EE.UU. cerró con Ecuador un acuerdo de ‘tercer país seguro’, mediante el cual se busca el traslado de personas solicitantes de asilo en el país norteamericano a la nación suramericana, donde se prevé que esperen la resolución de sus casos.
El documento fue dado a conocer este viernes por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés) a través del Registro Federal, donde se prevé que sea publicado de manera oficial el próximo lunes 17 de noviembre. La entidad detalla que el convenio fue formalizado mediante el intercambio, en julio pasado, de notas diplomáticas, que fueron incluidas en el texto.
El acuerdo implica el «traslado digno, seguro y oportuno» desde EE.UU. a Ecuador de personas de terceros países, es decir, que no son ecuatorianas, pero que se encuentran en la nación norteamericana y «que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior», especifica el documento del DHS.
Se establece que EE.UU. pueda proponer, a su discreción, el traslado de estas personas, mientras que Ecuador podrá aceptar o rechazar esas propuestas, también a su juicio. Esto significa que no se trata de un mecanismo automático, sino de un proceso en el que se analiza caso por caso.
En el convenio se deja claro que Quito se compromete a «no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el Gobierno de EE.UU. a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva» sobre cualquier solicitud de protección pendiente. Además, deberá definir un procedimiento para quienes abandonen su trámite.
La ejecución
El acuerdo no contempla el traslado de menores no acompañados, como se denomina a los niños que ingresaron solos a EE.UU., y tampoco pagos por parte de los firmantes. «La ejecución del presente acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la capacidad técnica de cada parte», dice el documento.
También se especifica que las medidas que adoptarán ambos países deberán ajustarse a sus obligaciones internacionales, que incluyen a la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, su Protocolo de 1967, la Convención contra la Tortura, así como a las leyes y políticas migratorias de cada Estado.
A principios de septiembre pasado, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, dijo que su país negociaba con EE.UU. la posibilidad de recibir migrantes de terceros países deportados por Washington. En ese entonces comentó que sería un programa «limitado», para aceptar «hasta unas 300» personas por año, y serían «refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tenga ciertas características como buen estado de salud, que no estén enfermos, etc.».
EE.UU. ya ha concretado acuerdos similares con otros países de Latinoamérica. Con Paraguay se firmó también un convenio de «tercer país seguro» para brindar a los solicitantes de asilo la oportunidad de presentar sus peticiones de protección en el país suramericano; asimismo, hay tratos con Honduras, Panamá, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.
