Otro fiscal sostuvo que debe desestimarse la denuncia que presentó la diputada Lourdes Arrieta por la visita a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. A nivel político, la presentación de Arrieta desató un tembladeral: no sólo expuso una red de personas que conspiran contra los juicios de lesa humanidad sino que también provocó su propia salida del bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA).
Después de que se supo del cónclave en Ezeiza con Alfredo Astiz y compañía, Arrieta se presentó ante la justicia federal de Lomas de Zamora para pedir que se investigara una serie de hechos: desde la provisión de un combi de la Cámara de Diputados hasta una posible amenaza del represor que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Lo más sensible es que pidió que se indague en el comportamiento de algunos de sus compañeros de bancada –Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro y Alida Ferreyra Ugalde– y de las autoridades de la Cámara baja. También les apuntó al cura Javier Olivera Ravasi –organizador de reuniones con los diputados–, a los abogados Laura Olea y Ricardo Saint Jean así como a Eduardo Riggi, exjuez de la Cámara Federal de Casación Penal.
El 21 de agosto, el fiscal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió que se archivara la denuncia de Arrieta en duros términos. Dijo que no había hipótesis criminal y que la presentación estaba motivada en su intención de despegarse de un hecho que la tuvo como protagonista. El fiscal afirmó que la legisladora hacía “consideraciones de carácter pueril, carentes de verosimilitud y provistas de un infantilismo que hiere la inteligencia del más desprevenido”.
Para Mola, la denuncia de Arrieta era un nuevo episodio de judicialización de la política y, a diferencia de la ignorancia que alegaba la mendocina, el fiscal opinó que los motivos de los grupos de chats en los que participaba y sus intereses eran explícitos.
Mola pidió que se le corriera vista a Diego Iglesias, fiscal ante la Cámara Federal de La Plata, para que avalara o rechazara su postura. Según pudo reconstruir este diario, Iglesias convalidó la postura del fiscal de Lomas de Zamora.
No está dicha la última palabra. El juez Ernesto Kreplak –que subroga en Lomas de Zamora– deberá pronunciarse. El magistrado ya había aceptado a Arrieta como querellante y le había asignado custodia policial para ella y para su familia.
Después del pedido de desestimación de Mola, la querella de Arrieta –encabezada por el abogado Yamil Castro Bianchi– había pedido que la investigación continuara aunque no tuviera el impulso de la fiscalía. La biblioteca está dividida: la Cámara de Casación ya abrió esa posibilidad en varios casos. Hace pocos días, la jueza Ángela Ledesma terminó dejando firme el sobreseimiento a Carlos Stornelli porque no había acusación del Ministerio Público.
En todo caso, a diferencia de lo que dijeron los diputados oficialistas en la reunión en la que se trató qué hacer con los visitantes a los genocidas, el expediente no está cerrado. Todavía resta saber si el juez Kreplak respalda el pedido de la querella de Arrieta.
En paralelo, Mola pidió continuar investigando el rol que podría haber tenido el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Patricia Bullrich, a la hora de facilitar el encuentro entre los diputados y los represores. Esa línea de investigación se inició a partir de una denuncia que radicó el juez Daniel Obligado, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires, después de que el abogado Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous advirtieron una serie de irregularidades a la hora de gestionar el ingreso al penal.
La fiscalía ya secuestró libros y cámaras del complejo 7 de Ezeiza – antes conocido como Unidad 31. A priori, lo que llamó la atención de los investigadores fue la extensión del encuentro entre diputados y detenidos por crímenes de lesa humanidad, que se extendió durante más de cuatro horas. Según trascendió, tomaron café con medialunas y sánguches. En la Cámara de Diputados dijeron que no solo hubo una foto de familia sino un aplauso mutuo.
En el Congreso aún no se decidió qué pasará con la comitiva que fue a Ezeiza. Unión por la Patria (uxP) reclama una comisión investigadora, posición que apoya el Frente de Izquierda y sus Trabajadores (FIT). Pero, según publicó en este diario María Cafferata, parece haber un acuerdo entre LLA, el PRO y la oposición dialoguista para despachar el tema con un «apercibimiento» para los diputados que empatizan con los que secuestraron, torturaron, desaparecieron y tiraron gente viva al mar.
