Desde Rosario
La Convención Reformadora finalizó su tarea el viernes pasado y la provincia de Santa Fe tiene una nueva Constitución, después de 63 años. El acto de jura, desarrollado en la explanada de la Legislatura provincial, cerró formalmente un trabajo de dos meses, donde se reformaron 42 artículos y se incorporaron otros 46. El nuevo texto constitucional habilita la reelección del gobernador, a la vez que limita mandatos y fueros. También, elimina la mayoría automática en Diputados e introduce una serie de reformas en la estructura del Poder Judicial, muchas de ellas cuestionadas por la oposición. Además, se votó un nuevo régimen municipal que contempla la autonomía y se introducen nuevos derechos para los santafesinos. Unidos, el frente oficialista que responde a Maximiliano Pullaro, contó con el acompañamiento crítico del peronismo en la introducción de cambios sensibles, que le aportaron legitimidad a la reforma. Así, el gobernador santafesino se anota una nueva victoria política, mientras suma al armado nacional de Provincias Unidas que se posiciona como una alternativa de centro en la polarización mileísmo y kirchnerismo-peronismo.
Los convencionales comenzaron a sesionar el 14 de julio y aprobaron el texto reformado el 10 de septiembre, que se juró oficialmente este viernes. La nueva Constitución tendrá 161 artículos y contará con cinco partes: la primera contempla los aspectos dogmáticos (principios, derechos, declaraciones y garantías), mientras que la segunda aborda el régimen electoral. La tercera es la orgánica, donde se delinean los aspectos vinculados a la estructura del Estado, en tanto, la cuarta parte regula el régimen municipal. La quinta parte fija el procedimiento para futuras modificaciones.
Una de las reformas más trascendentes es la habilitación de la reelección por un período para el gobernador. Entre los espacios políticos había consenso para su ampliación, pero diferencias sobre cuándo comenzar a aplicarlo. En la oposición entendían que Pullaro debía quedar excluido de esa posibilidad. Sin embargo, el oficialismo se impuso en el debate y se definió que la gestión vigente sea considerada como un primer mandato, por lo que el gobernador podrá competir por la reelección en 2027. En este punto, el oficialismo consiguió el acompañamiento de siete de los doce convencionales del bloque peronista Más para Santa Fe. También, los tres del Frente de la Esperanza –aliado del oficialismo– y dos de Activemos.
Santa Fe también pasará a tener una distribución proporcional de bancas en Diputados. Hasta ahora, el partido que ganaba la categoría –así fuera por un solo voto– se llevaba 28 bancas sobre las 50 en juego, mientras el resto de los partidos se distribuían el sobrante por sistema D’Hondt. En los hechos, la modificación empuja a un mayor diálogo para lograr consensos. Además, se limitan los fueros parlamentarios y los mandatos legislativos: solo se permitirá una reelección, aunque podrán volver a presentarse para el mismo cargo luego de un período de intervalo. Hasta el 2023, salvo el gobernador, todos los cargos podían reelegir eternamente.
La reforma también rediseña el Poder Judicial. Se amplía la Corte Suprema de Justicia a siete miembros, que cesarán sus funciones a los 75 años de forma automática. Además, se crea un Ministerio Público como órgano extrapoder, con autonomía funcional y autarquía financiera, dividido en dos ramas: el Ministerio Público de la Acusación, a cargo de la persecución penal, y el Ministerio Público de la Defensa, que deberá garantizar el acceso a la Justicia. También se establecen nuevos mecanismos de designación de jueces y fiscales, aunque sigue siendo potestad del Ejecutivo con acuerdo legislativo. El capítulo judicial cosechó críticas de distintos sectores de la oposición, que denunciaron el “avance” del gobierno sobre la Justicia.
El nuevo texto constitucional también modifica el régimen municipal, posibilitando que las localidades santafesinas puedan tener autonomía plena. Un reclamo eterno, pero siempre postergado. Sobre todo desde Rosario, donde los intendentes ven en esta herramienta una forma más efectiva y menos burocrática de tomar decisiones que requieren celeridad. El tema volvió a estar en debate los últimos años, acompañado por los malos indicadores en materia de seguridad. Ahora, las ciudades podrán elaborar sus propias cartas orgánicas y Rosario ya puso primera: a finales de junio firmó un convenio con las facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Católica Argentina (UCA), para avanzar en la elaboración de un proyecto para la ciudad.
Entre otras modificaciones, la oposición logró blindar la Caja de Jubilaciones que fue definida como “intransferible”, a la vez que el oficialismo logró darle rango constitucional a la “ficha limpia”. La redacción no reconoce religión oficial, aunque se destaca el vínculo con la Iglesia Católica y otros cultos. Además, se incorporan nuevos derechos, ampliando los alcances del derecho al trabajo con el reconocimiento de los trabajadores de la economía social. En su artículo cuatro, la nueva Constitución suma una cláusula que reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, uno de los pocos apartados que fue votado por unanimidad.
El debate
En el gobierno provincial hoy festejan la reforma política como un triunfo. No solo porque Pullaro logró –sin demasiadas trabas– eso que sus predecesores quisieron y no pudieron, sino también porque la mayoría de las reformas fueron acompañadas por sectores de la oposición. En última instancia, Unidos –el frente que tiene como socios mayoritarios al radicalismo, el PRO y el socialismo– podría haber aprobado cambios apelando a los votos que le aportaba el Frente de la Esperanza, un bloque aliado que llegó a la Convención de la mano de Alejandra “Locomotora” Oliveras, quien falleció en medio del proceso y no llegó a jurar como convencional. Sin embargo, eso no ocurrió: el oficialismo negoció y cedió algunas pretensiones para darle legitimidad y robustez a una reforma en la que sobrevuela el fantasma de la reelección.
En ese marco, en el oficialismo repiten con entusiasmo algunos números que deja la reforma: el 93% de los artículos se aprobaron con las dos terceras partes de los convencionales; mientras que el texto final ordenado tuvo el voto del 75% de los convencionales y la sanción definitiva fue firmada por el 85% del cuerpo. La nueva Constitución se aprobó con 52 votos a favor y 17 negativos: solo La Libertad Avanza y el espacio Somos Vida y Libertad, referenciado en la figura de Amalia Granata, votaron en contra.
“Hay dos palabras que pueden expresar una síntesis de esta reforma del 25: consenso como método y equilibrio como resultado”, destacó Pullaro este viernes, durante el acto de jura que tuvo lugar en la explanada de la Legislatura. “Fue un proceso sincero y así lo demuestran los artículos que pertenecen a personas que no ocuparon una banca, pero estuvieron dentro de la reforma”, añadió. El gobernador ahora tiene la posibilidad, si así lo quisiera, de competir por un nuevo mandato en 2027, mientras gana terreno nacional bajo el armado de Provincias Unidas, en conjunto con sus pares de Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Cruz.
Por su parte, el peronismo se plantó como una oposición crítica, pero dialoguista. A diferencia de los espacios libertarios y “celestes” que votaron todo en contra y no lograron introducir ninguna de sus reformas, el peronismo negoció acuerdos en función de incorporar aspectos vinculados a sus propios intereses. Así logró blindar la Caja de Jubilaciones, torciéndole el brazo al oficialismo en defensa del reclamo de los trabajadores estatales. El sector más confrontativo estuvo representado en la figura del concejal Rosarino, Juan Monteverde, mientras que los senadores del justicialismo encararon una posición más acuerdista. El sector votó dividido en la reelección del gobernador, pero luego mantuvo una postura única en la mayoría de los aspectos.
Balances
Germana Figueroa Casas, diputada nacional del PRO y convencional oficialista, trazó un balance positivo de la reforma. “Fue un trabajo muy bien hecho, del que nadie se quedó afuera. Me parece que nos va a hacer tener una mejor política en Santa Fe, con la oxigenación que implica la eliminación de los cargos eternos y la introducción de la ficha limpia”, dijo en diálogo con Página/12. Sobre la reelección del gobernador, la legisladora sostuvo que “se aprobó por una gran mayoría” y consideró que es un cambio positivo: “Permite una mejor planificación de los gobiernos y pensar en el largo plazo. Además, saber que tenés la posibilidad de estar un nuevo mandato no garantiza que ganes la elección”.
No obstante, la dirigente recordó que el PRO presentó su propio proyecto de reforma dentro de Unidos, donde algunos aspectos se contemplaron y otros quedaron afuera. “En la caja de jubilaciones, nosotros no queríamos introducir definiciones porque el sistema previsional es algo que está en revisión en todo el mundo. Nos parecía que fijar su intransferibilidad era limitarlo, más allá de que en el espacio queremos que la Caja siga en la órbita provincial”, expresó y agregó: “Algunos aspectos tributarios propuestos tampoco se contemplaron”.
Desde el peronismo, Lucila De Ponti consideró que, después de más de seis décadas, la Constitución provincial requería una actualización. “Desde el peronismo fuimos muy críticos de los motivos de la convocatoria, vinculados a la reelección del gobernador. Pero fuimos a cumplir un rol opositor que tenía que ver con cuidar los derechos de los santafesinos. Creo que el aporte que hicimos deja un piso de derechos mucho más alto del que había, con mayores herramientas y más obligaciones para el Estado a la hora de cumplirlo”, evaluó en diálogo con este diario.
Sin embargo, también reconocen que parte de las reformas quedaron “a mitad camino” e incluso algunas “retroceden” en relación al texto anterior. “Entre las reformas se amplía la capacidad de indulto del gobernador a cualquier agente de la administración pública, lo que podría aplicarse a un policía que comete un acto de violencia institucional o funcionarios que hayan cometido otros delitos bajo sus órdenes. Eso no está bien y no acompañamos”, explicó y agregó: “También cuestionamos que se retire el concepto de que las cárceles deben ser para la reinserción social de las personas que cumplen su pena”.
En tanto, desde Activemos el senador nacional Marcelo Lewandowski –que armó un espacio propio en la provincia por fuera del peronismo– consideró que la Constitución avanza en la ampliación de derechos, pero también deja deudas pendientes. “Es una reforma que salió de acuerdo a lo que pretendía el oficialismo, en la búsqueda por la reelección. En algunos puntos se abrió el juego para cambiar, escuchando a la oposición, pero en otros no”, dijo a este cronista. “Las leyes complementarias van a tener un rol importante y esperamos una amplia participación de la oposición”, remarcó.
El sector se mostró muy crítico del capítulo judicial, donde no acompañó en la mayoría de las reformas introducidas. “Vemos un avance peligroso del Poder Ejecutivo sobre la Justicia. Por un lado se le da autonomía al Ministerio Público, lo que nos parece bien, pero por otro la designación de jueces y fiscales está en la órbita del gobernador. Más allá de que la Legislatura tiene que prestar acuerdo, hay una discrecionalidad muy directa del gobernador y es, nada más ni nada menos, que la persecución penal de la provincia”, finalizó el convencional.
