Bajo la lupa de la bicameral Revisora de Cuentas del Congreso hay decenas de proyectos financiados no sólo por el BID, sino también por la CAF y otros organismos, que acarrean retrasos flagrantes en la aplicación de las políticas públicas para los que en un principio se acordó el desembolso del dinero. En la mayoría de los casos son programas de desarrollo por cientos de millones de dólares cada uno, que venían desde el último tramo del gobierno anterior y quedaron congelados por decisión de Luis Toto» Caputo y Milei. Por ejemplo, hay dos programas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el sector agroindustrial por casi 500 millones de dólares que registran solamente un 38 y un 20 por ciento de ejecución. También aparecen un programa de Infraestructura Universitaria (que justamente es uno de los cinco puntos de reclamo de las casas de altos estudios que esta semana se movilizan contra el veto) y otro de Inclusión Financiera de vieja data, que el propio Caputo renoce haber congelado.
Además, hay otros que se cree que fueron directamente desviados para obtener liquidez, sobre todo los firmados a partir de 2024. Según las conclusiones incipientes de la bicameral, el Gobierno decidió utilizar varios de los créditos negociados en el último año y medio para utilizarlos en gastos corrientes como el programa Alimentar o el subsidio a las tarifas. El mecanismo consta en endeudarse en dólares mediante esos créditos y luego reconocer gastos que se realizan en pesos, mientras las divisas se acumulan en el Tesoro. En paralelo, el país acumula deuda sin avanzar en obras concretas.
El combo se completa con otra tanda de préstamos en que esa operatoria aparece de forma explícita. En esa línea se inscribe el “Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento”, que Goldfajn firmó en agosto de 2024 con el Gobierno, por 647 millones de dólares, anunciado con bombos y platillos. Esos 647 millones iban a estar repartidos en un proyecto de «Mejora del Ferrocarril General San Martín» por 400 millones (una línea en la que en mayo de 2024 se produjo un choque con más de 50 heridos y por el que los gremios denunciaron al Gobierno por la falta de mantenimiento en el sistema de señalización automática).
También hay créditos de apoyo al programa MiPyMEs por 56 millones; y de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria por 80 millones, entre otros. La mayoría fueron cancelados a medio camino y los fondos que quedaban por ejecutar pasaron al tipo financiero (SWAP), tal como si fuese un préstamo directo, por ejemplo, del FMI.
En mayo, la bicameral le exigió a Caputo que informe «el estado actual de los préstamos de inversión vigentes». En la solicitud le adjuntó, a modo de muestra, 15 proyectos que según la Auditorí General de la Nación (AGN) tenían baja o nula ejecución. Caputo contestó con información escasa de sólo seis de esos proyectos, los que sobrevivieron a la poda. Como la respuesta fue casi una burla, la comisión decidió ampliar su pedido de informes y citar al propio titular del BID, Ilan Goldfajn. Si bien no se hicieron pedidos por los canales formales, el propio Pichetto expuso en la bicameral los mensajes que intercambiaron con representantes del banco para que un grupo de legisladores se pueda reunir con él. No hubo caso.
