Niños y niñas secuestrados junto a sus padres. Llevados a centros clandestinos. Obligados a presenciar tormentos. Usados como cebos para capturar a sus padres. Abandonados tras arrancarlos de los brazos de sus padres. Depositados en Casa Cuna para no entregarlos a sus familias. Esos son algunos de los patrones de criminalidad que puso en práctica la última dictadura y que, a diferencia de las apropiaciones ilegales, permanecen impunes en su gran mayoría. La buena nueva es que la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de Mendoza, que integran el fiscal Dante Vega y los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar, solicitó la imputación de 24 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes (NNyA) en el marco del terrorismo de Estado. La lista de acusados incluye a exmiembros del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército y la IV Brigada Aérea.
El requerimiento de instrucción presentado por el Ministerio Público Fiscal, sobre el que informa el portal Fiscales, establece que en el marco del plan criminal contra amplios sectores de la sociedad, a los que el aparato represivo etiquetó como enemigos durante la última dictadura, se fue generando una práctica sistemática de violencia dirigida contra niños, niñas y adolescentes.
La primera categoría que identifican los fiscales son los delitos contra NNyA que permanecieron a disposición del aparato represivo luego de los operativos contra sus progenitores. Algunos fueron retenidos hasta ser entregados a familiares o institucionalizados. Otros, trasladados a centros clandestinos como el D-2 junto a sus madres, expuestos a tormentos psicológicos y físicos. A un bebé de siete meses lo dejaron en la puerta de la casa de sus abuelos en condiciones deplorables y con secuelas físicas evidentes. Otro de diez meses estuvo un mes secuestrado en la casa de un comisario, que lo usó como carnada para capturar a su padre, hasta ser rescatado por sus abuelos en estado de abandono.
El segundo patrón criminal es por los delitos durante los operativos: privaciones de la libertad temporales, aislamiento, encierro o violencia directa. Los gritos, golpes, disparos y amenazas generaron un impacto severo sobre los niños. Dos hermanos de cuatro y seis años fueron encerrados con la boca tapada con cinta durante el secuestro de sus padres, hasta que los encontró una vecina. Otros hermanos estuvieron horas llorando en la vereda, sin que los vecinos pudieran auxiliarlos.
Los bebés y niños abandonados a su suerte, en total desamparo, tras los secuestros de sus padres, conforman el tercer tipo de conducta criminal, que configura el delito de abandono de persona. El cuarto, según la tipificación de los fiscales, son las acciones de violencia directa y diferenciada contra NNyA: agresiones físicas, amenazas con armas o interrogatorios, a menudo para presionar a sus padres y arrancarles información. A un niño de tres años le pusieron un arma en la cabeza frente a su padre. A una niña de cinco, le apuntaron y la obligaron a entregar la llave de su casa que su madre le había encomendado. A un adolescente le introdujeron un arma en la boca. Otra niña de cinco años fue obligada a presenciar las torturas físicas contra su padre.
El último patrón criminal se vincula contra la identidad. Además de la apropiación, sustracción, retención u ocultamiento de menores de 10 años, casos examinados en otros procesos, el escrito incluye el caso de una niña remitida por el D-2 como NN a la Casa Cuna, pese a que los policías conocían su identidad, hasta que la familia logró recuperarla.
Gran parte de los imputados por Vega, Rodríguez Infante
y Quintar ya fueron juzgados y/o condenados en otros juicios de lesa humanidad,
por los secuestros, torturas y asesinatos de sus padres. El requerimiento abarca
tanto a quienes prestaban funciones en los centros clandestinos a los que
fueron trasladadas las víctimas, en particular al D-2, como a quienes ocuparon roles
jerárquicos en las estructuras represivas involucradas en el diseño y ejecución
de gran parte de operativos. Por las trece celdas del D-2, el principal CCD de
Mendoza, pasaron más de 300 personas secuestradas.
