Una iniciativa legislativa plantea reemplazar el actual esquema del impuesto automotor por una tasa de circulación basada en el uso real de calles y rutas, para corregir distorsiones y desigualdades entre contribuyentes.
En medio del creciente malestar por los aumentos de las patentes en distintas provincias, comenzó a ganar visibilidad una propuesta que busca cambiar de raíz la forma en que se cobra este tributo en la Argentina. El proyecto impulsa dejar atrás el criterio patrimonial —atado al valor del vehículo— y volver a un sistema vinculado al uso efectivo de la infraestructura vial.
La iniciativa fue elaborada por el abogado Jorge Monastersky y cobró impulso en los últimos días a partir del debate generado en redes sociales. El eje del planteo es claro: aunque en términos legales la patente debería funcionar como una tasa por circulación, en la práctica opera como un impuesto al patrimonio, generando diferencias difíciles de justificar entre vehículos que usan de manera similar el espacio público.
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Según el texto, el esquema vigente provoca situaciones inequitativas, ya que autos que circulan en las mismas condiciones pueden pagar montos muy distintos solo por su precio de mercado. De ese modo, el gravamen pierde relación con el servicio que debería financiar: mantenimiento vial, señalización y control del tránsito.
Patentes: un criterio único y medible
El proyecto propone fijar un monto anual base para los vehículos de menor porte equivalente a 100 litros de nafta súper, hoy cercano a los $130.000, y desde allí aplicar una escala proporcional según peso, categoría y cantidad de ejes. La idea es que quienes generan mayor desgaste sobre calles y rutas paguen más, independientemente del valor comercial del rodado.
La propuesta toma como referencia experiencias internacionales, como la del estado de Florida (Estados Unidos), donde la tasa de circulación es uniforme y ronda los u$s90 anuales, sin relación con el precio del vehículo.
Además, el texto prohíbe la doble imposición, establece que solo la jurisdicción de radicación podrá cobrar la tasa y convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir y adaptar su normativa. Desde el entorno del impulsor aclaran que el objetivo no es eliminar la patente ni reducir recursos, sino ordenar un sistema que hoy es percibido como excesivamente recaudatorio y poco equitativo.
