En un nuevo episodio de persecución política, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a la concejal de Quilmes, Eva Mieri, y a la militante de La Cámpora y funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, Alexia Abaigar, por su participación en una protesta frente al domicilio del diputado libertario José Luis Espert. La magistrada además les dictó un embargo de cinco millones de pesos a cada una.
Según el fallo, Mieri y Abaigar —junto a Iván Díaz Bianchi, empleado administrativo del Hospital provincial Cetrángolo de Vicente López— fueron considerados coautores de los delitos de atentado contra el orden público, amenazas agravadas e incitación al odio por motivos políticos. La resolución sostiene que las acusadas habrían intentado “condicionar la actuación presente y/o futura del diputado”, y pone especial énfasis en que “obraron contrariamente a lo que demandan sus investiduras públicas”.
Sin embargo, el fallo judicial va más allá de los hechos concretos y traza una lectura política del contexto posterior a la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. En un pasaje llamativo, la jueza sostiene que “se desencadenó un clima de sedición por parte de algunos de sus seguidores en el que las intimidaciones, amenazas y hechos de violencia contra las personas y las cosas fueron escalando en un espiral de preocupante intensidad”.
La afirmación forma parte de un texto que mezcla argumentación judicial con una interpretación cargada de tintes ideológicos, en la que se busca asociar manifestaciones políticas con delitos graves como la sedición.
En paralelo, la jueza dispuso el sobreseimiento de Eva Pietravallo (madre de Abaigar) y de Alberto Protti, expareja de la funcionaria. En tanto, dictó la falta de mérito para Aldana Muzzio y Candelaria Montes Cato, otras dos personas investigadas. Además, resolvió levantar el secreto de sumario que regía desde el inicio del expediente.
