Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, el operador judicial y todoterreno del macrismo que volvió al país como si nada después de estar prófugo más de tres años, será indagado por posibles amenazas el próximo 4 de diciembre, según dispuso la jueza María Servini. El interrogatorio no será, sin embargo, el que motivó su huida, por la causa «madre» en la que está imputado por extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, para que pusieran sus medios al servicio del gobierno de Mauricio Macri o desapoderarlos de ellos, sino por un expediente que tramita en forma paralela. Allí, de todos modos, también es investigado por presuntos aprietes que habrían tenido lugar cuando ambos empresarios estaban presos como parte de la ofensiva impulsada desde la Casa Rosada.
Rodríguez Simón se fue a Uruguay en diciembre de 2020, cuando todo indicaba que avanzaba una causa que desde comienzos de 2019 lo involucraba en su papel de interlocutor del gobierno de Macri para ejercer presión sobre el Grupo Indalo, algo que también se ejecutó a través de organismos como la AFIP. Esa causa, que es la principal, la tiene la Corte Suprema desde hace casi un año y medio, lo que implica que pesa a que volvió al país «Pepín» todavía no puede ser indagado por este asunto.
El punto de partida de la historia había sido el 25 de octubre de 2015, el día de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Macri citó a López en la casa de su padre, Franco Macri, en Barrio Parque. Le dijo que sabía que sabía que ganaría en segunda vuelta, por una encuesta de la embajada de Estados Unidos.
«¿Cómo vas a jugar de ahora en más?», preguntó el todavía candidato. Ante el pedido de precisiones del empresario le dijo que quería sabe qué pensaba hacer con C5N, si sería «oficialista u opositor». Según relata el periodista Pablo Duggan en su libro La persecución Macri le dijo abiertamente: «Necesito que me acompañes para la segunda vuelta. Y cuando sea presidente, te quiero como un actor importante: hay que hacerla mierda a Cristina, hay que meterla presa. Yo quiero eso, si vos me ayudás no vas a tener problemas y te va a ir bien…» López le respondió: «no cuentes conmigo para eso».
Cuando Macri llegó a la presidencia Pepín tuvo varios encuentros con Cristóbal López y Federico Achával, su socio en otros negocios (el hipódromo y el casino flotante). Les reclamaba impuestos, cuestionaba al canal. «El Presidente quiere que no ganen nada en los cuatro años que vienen”, declaró López que le advertía el operador, y que él entendía que el problema era que él “vendiera” lo suyo. Poco después le hizo saber que empezaba la “guerra”: se hizo explícita con una tapa del diario La Nación que decía que la empresa Oil Combustibles que tenía con De Sousa tenía una deuda de 8000 millones de pesos con la AFIP. Por ese caso terminaron presos hasta octubre de 2019 y en el juicio oral fueron absueltos, aunque todavía la sentencia está bajo revisión en Casación, por orden de la Corte Suprema que indicó una revisión.
Citación, huida y regreso
Servini concretó el primer llamado a indagatoria de Rodríguez Simón en marzo de 2021, cuando evaluó que había suficientes sospechas de las amenazas, hostigamiento y asfixia económica sobre el Grupo Indalo. Pero el operador estrella de Macri ya estaba en Uruguay. Amagó con volver pero no lo hizo. En el país vecino su pedido de refugio, como supuesto perseguido político (así se describía) naufragaron tanto en la Comisión de Refugiados como en todas las instancias judiciales. Tenía pedido de captura internacional y era un prófugo, pero esto no implicó contratiempos para él.
Este año «Pepín» entendió, y así le dijo a la magistrada, que el escenario había cambiado (entiéndase, con el nuevo gobierno de Javier Milei) y que no se sentía más perseguido. La jueza le concedió la eximición de prisión a condición de que pusiera una fianza de 3.120 millones de pesos, de la que se se ocupó su amigo José Torello, exjefe de asesores de Macri, con quien Rodríguez Simón compartía despacho en la Casa de Gobierno pese a que él no tenía ningún cargo. En rigor, puso una propiedad, y el «Pepín» volvió lo más tranquilo, sin riesgo de quedar detenido y apenas pasó un rato por Comodoro Py para firmar una notificación después de bajar de barco.
Como reveló Raúl Kollmann, en cuanto regresó, se fue a comer al Jockey Club Bistró, en Cerrito cerca de Alvear, donde casualmente estaba otro amigo, el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, con quien se saludó en un caluroso abrazo. Rodríguez Simón fue el ideólogo de la designación por decreto de Rosenkrantz y Horacio Rosatti que intentó Macri, jugada que fracasó por diferencias internas en el gobierno y porque la Corte de entonces, encabezada por Ricardo Lorenzetti, no les tomaría juramento. Los pliegos fueron entonces al Senado. Es la misma jugada que el gobierno actual deja trascender como posibilidad para cubrir las vacantes supremas cuando pronto se jubile Juan Carlos Maqueda y el tribunal quede con tres miembros.
La indagatoria
Rodríguez Simón no será indagado todavía por la causa original, ya que casualmente el expediente completo lo tiene la Corte Suprema desde hace más de un año. Cuando Servini lo pidió para resolver la excarcelación, le advirtieron que en 24 horas debía devolverlo. ¿Qué debe resolver la Corte? Recusaciones de De Sousa contra los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia por sus intervenciones, está recurrida por la fiscalía y por López la exención de prisión de «Pepín» con caución real de los 3120 millones. Los abogados José Manuel Ubeira y Fabián Lértora que representan a López reclamaron a los supremos que devuelvan la causa y se pueda «proseguir» con la investigación.
La indagatoria que le recibirá Servini al operador la semana próxima surgió como derivación de la declaración de De Sousa en el juicio de Oil Combustibles. Ya había dejado constancia de que su pareja, su madre, su familia «era perseguida» y que los paraban los «servicios de inteligencia» cuando iban a verlo a la cárcel. Pero también relató que Rodríguez Simón citó a través del empresario Nicolás Caputo –el amigo del alma de Macri– a Ricardo Benedicto, amigo de De Sousa y socio de López en una empresa de juegos de azar. Se había cruzado en una cena. Después Pepín llamó a Benedicto directamente y lo convocó a su casa. Según relató De Sousa «Simón le dice ‘me estás viendo, pero adelante mío está Macri, Nicolás Caputo, Mario Quintana, José Torello y yo, como diciendo que venía en representación de esas personas» y también le dijo «te quiero hablar de tus amigos, los delincuentes que por suerte están en Ezeiza», aludiendo a la cárcel. Lo que quería era que dejaran caer la denuncia por el hostigamiento y frenar el libro de Duggan.
«Claramente considero que de lo vertido por De Sousa en esta investigación guarda relación directa con sucesos políticos comerciales pero con efectos que amenazan la integridad fiscal del denunciante y su familia en un marco de persecución que tendría como víctima directa al Grupo que integra con Cristóbal López…», escribió cuando impulsó la causa el fallecido fiscal Jorge Di Lello. Agregaba que se buscaba detener el libro en el que «comprometerían a personas del gobierno». «No puede quedar este hecho sin atención alguna» «habiendo delineado el denunciante un supuesto compromiso del gobierno nacional con los sucesos» que señaló como amenazas y amedrentamiento.
