A casi cinco meses de la represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero y al prefecto Sebastián Martínez por lesiones graves contra el reportero gráfico Pablo Grillo y el manifestante Jonathan Navarro, respectivamente. Ambos procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero con embargos y restricción para salir del país.
«Ya les dijimos a gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías: alguna vez van a pagar por los actos criminales que sus jefes y jefas les mandan a cometer», destacó la abogada Claudia Cesaroni, quien junto al CELS, representa la querella de la familia Grillo. Los procesamientos dictados por Servini dejan en evidencia la operación montada por el Ministerio de Seguridad, que tras la represión de marzo presentó denuncia penal contra las personas detenidas, por los delitos de sedición, asociación ilícita y atentado contra el orden constitucional.
Los procesamientos de Guerrero y Martínez fueron agravados por ser miembros de las fuerzas de seguridad, a pesar de que en su defensa dijeron respetar las órdenes del operativo antipiquetes ordenado por Bullrich. A Guerrero se le trabó un embargo de 203 millones de pesos, mientras que a Martínez otro por 91 millones de pesos. Ambos deberán fijar un domicilio y dar aviso al Poder Judicial si se ausentan por más de 72 horas.
En el caso de Guerrero, Servini dio por probado que «no hay dudas de que Guerrero fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Pablo Grillo, que lo hizo de forma horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida'», informó el CELS tras conocerse la decisión.
Servini descartó el argumento dado por Guerrero respecto de que no tenía forma de ver a los manifestantes. «Efectuó el disparo de forma antirreglamentaria en dirección hacia la cual se hallaban los manifestantes, con una visibilidad más que clara, sin haber ni humo ni agua ni ninguna otra sustancia u obstáculo», sostuvo la jueza en su resolución a partir de la prueba de las imágenes.
Incluso el material probatorio permitió precisar que Guerrero disparó contra los manifestantes otras cinco veces de forma antirreglamentaria en menos de diez minutos. «A las 17:14 (disparo 1); 17:16 (disparo 2); entre 17:17 y 17:18 -antes del efectuado a Grillo- (disparo 3); 17:20 (disparo 5) y 17:22 (disparo 6)».
En el caso de Martínez, la resolución da por probado que el prefecto buscó herir a Navarro, quien perdió su ojo izquierdo a causa del disparo recibido. «Una vez producidos ambos disparos y alcanzado el rostro de la víctima
en su ojo izquierdo, no es posible advertir nuevos disparos que provengan
de ese agente y a ese sector. Ello da la pauta de que Martínez no tenía
como objetivo otra persona u otro propósito», sostiene la valoración de la prueba volcada en el procesamiento.
