Incluye en el proyecto un régimen de declaración jurada simplificada para el Impuesto a las Ganancias, algo que se trató de hacer por decreto, pero no tuvo éxito en 2025.
El presidente Javier Milei anunció que el fallido proceso de blanqueo de dólares del colchón, que este año se trató de hacer mediante un decreto, ahora se va a perfeccionar como ley, al ser incluido en el Presupuesto 2026.
«Insistiremos en restituir la tan bastardeada presunción de inocencia fiscal, para eso mismo buscamos crear un régimen simplificado de declaración jurada de ganancias. Se acabó esa absurda idea de que el Estado considera a todos sus ciudadanos como criminales de manera preventiva», señaló Milei en cadena nacional.
Cabe recordar que este año a través del Decreto 353/2025 y la Resolución General 5704/2025 de ARCA se creó un Régimen Simplificado de Ganancias cuya finalidad era que los contribuyentes comenzarán a usar dólares no declarados en sus transacciones habituales.
El régimen permite declarar ingresos solo por rentas de fuente argentina y no requerir justificación de origen para patrimonios adquiridos con estos fondos.
Con ello, el Gobierno procura formalizar dinero no declarado, bajo la presunción de que no es producto de evasión fiscal sino de personas que habiendo obtenido dinero de manera legal ahorró en dólares comprados en el circuito informal. De hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, llegó a hablar de un proceso de «remonetización» en dólares.
Dólares fuera del sistema
La idea surgió este año a partir de un comentario de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien se había sorprendido de estimaciones que indican que los argentinos tienen unos u$s200.000 millones fuera del sistema.
En ese sentido, cuando se puso en marcha el régimen los tributaristas en su momento advirtieron que no iban a recomendarlo a sus clientes debido a que al estar sancionado por decreto, generaba inseguridad jurídica. Ahora al incluirlo en el Presupuesto tendrá fuerza de ley y podría generar una nueva ronda de blanqueos. El del 2024 permitió declaraciones de efectivo por unos u$s23.000 millones.
