Mientras el Gobierno afronta una crisis política a poco más de un mes de las elecciones legislativas nacionales con el caso de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sumado a las derrotas en Diputados con las leyes de Financiamiento Universitario y del Garrahan y en el Senado con los ATN a las provincias, se sumó la turbulencia económica por el dólar que superó el techo de la banda y se llegó a vender a $1.520 en los bancos en el cierre de la semana, lo que encendió las alarmas en el equipo del ministro Luis Caputo.
“Confiamos plenamente en el programa. No nos vamos a mover, no va a haber cambios. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Hay suficientes dólares para todos”, aseguró Caputo en una entrevista en el streaming Carajo el jueves por la noche. Si bien el mensaje del mismo jueves a la noche buscó dar tranquilidad, quedó en claro que la estrategia oficial se apoya en la utilización intensiva de reservas para contener la presión cambiaria.
Ajuste en educación y control sobre el dólar
Tomando el dato de este jueves y viernes donde el BCRA vendió u$s389 millones y u$s678 millones respectivamente, en un solo día el Gobierno usó en reservas el equivalente a un presupuesto anual de la Universidad de Buenos Aires, tan solo para contener el precio del dólar. Al respecto, Ámbito dialogó con Martín Ruiz, subsecretario de Hacienda de la UBA, quien explicó: “Tanto en 2024 como en 2025, el presupuesto de la UBA rondó aproximadamente los u$s500 millones. Si uno lo compara contra los u$s389 millones que el Gobierno utilizó el jueves, equivale al 80%. Ya con el número de hoy más el de ayer, equivale a dos presupuestos anuales de la UBA”.
No solamente es la cuestión de la volatilidad cambiaria. La semana también tuvo una fuerte carga de tensión política, con la presentación de Javier Milei del Presupuesto 2026, sumado a los golpes que el Congreso le dio al Gobierno.
Con la discusión de la “ley de leyes”, el tema del financiamiento educativo se reaviva, ya que el proyecto del Gobierno intenta derogar el 6% del PBI como piso para el presupuesto de educación estipulado por ley, entre otros recortes. En ese sentido, para Ruiz “el Presupuesto siempre es una cuestión vinculada a prioridades y por eso se trata en el Congreso de la Nación”. “Me parece que en este punto el problema es que por primera vez durante dos años consecutivos hubo un presupuesto prorrogado y ese presupuesto prorrogado sumado a que fueron puntualmente años de inflación alta, le fueron generando el Poder Ejecutivo muchísima discrecionalidad en esas prioridades”, señaló.
El subsecretario de Hacienda de la UBA dio una visión preliminar de los números del proyecto de Presupuesto 2026 que presentó Milei. “El presupuesto para universidades de 2025 oscila el 0,5% del PBI, mientras para 2026 uno podría estimarlo ligeramente por debajo de ese guarismo”, precisó.
En ese sentido, explicó: “Para ponerlo en dimensión, en 2023 el presupuesto de las universidades era del 0,73% del PBI, si uno va un poquito más lejos al año 2017 por ejemplo el presupuesto de las universidades medido en términos del PBI alcanzaba los 0,87 puntos del producto”.
Además de esta caída, puntualizó Ruiz, para la iniciativa que impulsa el Ejecutivo para 2026 “se suma que propone derogar el piso que se garantizaba para toda la educación que se conoce como gasto público consolidado, estipulado en la Ley de Educación Nacional, que dicho sea de paso no se está cumpliendo con las inversiones que viene haciendo particularmente el sector público nacional en las universidades. Ahora, para el 2026, lo que propone es directamente derogarlo”.
De este modo, para Ruiz la importancia de tener un presupuesto para 2026 aprobado por el Congreso es que “le va a permitir a los organismos públicos poder tener una previsión y una planificación respecto de los recursos con los que van a contar, en el caso de las universidades, contemplando puntualmente lo que tiene que ver con la Ley de Financiamiento Universitario”, argumentó.
La situación de las universidades desde que asumió Javier Milei
El balance en estos casi dos años de gestión libertaria para las universidades en materia de inversión y financiamiento fue totalmente negativo. Al respecto, Ámbito consultó a Juan Ignacio Doberti, profesor e investigador de la UBA, quien analizó cómo les fue a la educación superior en materia de recursos desde que asumió Milei.
“Las universidades nacionales han sufrido un recorte presupuestario sin precedentes desde la asunción del gobierno de Milei. El componente más importante, los salarios, que hoy constituye el 90% de sus erogaciones, se redujo en un tercio, algo que incluso reconoce el Gobierno en los considerandos del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Esto impide atraer y retener a los docentes calificados, generando un éxodo hacia otras actividades”, explicó Doberti.
En ese sentido, el docente e investigador alertó: “La consecuencia es muy grave para la enseñanza y dramática para la investigación que necesita consolidar a través de los años a grupos de trabajo con formación a través de una relación entre maestros y discípulos”.
Otro problema causado por los recortes presupuestarios del Gobierno es el faltante de recursos para funcionamiento, lo que implicó un fuerte impacto en la prestación del servicio de las universidades públicas. “Los gastos de funcionamiento fueron recortados en forma similar desde el mes de abril del año 2024, lo que sumado al aumento de tarifas de servicios públicos impide un financiamiento adecuado de las aulas, laboratorios, bibliotecas, viajes de estudios, hospitales, etc”, señaló Doberti.
Además, dijo Doberti, “las obras de infraestructura con financiamiento del Estado nacional fueron totalmente paradas, lo cual afecta fundamentalmente a las nuevas universidades, como así también las becas para los alumnos de familias vulnerables que fueron eliminadas en más de la mitad de los casos (-56%) y las restantes perdieron un 65% de su valores”. Por lo tanto, “esto tiene el perjuicio adicional de afectar a los sectores sociales con menor capital económico, social y cultural, dificultando severamente las trayectorias educativas”, enfatizó el especialista.
A modo de conclusión sobre la situación que atraviesan las altas casas de estudio, Doberti planteó: “El Gobierno no cerró las universidades nacionales pero las obligó a funcionar con una escasez tal de recursos que inevitablemente les generará una merma en su desempeño, lo cual justificará, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, su desfinanciamiento, en un circuito perverso de profecía autocumplida”.
