Se trata del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
El INTI pasará a funcionar como una unidad dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, manteniendo su nombre institucional.
Actualmente, el organismo cuenta con una planta de 2.356 trabajadores y un presupuesto anual que supera los $85.600 millones. Su estructura incluye más de 250 dependencias distribuidas en seis niveles jerárquicos, equivalentes a la organización de un ministerio, con divisiones que supervisan hasta siete áreas subordinadas.
Según el Gobierno, la redefinición de su estructura busca preservar su rol esencial en materia de metrología, calidad, innovación y desarrollo tecnológico para la industria, apoyado en el personal técnico altamente capacitado que ha sostenido al Instituto a pesar de los problemas de gestión.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
El INTA será reconfigurado como un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. El foco estará puesto en la innovación y en la transferencia tecnológica, dejando atrás un modelo orientado al extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología, sostenido con recursos públicos.
El instituto cuenta con más de 6.000 empleados y un presupuesto cercano a los $229.000 millones anuales.
Según el Ejecutivo, en los últimos años el INTA se alejó de su función original, siendo utilizado con fines políticos y adoptando una agenda alineada con la Agenda 2030, sin responder a las necesidades del sector agroindustrial. La evaluación oficial indica altos niveles de ineficiencia y una deficiente gestión de los fondos públicos, lo que motiva una revisión integral de sus funciones y estructura.
El nuevo perfil del INTA se enfocará en generar conocimientos y tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria, promoviendo la formación de nuevos productores calificados e integrados en redes privadas.
Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME)
La ARICCAME será disuelta y sus funciones pasarán a una Dirección Nacional en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, como parte del proceso de simplificación del aparato estatal y de eliminación de estructuras que no demostraron resultados acordes a su propósito.
El Gobierno argumenta que el diseño de la agencia, con exceso de personal, funciones duplicadas, y un modelo de gobernanza inflexible, complicó el desarrollo de una política eficaz en el sector.
En la nueva configuración, la ANMAT volverá a tener a su cargo la regulación del cannabis medicinal, mientras que la Secretaría de Industria y Comercio regulará el cáñamo industrial, exceptuando la flor. Por su parte, la Secretaría de Agricultura será la autoridad competente en semillas y reproducción vegetal.
Este esquema permitirá ordenar responsabilidades según el tipo de producto y su riesgo sanitario, en línea con los estándares internacionales, y reducirá costos al evitar superposiciones institucionales.
Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
El INAFCI será disuelto, y las funciones establecidas por la ley 27.118 quedarán a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
El organismo fue creado en 2022 y, según la evaluación del Gobierno, funcionó como una herramienta política que llegó a contratar más de 900 personas y canalizó beneficios hacia distritos con afinidad partidaria. Su presupuesto rondaba los $9.000 millones, de los cuales el 90% se destinaba a salarios. Actualmente, conserva 105 empleados y un presupuesto de $2.749 millones.
La visión oficial sostiene que el desarrollo del sector agropecuario, incluida la agricultura familiar, debe sustentarse en reglas estables y condiciones de mercado equitativas, no en estructuras clientelares ni subsidios administrativos.
Instituto Nacional de Semillas (INASE)
El INASE dejará de operar como organismo descentralizado. Sus competencias serán absorbidas por una unidad dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía.
Con 233 empleados y un presupuesto superior a los $20.000 millones, el INASE, según el Gobierno, representaba una fragmentación innecesaria dentro de la política agrícola, ya que sus funciones pueden ser asumidas de manera eficaz dentro de una estructura más integrada.
Esta modificación no alterará los derechos de propiedad intelectual sobre semillas, y busca mejorar la coordinación institucional en la fiscalización y producción.
Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
El INV será reconvertido en una unidad organizativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, conservando su denominación y asegurando la continuidad del proceso de certificación para la exportación de productos vitivinícolas.
Actualmente, el Instituto tiene 459 empleados y un presupuesto anual de más de $12.120 millones.
El Gobierno señala que el INV ha desplegado controles innecesarios dentro de la cadena vitivinícola, generando costos adicionales, trabas burocráticas y desincentivos que afectan especialmente a pequeños productores.
Se mantendrá el sistema de certificación internacional, pero su implementación será optativa, a solicitud del productor.
Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)
El INPI será transformado en un ente desconcentrado bajo la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.
El Instituto, que cuenta con 362 empleados y un presupuesto cercano a los $8.500 millones, dejará de ser un organismo descentralizado, aunque conservará autonomía técnica en el cumplimiento de sus tareas.
La decisión se basa en que el registro y protección de la propiedad industrial no requiere independencia jurídica ni patrimonio propio, y puede gestionarse con eficiencia desde una estructura más integrada.
