Tres meses después de la foto de familia entre genocidas y diputados de La Libertad Avanza (LLA), los organismos de derechos humanos le reclamaron al Congreso que no siga dilatando la definición y brinde una respuesta institucional. “En el país del Nunca Más, consideramos fundamental que los poderes del Estado sean categóricos en su compromiso con la Memoria, la verdad y la Justicia porque mientras este plan de impunidad sucede siguen sin aparecer los nietos y las nietas que buscamos con las Abuelas y los miles de cuerpos de las y los desaparecidos”, escribieron.
Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci son los seis diputados que el 11 de julio fueron al Complejo Penitenciario VII a entrevistarse con Alfredo Astiz y otros represores de la dictadura que están presos allí. Los seis legisladores hicieron sus descargos por escrito ante las comisiones de Peticiones y de Asuntos Constitucionales. Eso fue hace casi un mes, el 17 de septiembre.
Este miércoles ambas comisiones volverán a reunirse, pero en el temario no figura la cuestión de los diputados amigos de los represores, ya que la discusión estará centrada en distintas propuestas para regular los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) –a los que es propenso el presidente Javier Milei. El “olvido” encendió las alarmas en el movimiento de derechos humanos. Los organismos le pidieron a Silvia Lospenatto (PRO), que preside el plenario para este tema, que le de un tratamiento prioritario y que los deje participar en la deliberación.
La nota salió con las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
En la carta le recordaron a Lospennato que pasaron dos meses desde que la comisión de Peticiones –que ella preside– se abocó al tema y que en la última reunión ella dijo que esperaba que se emitiera dictamen en la semana siguiente. “Si como Usted sostuvo ya se encuentran reunidos todos los elementos necesarios para que las comisiones produzcan un dictamen, no comprendemos la razón de estas dilaciones”, le señalaron.
Los organismos enfatizaron que la visita al penal de Ezeiza evidenció que existe un plan de impunidad en marcha en el que participaban diputados oficialistas, el excamarista Eduardo Riggi, abogados defensores y el cura Javier Olivera Ravasi –que organizaba encuentros en la sede de su fundación en Montevideo 871. En esas reuniones se abordaron distintas iniciativas para favorecer a quienes enfrentan cargos por crímenes contra la humanidad: desde poner límites temporales a las investigaciones hasta generar que la prisión domiciliaria sea de aplicación automática a partir de los 70 años.
En su escrito, los organismos le apuntaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como quien habría facilitado las reuniones con los genocidas violando la normativa que rige al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Además, recordaron que Benedit –impulsor del cónclave con Astiz y compañía– se refirió en un chat de LLA a los represores como “ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”. Este diario publicó que Benedit publicó en sus redes sociales que trabajaba para la “pronta liberación de todos los patriotas” después de una visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo.
“Si quienes integran el Poder Legislativo, elegidos por mandato popular, incurren en conductas contrarias a lo que establecen nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, es fundamental que en su ámbito de desempeño se produzca una respuesta acorde en un tiempo razonable”, subrayaron. Y añadieron: “El plan de impunidad del que son parte las y los diputados aquí cuestionados, junto con otros agentes públicos, colisiona con las obligaciones del Estado que imponen la investigación, juzgamiento y sanción de responsables de crímenes de lesa humanidad y la reparación integral de las víctimas”.
Desde Familiares y Compañeros de los doce de la Santa Cruz reclamaron en una carta abierta que la Cámara separe a los diputados que fueron a reunirse con Astiz, quien –con su infiltración– provocó el secuestro de tres Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y otros siete militantes que se reunían en la Iglesia de la calle Estados Unidos al 3100.
A Lospennato la acusaron de no haber cumplido con su compromiso de impulsar la creación de una comisión investigadora. “No crean que el paso del tiempo va a borrar semejante afrenta a la democracia y al pueblo argentino, que mayoritariamente se ha pronunciado masivamente en defensa del Nunca Más Los organismos de derechos humanos sabemos que la justicia siempre llega, y que aquellos que hoy encubran a estos diputados, van a tener que dar explicaciones por sus actos”, remarcaron.
