La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) le pidió a la justicia que investigue si el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, hizo inteligencia sobre sus integrantes y los miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA). Desde la cartera habían querido vincular a rescatistas y organismos de derechos humanos con el ataque que sufrió Fabrizia, la nena de diez años que fue gaseada en la movilización del miércoles pasado.
En la tarde del miércoles, empezó a circular un video en el que se veía a una mujer, vestida de naranja, arrojando un líquido. En algunos medios de comunicación informaron que había sido la agresora de Fabrizia, que había ido hasta la zona del Congreso con su mamá para protestar contra el veto a la mejora de las jubilaciones. La número dos de Patricia Bullrich, Alejandra Monteoliva, salió a decir que no había personal policial en el área en que la nena había sido agredida y que desde la semana anterior venían observando a estas personas que estaban vestidas de naranja, que pertenecían a grupos de socorristas o de organismos de derechos humanos y que incluso podrían ser infiltrados.
Con el correr de las horas, quedó al descubierto que era una operación: Fabrizia y su mamá habían sido gaseadas por un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA). De hecho, en las imágenes se ve con nitidez que el agente baja su brazo para rociar a la nena pese a que otros manifestantes le advirtieron que había una menor de edad. La CPM dice, además, que se escuchó una orden de “avancen” e identificó como el responsable de darla al comisario inspector Gerardo Ariel Perillo.
Desde La Nación Más y TN identificaron al jefe de la PFA, Luis Alejandro Rollé, como la persona que les habría hecho llegar el video falso con el que se pretendía encubrir el accionar policial. Bullrich dijo que iba a analizar su situación y que después la comunicaría.
El organismo que presiden Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos ya había pedido que se investigara a Monteoliva y a los efectivos de la Policía Federal por el ataque contra Fabrizia, ya que entiende que fue hecho con intención de causar severas lesiones sobre la chiquita y en abierta violación de las recomendaciones de Naciones Unidas sobre el empleo de armas menos letales, que dicen que los irritantes químicos solo deben usarse para incapacitar o disuadir a un agresor violento o para efectuar la detención de un sospechoso que se resiste violentamente. Éste no era el caso de Fabrizia, que estaba junto a su mamá sentada en la calle.
La causa quedó radicada en el juzgado de María Servini. Este sábado, la CPM amplió la denuncia y le solicitó a la jueza que investigue si el Ministerio de Seguridad no está violando la ley de Inteligencia Nacional y la de Protección de Datos porque advirtió que en las últimas manifestaciones habría agentes federales –con y sin identificación– que se encargan de obtener registros fílmicos de los hechos y de las personas.
A ese dato se sumaron las declaraciones de Monteoliva que afirmó en distintos medios que estaban reuniendo información sobre las personas que van de naranja a las movilizaciones. Bullrich incluso dijo que habría un grupo organizado de la provincia de Buenos Aires que decía cómo cubrirse y cómo arrojar gases. Todo indica que el Ministerio de Seguridad apunta sus cañones contra la CPM y el CEPA.
“Se estaría recopilando información de carácter personal con la potencialidad de constituir bases de datos no permitidas y realizar tareas de obtención, recopilación, sistematización y análisis de información prohibida”, dice el escrito presentado por Pérez Esquivel, Barrancos y Roberto Cipriano García al que accedió Página/12.
“Se podrían estar construyendo registros que conforman una base de datos del Estado, específicamente en la cartera del Ministerio de Seguridad del cual dependen las fuerzas que obtienen los registros en las manifestaciones alimentándose con criterios de clasificación prohibidas por la normativa en la materia”, añadieron.
En esa línea, le solicitaron a Servini que le pida al ministerio que conduce Bullrich que informe qué información tiene de la CPM y del CEPA y quiénes eran los funcionarios que estuvieron en el comando unificado desde donde Monteoliva dijo que hablaba cuando refrendó el video fake que después fue desmentido.
La resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad –popularmente conocida como el protocolo antipiquetes o antiprotestas– establece en su artículo 12 la creación de un registro de organizaciones que participan de cortes de calles y el número de “infractores”.
No es la primera denuncia de espionaje contra Bullrich en lo que va del gobierno de Javier Milei. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) reunió declaraciones de personas que fueron detenidas el 12 de junio en las inmediaciones del Congreso cuando se trataba la ley Bases. Estas personas declararon que en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) las interrogaron acerca de sus inclinaciones políticas, algo que el diputado Leopoldo Moreau –entonces en ejercicio de la presidencia del cuerpo legislativo y actualmente su vicepresidente– entendió que era violatorio de la ley de Inteligencia Nacional.
