Podría reiniciarse la discusión por un proyecto del Senado que busca generar un agravante por quienes intencionalmente provoquen un incendio.
Mientras el trabajo de las brigadas de bomberos y las precipitaciones lograron aliviar el incendio que se extendió en bosques nativos de Chubut, ya inicia el debate para diseñar nuevas sanciones a aquellos que afecten a bosques nativos.
El pedido fue subrayado por el gobernador provincial Ignacio Torres, quien afirmó en declaraciones radiales que “los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”.
En ese sentido, remarcó que existe un proyecto que “contempla la figura de ‘ecocidio’” que tendría un impacto penal en las personas que estén involucradas en incendios de ecosistema virgen.
Por otro lado, se encuentra vigente la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que además de establecer presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales fija un período de 60 años post incendio durante los cuales los propietarios de los predios quemados no pueden realizar actividades agropecuarias, subdivisiones, loteos y ventas (en caso de bosques nativos o implantados); y de 30 años, para el caso de zonas agropecuarias, pastizales o matorrales.
«Ecocidio»: qué dice el proyecto de ley
El proyecto de ley que alcanza a «Formas Especiales de Criminalidad Ambiental» fue presentado durante el 2025 por la senadora chubutense Edith Terenzi, cercana a Ignacio Torres y presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Su propuesta aún no alcanzó el recinto.
Bomberos Chubut
@NachoTorresCH
En ese marco, se define «ecocidio» como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente, que «imposibilite la regeneración natural del ecosistema afectado» o «provoque deterioros severos sobre el medio ambiente».
Así es como se establece penas, en el caso de un «ecocidio» intencional, de entre 3 y 10 años de prisión y «multa equivalente al valor en pesos de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena del que cometiera el daño». En tanto que si el daño ambiental fuera «irreversible» las condenas oscilarían entre 5 a 15 años, con multas de 70 salarios mínimos. Dos agravantes que propone el proyecto contempla si el autor es funcionario público o si su acción provoca alguna muerte.
