El gobierno sufrió una nueva derrota en cuanto a su plan de ajuste. Fue por 7 a 0. Por segundo año consecutivo, el Senado convirtió en ley el financiamiento universitario por 58 votos a favor, 9 en contra y tres abstenciones. Un número por encima de los dos tercios que permitirá resistir un nuevo veto presidencial. Al cierre de esta edición se encaminaba a sancionar la Emergencia en pediatría —que protege al Hospital Garrahan— y rechazó de manera definitiva cuatro decretos delegados y un DNU. La sesión tuvo lugar 24 horas después de que la Cámara de Diputados rechazara por primera vez un veto en la era Milei, al insistir con la Emergencia en Discapacidad. El gobierno envió al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, para mitigar la derrota, pero no tuvo éxito. El revés expone la pérdida de apoyos del oficialismo, que votó prácticamente en soledad. Afuera, trabajadores de los organismos afectados fueron reprimidos por la Prefectura.
Javier Milei acusó este jueves al Congreso de estar “secuestrado por el kirchnerismo” y de tener “como objetivo la quiebra del país”. Sin embargo, sus palabras no amedrentaron a la oposición. La sesión comenzó con la derogación de cinco decretos de desregulación redactados por Federico Sturzenegger, que intervinieron organismos autárquicos. Los decretos, ya rechazados en Diputados, fueron dados de baja con amplias mayorías y significan un golpe al corazón del plan de achicamiento del Estado. Milei deberá ahora dar marcha atrás con el ajuste en el INTA, el INTI, la Dirección de Vialidad, el Banco Nacional Genético y distintos organismos culturales.
El gobierno perdió apoyos. Solo contó con el acompañamiento de la radical Carolina Losada —que respaldó todos los decretos, salvo el 462/25—, los senadores del PRO Carmen Rivero y Enrique Goërling Lara y del expulsado libertario Francisco Paoltroni. Juan Carlos Romero colaboró con una abstención. Afuera del Congreso, cientos de trabajadores de los organismos afectados y del Hospital Garrahan fueron reprimidos por la Prefectura, que lanzó gases lacrimógenos, y por la Policía Federal, que sumó un carro hidrante para dispersar a la multitud.
Financiamiento universitario
Por segundo año consecutivo, el Congreso convirtió en ley el financiamiento universitario, una norma casi idéntica a la que Milei vetó en 2024. Esta vez, el proyecto reunió los votos necesarios en ambas cámaras para blindarse frente a un nuevo veto presidencial. En el Senado, la iniciativa se aprobó con 58 votos afirmativos, 9 en contra y 3 abstenciones. Acompañaron al oficialismo en su cruzada contra la universidad pública Francisco Paoltroni, los senadores del PRO Martín Goërling Lara y Carmen Álvarez Rivero, además de la radical Carolina Losada. Las abstenciones fueron de Juan Carlos Romero y las senadoras del PRO Victoria Huala y Andrea Cristina.
La ley reabre las paritarias, congeladas desde octubre, y asegura fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico. También establece un fondo especial, indexado por inflación, destinado a incentivar la inscripción en carreras estratégicas.
El debate estuvo marcado por fuertes cruces. Wado de Pedro, presidente de la Comisión de Educación, recordó: “Es la segunda vez que vamos a tratar el proyecto. En septiembre del año pasado se aprobó y en octubre fue vetado. Los argentinos perdimos más de un año sin que se construyera un aula”. Martín Lousteau fue más allá y apuntó contra la ofensiva libertaria sobre la universidad pública: “Es un Gobierno que atacó sistemáticamente a las universidades”, señaló, antes de agregar: “Los salarios docentes perdieron el 30% de su poder adquisitivo: tres de cada diez pesos que tenían en 2023 ya no están. Hoy están por debajo del 2002 en términos reales. Nunca habían caído tan bajo”. El cierre quedó en manos del oficialista Ezequiel Atauche quien defendió la motosierra. Primero sostuvo que “se utilizaron las aulas como lavado de cerebro y disputa ideológica; muy triste, se pervirtieron las mentes de muchos niños y jóvenes”. Luego, en sintonía con Milei, acusó a la oposición de tener un único objetivo: “Romper el gobierno y no les importa absolutamente nada más”.
Decretos delegados ¡Afuera!
El inicio de la sesión estuvo marcado por el rechazo a los decretos delegados. Ambas cámaras consideraron que hubo “un exceso en el uso de las facultades delegadas” y buscaron revertir la situación.
El Decreto 462/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso la reorganización del INTI y el INTA, reduciendo funciones y recursos en estos entes descentralizados, cosechó una mayoría aplastante. La iniciativa fue rechazada por 60 votos, con 9 a favor y 2 abstenciones. Sin embargo, durante el debate la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) denunció que a pesar del rechazo a este decreto, el gobierno había despedido 367 trabajadores del INTA.
La misma mayoría rechazó el Decreto 461/25, que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. Fue uno de los más cuestionados por los oradores. Publicado el 8 de julio, el decreto no especificaba qué organismos asumirían las funciones. La medida desató un fuerte conflicto con los gremios, que lograron un amparo judicial. Se rechazó por 60 votos, con 9 a favor y 2 abstenciones.
El Decreto 351/25, que modificó el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), organismo clave en las políticas de memoria, verdad y justicia, también fue derogado: 58 votos en contra, 12 a favor y una abstención. Durante su intervención, Wado de Pedro advirtió que la medida “apuesta a volver a una Argentina de la impunidad” y que “entorpecer la búsqueda de los 300 niños y niñas que aún faltan encontrar es complicidad plena con la dictadura militar”.
El Decreto 345/25, que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir y reorganizar organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y los institutos Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas, fue rechazado por 57 votos, con 13 a favor y una abstención.
Además de los cuatro decretos delegados, la oposición rechazó el decreto de necesidad y urgencia 340/25, que instauraba un régimen de excepción para la marina mercante nacional. Cuestionado por recortar derechos laborales, desregular el sector y debilitar la capacidad de intervención del Estado en una actividad clave para la soberanía económica. El rechazo se impuso con 55 votos en contra, 13 a favor y 3 abstenciones.
Emergencia en pediatría
Al cierre de esta edición, el Senado se encaminaba a convertir en ley la Emergencia en Pediatría. La norma declara la emergencia sanitaria en el área por un año, habilita la compra directa de insumos con financiamiento estatal y mejora las condiciones laborales del personal de salud, incluyendo una recomposición salarial y la exención del impuesto a las Ganancias para guardias y horas extras. El artículo 4 reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y obliga a garantizar su funcionamiento. Además, deja sin efecto la reforma del régimen de residencias médicas que había impulsado el Ministerio de Salud.
La primera en intervenir fue la senadora Lucía Corpacci, que cuestionó la doble vara del oficialismo: “No hay recursos para la emergencia pediátrica, pero sí se liberan recursos para los sectores más ricos”. El cordobés, Luis Juez habló desde la experiencia personal y se mostró conmovido: “Cuando uno se desespera, el primer mensaje que le llega a un padre es ‘vayan al Garrahan’. La única esperanza que tenemos los padres cuando tenemos criaturas con problemas, la construimos en el Garrahan”. Y agregó: “Nadie puede decir que está hablando un senador opositor, pero no me puedo callar en este tema”.
La polémica llegó con Carmen Álvarez Rivero, que días atrás había dicho: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan”. En el recinto ensayó un tibio pedido de disculpas y leyó casi toda su exposición —algo prohibido por el reglamento— para plantear que antes de reforzar el Garrahan deberían construirse hospitales de alta complejidad en todas las provincias. Fueron las palabras para argumentar su rechazo a una ley que justamente exige garantizar el funcionamiento de uno de los pocos centros de referencia a nivel nacional.
Cuestión de sueldos
“El mismo día que los honorables senadores votan leyes para destruir el programa económico que va a empobrecer a los argentinos se vuelven a aumentar el sueldo una vez más”, lanzó Javier Milei en X, en medio del debate caliente en la Cámara alta. En efecto, desde noviembre, los senadores percibirán un ingreso bruto de $10,2 millones, que tras el descuento del 35% por Ganancias quedará en $6,6 millones netos. El tema estalló en plena sesión y José Mayans recogió el guante. Desde su banca, salió a contestarle al Presidente: “Ganamos menos que un juez de primera instancia. Y el Presidente anda diciendo en todos lados que cobramos $10 millones. Nunca ganamos esa plata. Es un mentiroso. Dice ‘miren lo que ganan esos’”. El formoseño incluso apuntó contra la actriz Virginia Gallardo: “Le digo a la tonta esta… Si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… Es una tonta y estúpida. Si cree que puede venir acá para ganar esa plata, acá no se gana esa plata. Se comió la mentira del Presidente”.
En diálogo con Página/12 una senadora de UxP dijo: “Lo hacen para pegar y desprestigiar. Es adrede para que se hable de esto y no de la estrepitosa derrota”.
