Tras la feroz derrota en el Senado, el gobierno sale a la caza de los gobernadores dialoguistas para blindar el eventual veto presidencial al aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Mientras Milei y Caputo encabezan una ofensiva que busca transferir la responsabilidad de cualquier cimbronazo económico a los mandatarios provinciales, Guillermo Francos intenta recomponer los puentes dinamitados. “No todos los gobernadores son lo mismo”, dijo el jefe de Gabinete horas después de la sesión. El gobierno buscará incidir sobre los gobernadores del extinguido Juntos por el Cambio que se desmarcaron del aumento a los jubilados. La estrategia electoral de Karina Milei complica los planes del Ejecutivo.
El gobierno de Javier Milei no reconoce las derrotas. No las admite. El Presidente convierte cada tropiezo en un “principio de revelación”, una oportunidad para exponer, según su lógica, a los verdaderos responsables de que las cosas no marchen “acorde al plan”. La narrativa oficialista se empezó a tejer el día después del fracaso del último intento por contener a los gobernadores: una foto en Tucumán y una conversación mano a mano con el Presidente. La promesa llegó tras semanas de ninguneo. En la última reunión con los ministros de Economía provinciales en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se presentó sin respuestas. El gobierno tensó la cuerda al máximo. Los gobernadores le hicieron saber a Guillermo Francos que su respuesta llegaría “en el Senado”. Entonces, Milei suspendió su viaje a Tucumán y los acusó de querer “destruir al gobierno nacional”. La operación se completó con una advertencia que Luis Caputo deslizó en un presunto off con Alejandro Fantino en el que que auguraba un desastre económico si los gobernadores atentaban contra el superávit fiscal.
El gobierno confía en que puede recuperar el “tercio de hierro”: los 87 diputados que en junio pasado blindaron los vetos presidenciales al financiamiento universitario y a las mejoras en las jubilaciones. Pero para que eso ocurra, primero necesita acortar distancias con los gobernadores. “Hasta ahora, los gobernadores no nos piden nada”, reconoció a este diario un secretario parlamentario de la Cámara Baja. Por ahora, las gestiones están frías. La Casa Rosada no convocó formalmente a ningún mandatario, pero comenzó una desescalada al menos en términos discursivos. Ayer, Guillermo Francos intentó bajar el tono del conflicto: “No está todo roto, creo que hay posibilidad de conversar; de hecho, conversamos permanentemente con los gobernadores y con algunos vamos a tener acuerdos electorales”, dijo en declaraciones radiales. “No todos los gobernadores son lo mismo”, agregó el jefe de Gabinete, en un intento por matizar las declaraciones incendiarias del presidente Milei.
La mala praxis del gobierno cansó incluso a sus propios aliados. Se combinan dos factores: los libertarios no cumplen sus promesas y, encima, buscan disputarles el territorio. El caso de Corrientes expone con crudeza el problema. La Libertad Avanza desistió de sellar una alianza electoral con el gobernador radical Gustavo Valdés. La lógica que se impone es la que baja Karina Milei: armar listas propias en todos los distritos. Esa estrategia choca con la visión del otro vértice del triángulo de hierro Santiago Caputo. El asesor, cada vez más al margen de la estrategia electoral, considera que el gobierno debería aliarse con los mandatarios afines, porque en una elección de medio término lo que se necesita es sumar volumen propio —o prestado— en el Congreso, donde ya quedó en evidencia el costo de la fragilidad parlamentaria. El caso testigo es Chaco: allí los libertarios sellaron un acuerdo con el gobernador Leandro Zdero. No aportaron votos, pero a cambio sumaron un respaldo institucional. Zdero instruyó a sus senadores para no acompañar el aumento a los jubilados ni la emergencia en discapacidad. En cambio, los tres senadores correntinos, que responden a Valdés —y que enfrentará a los libertarios en las elecciones del 31 de agosto— votaron en contra de los intereses del gobierno.
En Tucumán el calendario electoral también juega. El gobernador Jaldo, primer peronista en probarse el traje violeta, busca la unidad con sectores más combativos con las políticas de Javier Milei. Las encuestas que miran en la casa de gobierno provincial le dan buena imagen, pero poca intención de voto. “Votar medidas extremas de Milei le restará mucho para octubre”, aseguran en el entorno del gobernador por eso la orden que le dará al bloque Independencia, escindido de Unión por la Patria es que resistan el veto.
A mano alzada, la cuenta que hace el gobierno para blindar los vetos en Diputados incluye al PRO, el MID, los “radicales con peluca” y el sostenimiento de los vínculos con algunos gobernadores aliados, como Alfredo Cornejo de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, Hugo Passalaqua de Misiones, Leandro Zdero de Chaco e Ignacio Torres de Chubut, que ya dieron muestras de colaboración en el Senado. Lejos de tomarse vacaciones de invierno, Guillermo Francos —a cargo de extender los puentes— comenzará a reunirse de forma individual con los gobernadores, escuchar sus necesidades y evaluar qué puede prometer a cambio.
Una partida de ajedrez
Ni el oficialismo está cerca del tercio necesario, ni la oposición alcanza los 172 votos que se requieren para insistir con las leyes. El escenario abre una partida de ajedrez donde cada movimiento será clave. “No se van a tratar rápidamente porque estamos lejos de tener los dos tercios en jubilaciones, emergencia en discapacidad y, ni hablar, en la moratoria previsional, que es aún más resistida”, adelantó una fuente parlamentaria a este diario. La oposición trabaja en una sesión para el 30 de julio, en la que se buscará avanzar con el financiamiento universitario, la emergencia pediátrica para resguardar al hospital Garrahan y la insistencia sobre la emergencia para Bahía Blanca, tras el veto presidencial. Si bien algunos sectores quieren sesionar la próxima semana, por ahora no parece viable.
En cuanto a los proyectos impulsados por los gobernadores y aprobados en el Senado —que buscan distribuir de manera automática los ATN y coparticipar el impuesto a los combustibles— todavía no se definió a qué comisiones serán girados. El riesgo es que tengan como destino la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert y que se especializa en dilatar los tiempos. Si sucede la presión del gobierno para apurar los proyectos será mayor y el gobierno deberá sí o sí sentarse a negociar.
La pelea de Javier Milei con los gobernadores dejó al gobierno expuesto a la peor derrota parlamentaria desde que asumió. Ni la retirada de la Ley Bases ni la caída de los jueces designados por decreto provocaron un cimbronazo tan profundo. El riesgo de seguir tensando es que el escenario se replique en Diputados. El mismo jueves por la noche, el Presidente aseguró que vetará las leyes sancionadas y, en caso de no tener éxito, recurrirá a la Justicia con el argumento de que la última sesión del Senado fue inválida. Sin embargo, la jurisprudencia no lo respalda: en 2020, la Corte Suprema sostuvo que la reglamentación interna del Senado es una potestad exclusiva del Poder Legislativo, sin posibilidad de intervención judicial en ese ámbito. El Ejecutivo tiene diez días hábiles para definir si promulga o no las leyes.
