Giordano sabe que una posible pérdida del apoyo estadounidense generaría un descalabro financiero traumático, pero entendería la decisión de la administración Trump. «Naturalmente, si la Argentina vuelve al déficit y al desorden macroeconómico, ese apoyo no va a estar, y me parece lógico«, reflexiona el economista, atendiendo a que una oposición victoriosa podría no priorizar el orden de las cuentas públicas y el equilibrio macroeconómico, motivo suficiente para el corrimiento de la administración de América del Norte. A continuación, la entrevista completa en Ámbito.
Periodista: El ministro Luis Caputo anunció que el Gobierno avanzará con una reforma laboral. Entendiendo la necesidad de crear empleo registrado, ¿qué tan necesaria considera esa medida a tal fin?
Osvaldo Giordano: Yo creo que la Argentina está demasiado enfocada en los problemas financieros -la deuda, el dólar y demás-, pero el problema de fondo es estructural: el país tiene una mala organización en distintos aspectos. El sistema tributario es uno, y el laboral, sin duda, es otro. A eso se pueden sumar el régimen de coparticipación, el sistema previsional, entre otros.
Son esos puntos los que, a mi juicio, le ponen un techo a la economía argentina. Ya se empezó a notar a comienzos de este año: después del rebote inicial, la economía volvió a tener dificultades para crecer. Porque una cosa es rebotar y otra muy distinta es crecer de manera sostenida. Para crecer se necesitan cambios de fondo, y uno de ellos, sin dudas, es el laboral. Las normas laborales en la Argentina tienen más de 50 años: son anteriores a internet y responden a una realidad completamente distinta a la actual. Eso genera un entorno poco apto para el desarrollo de la producción, la productividad y la competitividad, además de dificultar la posibilidad de atraer buenos talentos. Por eso considero muy pertinente el planteo.
P.: ¿Cree que es políticamente conveniente anunciarla antes de las elecciones?
O.G.: En cuanto al momento del anuncio, me parece positivo que se diga ahora. De hecho, el Gobierno ya lo había anticipado: lo acordó con los gobernadores en el Acta de Mayo, y uno de los puntos allí firmados era justamente la revisión de las normas laborales. Así que, en ese sentido, no me sorprende.
Sí tengo dudas respecto del contenido. Creo que muchos coincidimos -sin que haya consenso pleno, pero sí un acuerdo amplio- en que la Argentina necesita una reforma laboral. Sin embargo, existen muchas visiones diferentes sobre qué entendemos exactamente por «reforma laboral»: qué aspectos deberían cambiarse y cómo deberían modificarse. Ese es el próximo paso, y no es menor, porque lo peor que podría pasar es que hablemos del tema sin definirlo con precisión.
De todos modos, me parece uno de los debates más pertinentes, junto con el tributario, si queremos pensar en un crecimiento sustentable.
Negociaciones sin convenio: punto clave de una reforma laboral
P.: Un antecedente interesante para pensar en los lineamientos de la reforma laboral es el primer intento de modificación de la legislación a través del Decreto 70/2023, luego declarado inconstitucional por la Justicia. ¿Cómo evalúa el contenido de aquel entonces?
O.G.: Ahí es donde la cuestión empieza a volverse más compleja. En líneas generales, lo que el Gobierno había planteado en la Ley Bases me pareció razonable. Por ejemplo, eliminar una serie de multas asociadas al despido que funcionaban como sanciones «privatizadas».
Ese esquema era perverso: hacía que el costo del despido fuera alto e incierto y, sobre todo para las pequeñas empresas, resultaba tremendamente distorsivo. Podía incluso llevarse puesta a una pyme. En ese sentido, me pareció un avance haber eliminado ese tipo de recargos. Fue, digamos, una primera «limpieza» de las peores distorsiones de la legislación laboral.
También se incorporó la posibilidad de reemplazar la indemnización tradicional por un fondo de cese, como el que ya utiliza la industria de la construcción. No me parece una mala idea, pero tampoco algo especialmente atractivo para las empresas, porque implica hacer explícito un costo que depende de la rotación laboral. No lo considero un cambio estructural ni generalizable, aunque puede funcionar en algunos sectores puntuales.
P.: En su opinión, ¿qué elementos deberían priorizarse si el Gobierno busca una reforma laboral que realmente impacte en la creación de empleo?
O.G.: El verdadero desafío está en otro plano. Todavía no hay un planteo claro -ni del oficialismo ni de las propias entidades empresarias- respecto de la negociación colectiva, y para mí, ese es el punto medular.
Hoy seguimos teniendo convenios colectivos firmados en los años 70 y 80, completamente obsoletos, con categorías laborales que ya no existen o que no reflejan la realidad de las empresas actuales. Eso genera una enorme litigiosidad.
Por eso, creo que uno de los pasos más importantes sería permitir que las empresas -sobre todo las pequeñas- puedan desengancharse de esos convenios colectivos antiguos y sectoriales. Que puedan negociar directamente con sus trabajadores nuevas categorías, escalas salariales y esquemas de organización del tiempo laboral, siempre respetando la ley, pero sin quedar atadas a estructuras sindicales que no reflejan su realidad.
En otros países, este desenganche es algo normal. En la Argentina, en cambio, los grandes convenios se firman en Buenos Aires entre cúpulas nacionales y luego se aplican, de manera uniforme, a pequeñas empresas de todo el país. Eso es inviable.
Por eso insisto en que la actualización del sistema de negociación colectiva sería una reforma de fondo, quizás la más trascendental.
El otro tema crítico es la litigiosidad, particularmente en el sistema de riesgos del trabajo. Hoy los juicios laborales crecen mes a mes, pese a que el sistema en sí funciona razonablemente bien. Desde 2017 existe una norma que buscó darle previsibilidad al seguro de riesgos del trabajo, y en términos normativos no hay grandes fallas. El problema está en la aplicación judicial: en muchas justicias provinciales los dictámenes médicos se apartan de las reglas del sistema. Enfermedades que no están contempladas como laborales por la normativa nacional terminan siendo reconocidas por los tribunales, que fijan indemnizaciones de todos modos. Eso genera un incentivo perverso: el trabajador sabe que, si va a la justicia, probablemente gane, y detrás de eso hay un negocio para los estudios jurídicos.
Así, el sistema se vuelve inasegurable, porque las ART no están cubriendo un riesgo determinado sino un escenario en el que siempre tienen que pagar, independientemente de la causa. Por eso las primas suben constantemente, pero aun así no alcanzan. Si esta dinámica no se corrige -logrando que las justicias provinciales se ajusten a la normativa nacional y a los dictámenes médicos previstos-, el pasivo judicial acumulado podría volverse impagable y poner en riesgo la propia viabilidad del sistema de aseguradoras.
”Washington no puede resolver los problemas estructurales del país”
P.: Queda claro que la litigiosidad termina siendo perjudicial para los empresarios, pero también que las flexibilizaciones en los despidos afectan a los trabajadores. ¿Cuál sería, entonces, el punto medio que debería buscar una reforma laboral para beneficiar a ambas partes?
O.G.: En el caso del sistema de riesgos del trabajo, nuestra normativa es bastante similar a la del resto del mundo. Funciona con un criterio claro: si una dolencia se origina en el trabajo, la cobertura corresponde a la ART; si no, corre por cuenta del sistema de salud.
De ese modo, no hay desamparo: toda dolencia está cubierta por uno u otro sistema, como ocurre en casi todos los países. El problema aparece cuando se distorsiona esa frontera y se interpreta de manera ambigua qué corresponde a cada ámbito.
Lo que está ocurriendo en la Argentina es que muchas dolencias que son propias de la vida cotidiana -por ejemplo, un dolor de espalda, un problema psicológico o incluso accidentes ocurridos fuera del horario laboral- terminan siendo incorporadas al sistema de riesgos del trabajo.
En principio, esos juicios no recaen directamente sobre las empresas, sino sobre las ART. Pero las aseguradoras, ante el aumento de juicios, empiezan a subir las alícuotas, lo que termina encareciendo el costo para las compañías. El verdadero riesgo es que llegue un punto en el que las ART digan «esto ya no es asegurable». Si eso pasara, todas las demandas volverían a caer sobre las empresas, lo que sería insostenible.
P.: La discusión sobre la reforma laboral se da en un contexto en el cual la economía no logra recuperarse de forma sostenida, en parte por los vaivenes que atraviesa la dinámica del consumo. Si de crear empleo registrado se trata, ¿qué factor pondera: la modificación en las normas de trabajo o el aumento de la demanda?
O.G.: El paquete es integral: reforma tributaria, mejora de la infraestructura, integración al mundo, solvencia fiscal y reforma laboral. Si solo nos concentramos en el aspecto laboral, el impacto va a ser limitado.
Creo que la reforma laboral puede aportar mucho, sobre todo en términos de blanqueo del empleo. Hace más de diez años que en la Argentina no se genera empleo formal: todo lo que aparece nuevo es informal, fuera de la ley. En ese sentido, cualquier avance que incentive la formalidad será positivo.
Pero si las expectativas son que la reforma laboral por sí sola va a generar una creación masiva de puestos de trabajo, me parece que es una ilusión. Sin el resto de las reformas estructurales, será otra frustración más.
P.: En cualquier caso, el debate sobre una reforma laboral es incómodo para cualquier Gobierno. ¿Supone que la iniciativa pueda tener relación con el reciente apoyo de Estados Unidos y las revisiones del Fondo Monetario Internacional?
O.G.: El tema no es nuevo. Ya estaba planteado en el Acta de Mayo, firmada hace más de un año, donde se incluyeron varios compromisos, entre ellos la revisión de las normas laborales. Lo que ocurrió es que, después de esa firma, el tema quedó dormido: no hubo prácticamente avances, a pesar de que en ese acuerdo participaron no solo el Gobierno nacional sino también la mayoría de los gobernadores.
Ahora, con el apoyo reciente de EEUU, me parece que hay un cambio de enfoque. Washington entiende, con razón, que puede colaborar con la Argentina en algunos frentes -sobre todo los financieros, vinculados al riesgo país, la falta de dólares o la inestabilidad macroeconómica-, pero no puede resolver los problemas estructurales que son propios del país.
Ahí entran justamente estas reformas: la tributaria, la laboral, la previsional, la mejora de la infraestructura, la educación, entre otras. Son factores esenciales si la Argentina quiere crecer y desarrollarse de manera sostenible. Estados Unidos lo que está diciendo, en definitiva, es que para que su apoyo tenga resultados concretos, el país necesita avanzar en esos cambios internos.
Eso se traduce en una palabra: gobernabilidad. Lo que piden, de manera implícita o explícita, es que haya acuerdos políticos amplios, que trasciendan al oficialismo. Estas transformaciones no pueden hacerse sin una parte de la oposición y sin el acompañamiento de los gobernadores.
En ese sentido, me parece correcto el planteo: la tarea pendiente es lograr una actitud distinta, menos confrontativa y más dialoguista. Pasar de la lógica de la imposición a la de la seducción política, si se quiere. Y poner sobre la mesa las reformas antes de que se vuelva inevitable hacerlo por urgencia.
Respecto al momento, si se anuncia antes o después de las elecciones, ya es una cuestión de estrategia política. Pero que hay que hacerlo, no tengo dudas.
”El Presidente tomó conciencia de que hay muchas cosas que no puede hacer solo”
P.: ¿Pero no le llama la atención la premura con la que se instaló el tema, previo a los comicios legislativos? Generalmente ese tipo de reformas se discuten una vez conformado el nuevo Congreso, no en medio de una campaña.
O.G.: Probablemente lo que ocurrió es que el Gobierno leyó con claridad el mensaje que vino de Estados Unidos: «necesitan gobernabilidad». Además, por lo que escuché ayer del Presidente, hay una toma de conciencia de que hay muchas cosas que no puede hacer solo. Entendió que necesita apoyo político y que, si bien hay sectores de la oposición con los que no hay margen de acuerdo, hay otros con los que sí. En ese marco, me parece positivo que lo plantee abiertamente.
Decir la verdad, reconocer los límites y admitir que el país necesita consensos amplios es, en este contexto, un gesto valioso. Porque seguir con la misma lógica de confrontación, destrato y cierre político no lleva a ningún lado.
Acá hay algo mucho más importante en juego: la posibilidad de encarar reformas profundas. Puede haber matices, diferencias o distintas visiones -como pasa con la reforma laboral-, pero lo central es tener una actitud abierta y constructiva.
Para mí, la clave no está tanto en este anuncio previo a las elecciones, sino en lo que ocurra después. Gane o pierda, el Gobierno va a necesitar el apoyo de una parte de la oposición y de los gobernadores para sostener un programa de disciplina fiscal y reformas estructurales. Y va a tener que hacer todo lo posible por construir esos acuerdos.
P.: En las últimas elecciones bonaerenses el propio oficialismo planteó un mensaje determinante: “La libertad avanza la libertad o la Argentina retrocede”…
O.G.: Me parece, ante todo, un eslogan de campaña. Porque después de octubre no está claro quién gana y quién pierde. No es una elección nacional ni un balotaje, donde el resultado define un ganador y un perdedor en términos absolutos. En este caso va a haber muchas lecturas posibles.
Cada uno va a tratar de mostrar su propio triunfo: el Gobierno dirá «ganamos porque consolidamos tal territorio» o «no perdimos en tal provincia»; la oposición, por su parte, destacará sus avances. Por eso, honestamente, no creo que el resultado en sí sea lo más relevante. Lo importante será la reacción frente a ese resultado.
Y ahí sí veo un riesgo. Si el Gobierno obtiene un buen resultado y lo interpreta como una señal de aval total, podría creer que puede seguir gobernando sin buscar acuerdos, desconociendo a la oposición. Eso sería un error grave, porque está claro que no puede hacerlo solo. Necesita respaldo en el Congreso y apoyo de los gobernadores.
Del mismo modo, si el resultado es adverso, el riesgo es el opuesto: caer en la resignación y paralizar la agenda de reformas.
P.: Usted encabezó la ANSES durante dos meses. Un período corto, pero su gestión se dio al inicio del Gobierno -diciembre 2023-, por lo cual seguro pudo tener una noción del programa económico planteado en aquel entonces con mayor accesibilidad que ahora. Si pudiera comparar los lineamientos iniciales y las políticas actuales, ¿diría que esto es lo que el Gobierno se imaginó en materia económica?
O.G.: No sé si exactamente este, pero sí creo que el Gobierno tenía en mente algo bastante parecido en términos de prioridades. Ayer mismo el Presidente lo volvió a decir: el mandato central de esta gestión era bajar la inflación, y el instrumento principal para lograrlo es la disciplina fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas.
Y en ese punto, hay que reconocerlo, el objetivo se cumplió con bastante éxito, incluso más del que muchos esperaban. En diciembre, la situación era muy crítica y había una larga tradición de déficit, por lo que alcanzar equilibrio fiscal en pocos meses parecía casi imposible.
Después, claro, surgen otros problemas: la sostenibilidad de ese equilibrio, la calidad del ajuste -es decir, con qué instrumentos se logró- y los costos asociados. A eso se sumaron dificultades evidentes en la gestión del Estado. El caso del área de Discapacidad fue solo un ejemplo de una gestión administrativa que no siempre dimensionó la complejidad del aparato público.
Pero, más allá de esos problemas de gestión técnica, me parece que el déficit más grave fue el político. El Gobierno eligió un camino de confrontación con casi toda la oposición, acumulando frentes abiertos que terminaron aislándolo.
Por eso, para mí, la clave de esta nueva etapa no pasa tanto por los números fiscales -que son un logro- sino por reconocer los errores en la gestión administrativa y, sobre todo, en la gestión política. Si el Gobierno logra mejorar en esos dos planos, puede consolidar lo conseguido y avanzar hacia un crecimiento más estable.
La reflexión de Giordano tras su despido de ANSES: “Se subestima la complejidad de la gestión pública”
P.: Imagino que su observación respecto de la actitud del oficialismo está marcada por el motivo de su desvinculación de ANSES: la diputada Alejandra Torres, su esposa, votó en contra de algunos incisos de la Ley Ómnibus. Durante su gestión, ¿alguna vez se sintió poco considerado frente al intercambio de miradas o con poca iniciativa de delegar en sus manos la toma de decisiones?
O.G.: Sí, creo que hubo una subestimación de la importancia y de la complejidad que tiene la gestión pública. No puedo hablar por quienes tomaron la decisión, pero tengo la sensación de que se minimizó lo que implica conducir un organismo como la ANSES.
Estamos hablando de una institución enorme, de una magnitud y una sensibilidad social muy grandes. No se puede decidir un cambio de autoridades ahí como si se tratara de un movimiento menor. Es algo que requiere respeto, planificación y criterio, porque la ANSES administra buena parte del tejido de protección social del país.
Y no fue el único caso: lo mismo se vio en otros episodios, como el escándalo en el área de Discapacidad. Quedó a la vista una cierta falta de conciencia sobre lo que implica gestionar el Estado, que hoy está profundamente deteriorado y con enormes deficiencias.
La administración pública es un entramado complejo, que necesita equipos comprometidos, profesionales y con conocimiento técnico para sostener el funcionamiento del país. Por eso, cuando se subestima esa complejidad y se cree que con tener equilibrio fiscal alcanza, se comete un error.
P.: ¿Habla de subestimación por su salida de ANSES o por quién ocupa el cargo actualmente?
O.G.: No, no lo digo por una cuestión personal. Lo que planteo es algo más general: en organismos de esa magnitud, hay que pensar dos veces antes de hacer un cambio. Si tenés un equipo que ya se hizo cargo, que conoce el funcionamiento interno y que está trabajando bien, hay que darle continuidad.
La ANSES es un organismo enorme, complejo y con un nivel de responsabilidad altísimo. Por eso creo que hay que tener equipos acordes a ese desafío y darles tiempo y respaldo político para que puedan hacer su trabajo con tranquilidad.
Esta rotación constante de funcionarios refleja, justamente, una falta de conciencia sobre la importancia y la complejidad de la gestión pública. Se habló mucho del número de funcionarios que pasaron por distintos organismos en poco tiempo, y eso es un síntoma.
Está claro que podés cambiar a alguien si te equivocaste o si las circunstancias cambian -eso puede pasar-, pero cuando la rotación se vuelve una rutina, muestra que no hay una comprensión real de lo que significa administrar el Estado.
P.: Cuál es el rol que ocupan hoy los jubilados dentro de este Gobierno? El Presidente suele decir que los jubilados están mejor porque los ingresos crecen en dólares. Coincide con esa visión o considera que la política previsional está relegada?
O.G.: Desde el punto de vista estadístico, las jubilaciones venían cayendo de manera continua desde 2017 hasta febrero de 2024. A partir de ese momento comenzaron a recuperarse y hoy están prácticamente en el mismo nivel que en noviembre de 2023.
Ahora bien, eso no significa que la situación sea buena: las jubilaciones venían de una pérdida previa del 20% al 25%, y ese deterioro todavía no se compensó. Yo creo que el sistema previsional argentino está atravesando un nivel de deterioro muy profundo, que no empezó con este Gobierno. El problema viene de arrastre: desde 2017, con la aceleración de la inflación, las jubilaciones empezaron a licuarse.
Lo que hay detrás de eso es un problema estructural. Durante muchos años se incorporaron millones de personas al sistema a través de moratorias, sin los aportes correspondientes. Eso generó un desbalance enorme que ningún gobierno se animó a corregir a fondo. A este Gobierno, en todo caso, lo que puede cuestionársele es la demora en encarar una reforma previsional que intente, al menos, mitigar el problema.
Mientras tanto, para los jubilados, especialmente los que aportaron toda su vida, la situación actual es una estafa. Porque hicieron sus aportes con una expectativa de retiro que hoy no se cumple. Llegan al momento más vulnerable de su vida y se encuentran con un ingreso que no guarda ninguna relación con lo que contribuyeron. Por eso, más allá de los discursos, el Gobierno debería asumir que la cuestión previsional requiere una respuesta urgente, no solo en términos de sostenibilidad fiscal, sino también de justicia social.
P.: Entonces, entiende que el Gobierno debería haber convalidado la recomposición por ley?
O.G.: Sí, creo que fue un error haberla vetado completamente. Hubiese sido preferible un veto parcial, porque la ley tenía aspectos mejorables desde el punto de vista técnico, pero también incluía medidas razonables que podían haberse implementado sin comprometer el equilibrio fiscal. La movilidad jubilatoria es un tema muy sensible: está en la Constitución, es objeto de numerosos juicios y tiene un impacto directo en millones de personas. Por eso, una ley le habría dado mayor solidez jurídica al esquema, en lugar de dejarlo regulado solo por un decreto.
Además, muchas de las disposiciones del proyecto podían instrumentarse sin un costo fiscal elevado. Por eso, insisto, el veto total fue una oportunidad perdida. Una política más focalizada habría permitido dirigir la ayuda a quienes realmente la necesitan y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio fiscal. El proyecto era imperfecto, pero la falta de voluntad para rescatar sus mejores partes terminó empeorando la situación.
“Vulnerabilidad extrema”: la descripción de la macro, según el economista
P.: Donald Trump dijo que EEUU apoyará financieramente a la Argentina en la medida en que La Libertad Avanza tenga una performance exitosa el 26 de octubre. ¿Qué lectura le deja ese mensaje? El riesgo está en la oposición o en el propio programa económico?
O.G.: Prefiero tener una lectura más benévola, pensando también en quién lo dijo y en el contexto. Imaginemos a alguien que viene de Israel, en medio de un conflicto internacional, y que en pocas horas debe pronunciarse sobre un tema tan complejo como la economía argentina. En ese marco, me parece que la interpretación más directa es que Estados Unidos está dispuesto a apoyar al país siempre que la Argentina mantenga la disciplina fiscal y avance con las reformas estructurales que necesita.
Naturalmente, si la Argentina vuelve al déficit y al desorden macroeconómico, ese apoyo no va a estar, y me parece lógico. Sería un error que un país te financie para sostener un descalabro fiscal. En ese sentido, la declaración tiene coherencia: el mensaje es «nosotros ayudamos si ustedes hacen los deberes«. Desde ese punto de vista, no me parece una señal alarmante, sino una advertencia.
P.: Pero si ese apoyo no se concreta, la vulnerabilidad financiera del país se profundiza. ¿No es riesgoso que la estabilidad dependa en un alto nivel de Estados Unidos?
O.G.: Sí, sin dudas, y eso tiene que ver con la fragilidad estructural de la Argentina. La vulnerabilidad es extrema: lo era en diciembre de 2023 y lo sigue siendo hoy. Podría decirse que el Gobierno tal vez podría haber acumulado más reservas, pero eso no hubiera cambiado sustancialmente el cuadro.
El riesgo país sigue alto a pesar del superávit fiscal, nadie presta a la Argentina, y los propios argentinos seguimos dolarizando todos nuestros ahorros. Ese es el síntoma más claro de la desconfianza estructural.
En ese contexto, el apoyo de Estados Unidos puede ayudar a aliviar la vulnerabilidad financiera, pero no puede resolver el problema de fondo. Si el país no sostiene la disciplina fiscal ni avanza en las reformas, no hay apoyo que alcance.
Por eso, en el fondo, el mensaje de Washington es claro: «resuelvan eso ustedes«. Y eso requiere, inevitablemente, acuerdos políticos amplios. Porque está claro que el Gobierno, solo, no puede hacerlo.
