Aunque su crecimiento parlamentario y las promesas de aliados lo entusiasman con una sanción en la sesión del viernes, continúa la incertidumbre sobre un artículo que implica recortes en los fondos educativos.
Desde las 12 horas del viernes 26 de diciembre, el Gobierno nacional tendrá una sesión determinante en el Senado para su proyección política y financiera. Tras más de un mes de negociaciones con las provincias, busca sancionar su redacción de Presupuesto 2026, para interrumpir dos años consecutivos sin ley presupuestaria. Además, incluye en el debate el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que contempla una reforma del Régimen Penal Tributario y una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.
El oficialismo teme que se replique en el Senado la conducta ocurrida en Diputados, cuando una rebelión desde las provincias impidió la sanción de un capítulo entero. Se trataba de una redacción que incluía la eliminación de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, la distribución de fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, la derogación de la movilidad de asignaciones familiares y la reducción de las regiones alcanzadas por el régimen de zona fría.
Ahora, la mirada está puesta en el artículo 30 del Presupuesto 2026, que define la derogación de leyes que fijan mínimos de partidas presupuestarias a la educación y la ciencia. Entre sus reformas, remueve un párrafo de la Ley de Educación Nacional que establece un 6% como piso de inversión en todos los niveles del sistema educativo, en simultáneo a que elimina de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad que debe tener el área de ciencia y tecnología hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032. Además le pone fin al Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, compuesto por un 0,2% de los Ingresos Corrientes, y al Fondo Nacional de Defensa, que representa un 0,8% de los Ingresos Corrientes.
El temor oficialista no radica sólo en la eliminación de ese artículo. Es que de modificarse cualquier elemento de la redacción del Presupuesto 2026, el proyecto deberá regresar a Diputados, que tendrá sólo dos días para dictaminar y aprobar la iniciativa antes del fin de las sesiones extraordinarias, fechada para la medianoche del 30 de diciembre. Desde el oficialismo aseguran ya haber comprado pasajes de avión abiertos para los representantes provinciales en caso de que tengan que llegar a Capital Federal de urgencia.
Presupuesto 2026: los puntos más importantes
Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.
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Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, «con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales». El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.
El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.
Ley de Inocencia Fiscal: principales cambios propuestos
Una de las modificaciones centrales recae sobre el Régimen Penal Tributario, que implica la actualización de los umbrales que determinan cuándo una falta tributaria pasa de ser administrativa a penal. Por ejemplo, el piso para considerar evasión simple subiría desde montos muy bajos fijados en 2017 a niveles significativamente mayores, con cifras como $100 millones para evasión simple y $1.000 millones para la calificada.
El proyecto también actualiza las multas, amplía los plazos de prescripción en ciertos casos y reduce los plazos de prescripción para contribuyentes cumplidores, lo que, según sus impulsores, ofrecería mayor predictibilidad en la relación con la administración tributaria.
Otra sección del proyecto institucionaliza la creación de un régimen voluntario de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas cuyos ingresos y patrimonio no superen ciertos límites. En ese esquema, la autoridad fiscal confecciona la declaración en base a datos disponibles, y si el contribuyente paga en término, queda liberado de otras obligaciones formales salvo errores graves detectados posteriormente.
