La presión impositiva del gobierno nacional en Argentina subió 2,46 puntos porcentuales entre 2004 y 2024, a pesar de la abundante normativa que se fue emitiendo durante esos años, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral.
El CET presentó un nuevo informe sobre legislación fiscal, en el que analiza la evolución de las disposiciones impositivas nacionales entre 2002 y 2024.
“El análisis destaca que, salvo en el primer gobierno de Cristina Kirchner, la mayoría de las normas en los últimos 20 años estuvieron orientadas a aliviar la carga fiscal. Sin embargo, según el CET, estas medidas tuvieron un efecto limitado.
En ese sentido señala que “se trata de ajustes accesorios en un esquema que mantiene altos niveles de presión tributaria”.
“La reducción de carga desde 2016 no modificó la situación de fondo, ya que solo se disminuyó 3,1%”, concluyó el reporte. Pero si se mide entre 2004 y el 2024 la carga está mas arriba. Hace 20 años era del 20,26% mientras el año pasado era de 22,68%.
El reporte solo está enfocado en la presión tributaria de los impuestos nacionales que suele oscilar entre el 25% y el 23% de acuerdo con los años. Es de recordar que la presión tributaria se mide como la relación entre la recaudación y el PBI, de lo cual pueden surgir diferentes combinaciones. Si la economía cae, por ejemplo, y la recaudación de impuestos se mantiene igual la presión sube, y en cambio, en una economía que crece puede bajar si se mantienen el mismo nivel de ingresos.
Básicamente, la presión tributaria no tiene que ver directamente con las alícuotas que se cobra por cada impuesto (lo que se denomina presión tributaria legal) sino lo que se recauda con eso. Si hay evasión fiscal, por ejemplo, entra menos dinero al fisco, y la presión efectiva es menor, aunque la carga tributaria sobre les que pagan es mayor.
El estudio, elaborado por los economistas Diego Rivas y Lucio Cardinale-Lagomarsino, revela que los últimos nueve años fueron los períodos de mayor emisión normativa, con un pico en 2020 durante la pandemia de COVID-19. En promedio, se emitieron 54 normas por año, pero los gobiernos de Mauricio Macri (78), Alberto Fernández (86) y Javier Milei (64 en su primer año) superaron ampliamente ese número.
“La proliferación de normativa es reflejo de un sistema tributario caracterizado por marchas y contramarchas. Desde 2016, el volumen de disposiciones se incrementó y, aunque muchas buscan reducir la carga fiscal, no alteran la complejidad estructural ni la elevada presión impositiva que caracteriza a la Argentina”, explicó Rivas.
El informe detalla que los tributos más afectados fueron el Impuesto a las Ganancias, el IVA y los aportes a la Seguridad Social, con un claro predominio del primero en la última década.
Si bien, salvo algunas excepciones, ARCA es el organismo que emite la mayoría de la normativa, se observa un cambio en los actores que la acompañan en la generación de normativa: Entre 2003 y 2009 predominó el Poder Legislativo, Desde 2010 en adelante, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pasó a ocupar un rol central.
“El mayor protagonismo del Poder Ejecutivo en materia tributaria es un dato relevante: mientras las leyes pierden peso, los decretos del PEN y las resoluciones de ARCA ganan protagonismo. Esto plantea interrogantes sobre la calidad institucional y el principio de legalidad tributaria”, señaló Cardinale-Lagomarsino.
