El día 16 de este mes se cumplieron 26 años de la detención de Pinochet en Londres, un parteaguas en la evolución de la jurisdicción universal, con marchas y contramarchas. Estas últimas, tienen lugar cada vez que se afecta a los más poderosos (EE.UU, China, Israel, Rusia, entre otros) o a quienes controlan el poder, es decir, a las grandes corporaciones que destrozan el medio ambiente o extraen recursos naturales a través del trabajo esclavo o el crimen organizado (minería ilegal, asesinatos de líderes ambientalistas, líderes de pueblos originarios, etc.) No hay que olvidar que la jurisdicción universal ha servido para poner sobre la mesa las deudas que nuestras democracias tienen con los derechos humanos y el combate a la impunidad, así como para llamar la atención sobre los riesgos que la desmemoria (disfrazada) y el negacionismo, producen en la sociedad.
La reciente visita de legisladores argentinos a genocidas condenados por crímenes atroces, no puede pasarse por alto. Tampoco la liviandad o el desconocimiento que han exhibido frente a este hecho muchos legisladores y dirigentes. Ningún legislador puede alegar desconocimiento sobre los crímenes o sobre las personas que fueron condenadas, sin reconocer, en ese acto mismo, que no reúne las condiciones mínimas para el cargo. La memoria es la base de idoneidad de todo servidor público.
Esos legisladores y quienes auspician, desde las más altas esferas del Estado, deberían reflexionar y acordarse de las victimas que aún siguen buscando los desaparecidos o exigiendo justicia. Tendrían que reunirse con ellos, escuchar sus historias, sentir su dolor y quizás entonces, comprenderían la dimensión de su error.
La búsqueda de la verdad y de la identidad han sido y son un estandarte en la Argentina. No suponen patrimonio de ningún partido: de allí su importancia y perdurabilidad. La justicia argentina ha dado muestras y lo sigue haciendo, de que la impunidad se puede vencer y que esta horadó lo más profundo de las entrañas del pueblo argentino. Resucitar las teorías de los dos demonios o afirmar que los asesinados o desaparecidos eran terroristas o “que algo habrían hecho,” es una revictimización tan grave como los propios crímenes contra la humanidad cometidos por aquellos e incluso más peligrosa, porque ahora no se pueden excusar en que no sabían o no conocían lo que estaba sucediendo.
Lo primero, las víctimas
En Chile, Guzmán Tapia, el juez que procesó a Pinochet luego de que éste llegara a Santiago de Chile fingiendo una enfermedad que no padecía para evitar ser juzgado en Londres (subió en camilla en Londres, bajó caminando del avión en Santiago), propuso que los crímenes del pinochetismo fueran vistos como de realización “permanente“, secuestro permanente, con lo cual nunca operará su prescripción. Tapia luchó con coraje para que los crímenes del régimen pinochetista no se olvidaran. Pero todavía queda un largo camino por recorrer en Chile.
En España, la extrema derecha intenta degradar la Ley de Memoria Democrática de 2022 que tanto ha costado conseguir y que consagra el derecho de las víctimas a la investigación de los hechos cometidos, sin que pueda oponérsele la prescripción. Hay que señalar que el principal partido ultraderechista, Vox, es un aliado de Milei y Bolsonaro, amigo del ex juez Moro, que en lugar de actuar con imparcialidad se dedicó a perseguir opositores a Bolsonaro, de quien terminó siendo ministro de Justicia, luego de encarcelar sin pruebas a Lula.
Primero es necesario fijar los hechos y sus circunstancias, lo demás vendrá después. La justicia tiene un rol imprescindible que jugar en estos procesos. Es un gravísimo error afirmar, como hace el filósofo e historiador Tzvetan Todorov, que el juicio a los crímenes de los dictadores debe dejarse a los historiadores no a los jueces, porque esto es confundir la memoria con la impunidad y favorecer la deformación de la propia historia. No se trata de juzgar la historia o desfigurarla, sino de que los culpables rindan cuentas ante la justicia y que las victimas sean resarcidas, al menos, con el conocimiento y fijación de los hechos ante un juez. Es evidente que este académico no ha ejercido como magistrado ni ha estado frente a una víctima que solicita justicia.
Desmemoria y ultraderecha
Todas las leyes contra la impunidad, constituyen un avance necesario en la consolidación de la lucha por los derechos humanos y las libertades públicas y por ende de la democracia, en la que la memoria es, asímismo, un elemento esencial. Por tanto, este combate no se puede abandonar, ya que lo contrario sería tanto como dejar el campo abierto al avance, de nuevo, del fascismo en las diferentes formas en las que ahora se expande.
Hoy vemos que muchos dirigentes, en España o en Argentina (donde el Ministerio de Justicia y Derechos humanos pasó a llamarse Ministerio de Justicia, a secas, ya sin “derechos humanos“), buscan reivindicar, en foros conservadores, políticas que creíamos desterradas. Crecen en Europa la xenofobia y el culto a la extrema derecha, a la par que se denuestan los derechos humanos, calificados como un “negocio “, un “curro”, o una “ideología extrema”. Crecen a la vez los campos de concentración y las deportaciones masivas. Las garantías básicas parecen una quimera.
Pero en realidad, como decía Eduardo Duhalde (el Bueno) los derechos humanos son un piso sin el cual no puede funcionar bien una democracia. La desmemoria y el avance de las ideologías extremistas de derecha no suceden juntas a la vez por accidente. Se necesitan y retroalimentan para crecer a la vez. Y uno de los ingredientes imprescindibles es el olvido, que permite redefinir la historia, modularla y construir una apariencia de libertades que solo existen para aquellos que someten al pueblo a la perdida de derechos consolidados, los que nos conforman como sociedad.
Los ataques a las víctimas, la edulcoración de los victimarios, la eliminación de las garantías sociales, de la educación pública son elementos de ese “nuevo mundo” que sencillamente es el que ya se puso en práctica con nefastas consecuencias y un dolor inabarcable.
Consolidar la impunidad
Amigos y amigas, allí donde la memoria ejerce como resguardo reflexivo, el extremismo difícilmente se producirá. No crece. No tiene lugar. Pero si los legisladores visitan a los genocidas, reivindicando su “martirio “, cuando están cumpliendo su pena por haber cometido crímenes gravísimos, se envía a las nuevas generaciones, desde el Congreso, un mensaje tan equivocado como peligroso: los criminales contra la humanidad no son presos políticos.
No olviden que fueron condenados en procesos ordinarios por crímenes atroces, con todas las garantías, las mismas que ellos negaron a sus víctimas, que la sociedad no debe omitir esos crímenes atroces y a quienes los cometieron. Mantener la memoria de lo sucedido, es la única forma de que tales hechos terribles no se vuelvan a repetir.
No son, como en Alemania no fueron tampoco, viejitos simpáticos, sino militares y civíles que secuestraron, torturaron, robaron bebes, a los que mantienen, aún hoy, secuestrados con una identidad falsa.
La historia solo será “completa”, como le gusta decir a Todorov, cuando todos los que aún están secuestrados con un nombre que no es real, recuperen su historia verdadera, que hoy, tanto tiempo después, todavía no conocen. Esta cita sobre Todorov viene a cuento porque visitó la ESMA y luego publicó una nota sin dimensionar la gravedad del terrorismo de Estado argentino, lo cual repitió un año más tarde, en el Museo de la Memoria chileno, donde no dijo tampoco una sola palabra sobre los crímenes del pinochetismo, pero si cuestiono con insistencia los “excesos de la memoria” de las víctimas.
Con tales argumentos, se les está negando el acceso a la verdad y a su identidad “completa”. Se trata, como decía Guzmán Tapia, de delitos de acción permanente. Estos chicos y chicas, adultos jóvenes, con una identidad robada no son el “pasado“. Están vivos en estos momentos. Y no saben al día de hoy cómo se llaman. El deber de la sociedad, como bien hacen las Abuelas de Plaza de Mayo, que merecerían el Premio Nobel de la Paz, es encontrar a los nietos que todavía faltan, no reivindicar su secuestro, esto es: no ensalzar los crímenes de la dictadura. Los nietos y nietas robados no han recuperado su identidad y por ello no tienen su historia ni su vida completas. Quienes defienden lo contrario no buscan una memoria “mejor”, simplemente quieren consolidar la impunidad.
