El Gobierno redobla su avanzada contra la memoria. Decidió echar a Mayki Gorosito, la directora ejecutiva del museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde hubo 5000 personas secuestradas durante la última dictadura cívico-militar. Desde 2023, la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) incorporó al museo como patrimonio de la humanidad.
Diez días atrás, el Museo Sitio ESMA cumplió diez años desde su creación. El Gobierno de Javier Milei lo conmemoró a su modo: decidió degradarlo y ponerlo como unidad operativa del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).
El CIPDH está vacante. Su última directora fue la historiadora Fernanda Gil Lozano. Desde hace unos días se instaló en sus oficinas la abogada Ana Belén Mármora. Su nombramiento no está oficializado, pero aún así Mármora toma decisiones.
Mármora es abogada por la Universidad Católica Argentina (UCA) y tiene un título de periodismo de Taller Escuela Agencia (TEA). Cuenta con una diplomatura en Derechos Humanos en la Universidad Austral, ligada históricamente al Opus Dei. Mármora es joven, pero tiene una larga militancia antiderechos: salió a las calles contra el matrimonio igualitario y contra el aborto. Publicó un libro titulado Hipocresía verde. Está casada con Agustín “Chino” Caulo, número dos de Nahuel Sotelo en la Secretaría de Culto y Civilización.
Este miércoles, Mármora citó a Gorosito y la desplazó. La decisión causó conmoción entre los sobrevivientes, que apoyaban su gestión al frente del Museo. Lo mismo que los organismos de derechos humanos.
Mármora tiene previsto designar a alguien de su confianza en los próximos días en el Museo, que también se vio alcanzado por las políticas de recortes y despidos que vienen implementando Mariano Cúneo Libarona y Alberto Baños.
“Somos una institución del Estado argentino, una institución que simboliza y testimonia lo que no debe volver a suceder”, había resaltado Gorosito durante el acto por los diez años del museo. En ese momento, había mencionado que la administración libertaria había incumplido su promesa de no afectar el funcionamiento del museo, y que los despidos también golpearon al lugar, como al resto de la Secretaría de Derechos Humanos –ahora degradada a subsecretaría. “Éramos 42. Ahora somos 28 trabajadores”, puntualizó.
Los sobrevivientes del centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) ESMA repudiaron el despido de Gorosito, a quien calificaron como una profesional respetada, y reclamaron que el Gobierno dé marcha atrás. “Este acto no puede entenderse como una decisión administrativa aislada. Se trata de una clara manifestación del desprecio sistemático hacia la política de Memoria, Verdad y Justicia, construida con décadas de lucha por parte de los organismos de derechos humanos, de las víctimas del terrorismo de Estado y de la sociedad argentina en su conjunto”, afirmaron en una declaración.
“Quienes hoy impulsan estas medidas ciegan su accionar con odio ideológico, negacionismo y revancha, pretendiendo desmantelar símbolos clave de nuestra democracia. El Sitio de Memoria ESMA no es un espacio neutro: es un testimonio vivo del horror de la dictadura, pero también de la fuerza transformadora de la justicia y la memoria”, añadieron.
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