable de acuerdo a los números del superávit financiero publicado por economía», argumentó.
Aunque el de UxP es el dictamen de mayoría, la extensión de la moratoria no prosperaría en el recinto frente a la resistencia de otros bloques. Así como tampoco el dictamen de LLA, el PRO bullrichista, el MID y otros que propone crear una comisión para llevar adelante una reforma previsional.
Por eso se abrió la posibilidad de consensuar los distintos dictámenes que permitan volver a unificar el abanico opositor para vencer la resistencia del oficialismo y sus aliados en el recinto, en una negociación contrarreloj: la intención es convocar a una sesión el próximo martes, que también incluiría la emergencia en Discapacidad.
El oficialismo se opone a todas estas iniciativas y siente que lo favorece la multiplicidad de dictámenes que aleja, al menos por ahora, la posibilidad de que haya coincidencias y unidad de criterio. Su rechazo se centra fundamentalmente en el cuidado del déficit fiscal y considera que cualquier modificación impactará en ese eje central del modelo libertario.
En la previa al comienzo de la comisión, la Oficina de Presupuesto emitió un informe en el que señaló que el impacto fiscal de la moratoria será en dos años de 1600 millones de pesos (0,165 % del PBI), mientras que para el bono, si se aumenta de 70 mil a 105 mil pesos, el impacto fiscal anual será de casi dos millones, y si si eleva a 115 mil pesos de 2.500 millones de pesos.
