la rpesentación fue realizada en virtud de la «soberanía energética». El Decreto 695/2025 había oficializado la venta del 44%.
El concejal de Exaltación de la Cruz, Fernando Martínez, presentó un nuevo amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Campana con la intención de bloquear la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), en medio de la ofensiva oficial por avanzar con su privatización. Se trata del segundo recurso judicial desde que se conocieron los planes del Poder Ejecutivo, y el escrito sostiene la inconstitucionalidad del Decreto 695/2025, además del impacto que tendría la operación sobre la soberanía energética.
NA-SA es responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y se encuentra bajo control del Estado Nacional. A diferencia del argumento gubernamental que promueve vender empresas “deficitarias”, la compañía exhibe números positivos: solo en el primer trimestre obtuvo ganancias por u$s17.000.000, lo que refuerza el cuestionamiento del amparo sobre los fundamentos técnicos del plan oficial.
En el escrito, Martínez remarcó: “Privatizar una empresa eficiente y segura no tiene justificación técnica ni económica. Es una decisión política que pone en riesgo obras estratégicas y la estabilidad del sistema. La energía nuclear no puede quedar en manos de intereses privados”.
Nucleoeléctrica Argentina 3
NA
El pedido de una medida cautelar y las advertencias sobre tarifas
El nuevo recurso solicita una medida cautelar inmediata para suspender cualquier proceso de licitación, oferta o transferencia de acciones, y así congelar la situación societaria de la empresa hasta que los tribunales evalúen los planteos de fondo.
El texto también advierte que incluso una privatización parcial tendría efectos negativos en el sistema energético, especialmente en materia de tarifas y financiamiento: “Los usuarios pierden protección frente a intereses que priorizan rentabilidad sobre el servicio”, detalla la presentación.
El primer amparo contra la venta de NA-SA fue impulsado por la diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, quien reclamó la nulidad e inconstitucionalidad tanto del Decreto 695/2025 como de la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía. Ese expediente avanza actualmente en el Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba, a cargo del magistrado Hugo Vaca Narvaja.
La advertencia política
En el tramo final de su presentación, Martínez subrayó el carácter estratégico del activo que el Gobierno pretende vender: “Es un bien público, construido con décadas de inversión, conocimiento y compromiso argentino. No se puede vender lo que no se puede justificar. Mucho menos sin consulta pública ni control legislativo”.
El debate por el futuro de NA-SA se intensifica ahora en el terreno judicial, donde dos tribunales deberán resolver si la privatización nuclear avanza o queda frenada por completo.
