En el salón Azul de la Facultad de Derecho y con la asistencia de más de 300 inscriptos, figuras internacionales como la relatora especial sobre la Tortura, Alice Jill Edwards, y representantes de Naciones Unidas que están a cargo de comités como Jorge Contesse y Marco Feoli, junto a Andrea Pochak de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debatieron respecto a sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas de detención, violencia institucional y uso excesivo de la fuerza. Fue en el seminario regional Prevención y erradicación de la Tortura en América Latina: diálogos entre el control internacional y la acción preventiva. También se debatió sobre la represión a la protesta social en los países de la región.
Jill Edwards, la primera mujer que ocupa la relatoría especial sobre la tortura en la ONU, describió críticamente las problemáticas que vive la región en materia de acceso a derechos de las personas privadas de la libertad poniendo el acento en los altos niveles de hacinamiento. «Las cárceles mal administradas crean condiciones para la tortura y los malos tratos. Las prisiones no son responsables por sí solas sino que deben abordarse las profundas problemáticas de la justicia penal y la insuficiencia de infraestructura e información», subrayó. Al mismo tiempo, destacó algunos avances que se han dado en la región. Entre ellos algunas prácticas que, en muchos casos, fueron promovidos por los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura. «Es posible mejorar las condiciones carcelarias y la prevención de la tortura», aseguró Edwards.
La relatora describió que en Bolivia, por ejemplo, se aumentaron los programas de capacitación y formación profesional para las mujeres detenidas; en Brasil los jueces pueden ver a los detenidos dentro de las 24 horas de detención; en Uruguay el Mecanismo contra la Tortura realiza visitas periódicas sin previo aviso y publica sus conclusiones; en Colombia las iniciativas de justicia restaurativa están comenzando a reducir la población carcelaria; en Argentina, durante la pandemia se habilitó el uso de teléfonos celulares, y en Paraguay se está incrementando el monitoreo electrónico para aliviar el hacinamiento en las instalaciones penitenciarias.
Por su parte, Contesse, que dirige el Comité Contra la Tortura (CAT), puntualizó el rol clave de las organizaciones de la sociedad civil en la prevención. También advirtió que hoy en día hay más retrocesos que avances en el acceso de derechos de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, el experto chileno destacó el importante proceso de institucionalización de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura que se desarrollan actualmente en la región y al mismo tiempo, sus correlatos en las provincias. «Para las Naciones Unidas es extremadamente valioso el trabajo con el Subcomité para la Prevención de la Tortura, pero también con los Mecanismos Nacionales e, incluso, provinciales para lograr un sistema integral para la prevención de la tortura y malos tratos», expresó.
En tanto, Marco Feoli, del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), precisó que «el problema de la sobrepoblación no se resuelve con la construcción de nuevas cárceles. En la actualidad se habla de la idea de la mega cárcel como supuesta solución a todo. Pero nadie sabe con exactitud a qué se refieren con mega cárcel. Como si las realidades de los países fueran idénticas, como si la situación en Uruguay fuera similar a la de Guatemala u Honduras, o Brasil». También advirtió que «vivimos en un contexto donde se observa un innegable aumento de las violencias y las únicas respuestas que se presentan son las respuestas punitivas alimentadas por el poder mediático. Problemáticas que, a su vez, deben analizarse a la luz de las debilidades institucionales que vive Latinoamérica».
El seminario comenzó el martes 29 con palabras del Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, y de Jan Jarab, representante regional del Acnudh, quien señaló que «esta clase de instancias son fundamentales para construir sinergias entre todos los países de la región para construir sociedad más respetuosas de la dignidad humana porque en esta región, la tortura y los malos tratos no son un fenómeno del pasado sino que persiste en formas diversas».
Mujeres y familiares
Posteriormente, se analizó el sobreuso de la prisión y sus múltiples efectos en las mujeres privadas de la libertad. «Uno de los grandes problemas es la falta de formación en género de jueces, fiscales y defensores», puntualizó Mercedes Reyes, jueza de Ejecución de Uruguay quien estuvo acompañada en la mesa por representantes de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura de Chile, Bolivia, Paraguay y Argentina. El siguiente panel se refirió a las experiencias en la implementación de recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos desde los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, donde hicieron uso de la palabra representantes de Brasil, Chile, Ecuador y Argentina.
Durante la jornada del miércoles, la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Andrea Pochak se refirió al impacto que tiene la prisión en los familiares de las personas privadas de la libertad. «Es clave la información, que los Estados sepan quiénes son los vínculos de esas personas y, al mismo tiempo, que esa información no sea un elemento extorsivo para las personas privadas de la libertad». También destacó que «los Estados tienen la obligación de fortalecer los vínculos de los familiares y evitar toda injerencia arbitraria». En ese panel estuvo también Andrea Casamento, fundadora de Acifad (Asociación Civil de Familiares de Detenidos), quien planteó que «los familiares somos los primeros agentes de prevención de la tortura ya que somos los que estamos más cerca de las víctimas de tortura».
El cierre del seminario estuvo a cargo de Irrazábal y de Jarab. Al evento, además asistieron representantes de las embajadas de Brasil, Unión Europea, Suiza; de los Mecanismos Nacionales de Prevención de Guatemala y Ecuador; de la defensoría de Colombia y de los 16 mecanismos locales del país, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); el secretario de organización penitenciaria de Córdoba, Iván Ortega; Matthew McEvoy por Omega Research Foundation y Fabio Cascardo por APT (Asociación para la Prevención de la Tortura).
