El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD), junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB) y la Fundación T.E.M.A.S, solicitaron a la CIDH que intervenga frente a lo que consideraron una violación de derechos fundamentales de las comunidades afectadas por la contaminación.
Estas organizaciones aseguraron que el cierre dispuesto por la CSJN en octubre de 2024 vulneró los derechos a un ambiente sano, al agua, al aire limpio, a la salud, a la vivienda digna, a la niñez, a la información pública, a la integridad física y a las garantías judiciales.
«Esa decisión viola los derechos a un ambiente sano, al agua, al aire limpio, a la vida e integridad, a la salud, a la vivienda adecuada, a la niñez y al acceso a la información, así como las garantías judiciales y la protección judicial de las familias que viven en la cuenca», especificaron.
El reclamo ante la OEA
En su presentación ante el organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), reclamaron que el Estado nacional adopte medidas concretas para garantizar esos derechos. También solicitaron medidas cautelares para que se proteja de manera urgente la salud de quienes viven en las zonas contaminadas.
En 2008, la misma Corte Suprema dictó una sentencia de carácter colectivo en la cual ordenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) que repararan el daño ambiental y garantizaran condiciones dignas de vida a las personas expuestas a residuos tóxicos, especialmente a niños afectados por metales pesados y enfermedades evitables.
A pesar de que transcurrieron 16 años desde aquel fallo, el 22 de octubre de 2024 la CSJN optó por dar por concluido su seguimiento, sin contemplar que gran parte de las obligaciones impuestas en la sentencia original todavía no fueron cumplidas.
«Luego de 16 años de ejecución, el 22 de octubre de 2024 la CSJN decidió dar por culminada su intervención y abandonar el seguimiento de la ejecución de su propia sentencia, sin tener en cuenta los incumplimientos por parte del Estado para garantizar el derecho a vidas dignas de los afectados», se manifiesta.
La situación en CABA
Tras ese cierre judicial, la propia ACUMAR reconoció que solo el 42% de las soluciones habitacionales previstas se concretaron. No se completaron las relocalizaciones necesarias para liberar el camino de sirga, ni se finalizaron las obras de urbanización, mejoramientos estructurales o reparaciones definitivas en la mayoría de los barrios afectados.
Además, permanece pendiente la activación del Sistema Riachuelo, fundamental para tratar los desechos que siguen contaminando el agua.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 700 familias de la Villa 21-24, otras 150 del barrio Lamadrid y un número aún no determinado de los barrios Magaldi, Luján y El Pueblito siguen sin recibir una solución habitacional.}
Tampoco existen proyectos ni obras en curso que impulsen la urbanización integral de esas zonas: «Asimismo, al día de hoy, no hay proyecto ni obras encaminadas para la urbanización de los barrios afectados por la sentencia Mendoza».
Cómo se ve afectada la Provincia de Buenos Aires
La situación en la Provincia de Buenos Aires no difiere, ya que la cobertura del servicio cloacal apenas llega al 56%, y los estándares de calidad de agua establecidos por ACUMAR tampoco se cumplen.
Además del cierre de la causa, las organizaciones denunciantes señalaron que los organismos responsables de ejecutar las políticas necesarias sufrieron un proceso de desfinanciamiento. Este recorte afecta directamente a ACUMAR, a la Secretaría de Vivienda del Gobierno Nacional, al Instituto de la Vivienda de la Ciudad y a la empresa AYSA, lo que pone en riesgo la continuidad de las acciones comprometidas.
Frente a este escenario, las entidades peticionarias solicitaron a la CIDH que intervenga para que se restablezca la ejecución efectiva de la sentencia de 2008, con el objetivo de garantizar los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
