Los Organismos de Derechos Humanos expresaron su «más absoluto repudio» a la decisión del Gobierno de recortar las funciones y degradar en el organigrama estatal a la secretaría que se encarga, dentro de Ministerio de Justicia, de velar por las políticas de memoria, verdad y justicia.
Con la medida –aún no oficializada– anunciada por el vocero Manuel Adorni, el Gobierno avanzará con el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos, degradada a subsecretaría, con sus respectivos despidos en áreas clave. El recorte de funciones también incluye al Museo de Sitio ESMA, al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos – UNESCO (CIPDH). Para los organismos, se trata de «un nuevo y grosero avance de Javier Milei sobre las políticas públicas de derechos humanos y sus trabajadores».
Con «excusas mentirosas», denunciaron en un comunicado, el Gobierno busca «borrar la memoria colectiva del genocidio que padeció nuestro pueblo en la historia reciente y continuar con los despidos de cientos de trabajadores y trabajadoras».
La carta, que lleva las firmas de voluntad de este gobierno negacionista y reivindicador de la dictadura cívico militar de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y la APDH La Matanza, entre otros, califica directamente a la administración libertaria como «negacionista y reivindicador de la dictadura cívico militar».
«La decisión de transformar la hasta hoy Secretaría de Derechos Humanos en Subsecretaría, rebajándola en lo que ha sido su rol y labor histórica a lo largo de todos estos años, con argumentos absolutamente falaces, es parte de esa estrategia» de vaciar la memoria, señalaron. «Vaciamiento con que procuran desmantelar espacios vitales, pilares en el sostenimiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, que llegaron a convertirse en políticas de Estado, y en un reaseguro para las instituciones democráticas», agregaron.
«Creemos firmemente que la defensa de esas políticas, de sus trabajadores y trabajadoras, la del Museo y la del Archivo, ante la brutal ofensiva gubernamental, no puede ser sectorial ni exclusiva de un colectivo, porque su ataque trasciende particularidades y es una embestida contra el Estado de Derecho y el pacto civilizatorio que nos colocó a la vanguardia de la lucha contra la impunidad, el olvido y el silencio en el mundo entero. Conscientes de que su defensa necesita de todas las voluntades posibles invitamos a sumarse a resistir, sabiendo que este gobierno va a terminar y que el próximo gobierno democrático, debe asumir la tarea inmediata de restituir y reparar todas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y sus instituciones», concluyeron.
