El anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sobre una negociación por un swap de 20.000 millones de dólares con la Argentina encendió las alarmas en el ámbito político local. A las pocas horas, un grupo de parlamentarios del Mercosur envió una carta a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para recordar lo que marca la Constitución: toda operación de endeudamiento externo necesita la autorización previa del Congreso Nacional.
El texto, dirigido a la encargada de negocios Heidi Conex Rápalo, subraya que cualquier préstamo, línea de crédito o mecanismo financiero que no cumpla con ese paso “carecerá de toda validez y legitimidad ante el pueblo y las instituciones argentinas”. La nota llega en medio de las conversaciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene con funcionarios norteamericanos para asegurar financiamiento externo.
En la misiva, los legisladores remarcan que incluso la Ley de Administración Financiera establece de manera precisa que el tipo de deuda, el monto, el plazo y el destino del financiamiento deben quedar definidos por ley. “No se trata de un mero formalismo, sino de una obligación constitucional que preserva la soberanía democrática”, sostienen.
La advertencia cobra mayor peso frente a las declaraciones de funcionarios estadounidenses que condicionaron la ayuda financiera a los resultados electorales, un gesto que los parlamentarios calificaron como “inaceptable” por violar el principio de no injerencia en asuntos internos.
La carta remata con un aviso claro. Si la plata entra sin aval del Congreso, no será deuda del país sino un problema personal de Milei, en un recuerdo que todavía pesa del endeudamiento con el FMI.
