Tal como ayer lo confirmó frente a operadores financieros, agentes de bolsa y brokers, Javier Milei está presto a vetar sin contemplaciones ni análisis los proyectos que fueron convertidos en leyes por el Senado con amplias mayorías: aumento a jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y los fondos para las provincias. Pero el intríngulis que enfrenta es cómo sostener política y administrativamente esa decisión de no darle nada a nadie.
Para el Presidente, vetar es fácil; es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo por mandato constitucional. Pero su sostenimiento requiere de un andamiaje que escapa a la voluntad del primer mandatario, aunque no así de su capacidad o incapacidad de hacer política.
El artículo 80 de la Constitución Nacional establece que una vez que el Congreso envíe a Casa Rosada el paquete de leyes aprobadas, el Poder Ejecutivo tendrá diez días para vetar cada proyecto total o parcialmente.
Si no lo hace en ese plazo, la legislación quedará automáticamente promulgada. Si lo hace, los textos deberán volver a la cámara de origen; en este caso la de Diputados, donde el gobierno tendría la posibilidad de sumar voluntades mediante acuerdos, promesas y Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Sin embargo, los frentes de tormenta abiertos en los últimos meses con la oposición dialoguista, los gobernadores aliados y con su propia tropa desalineada en una interna sin fin, ofrecen un escenario adverso al del año pasado, cuando pudo resistir su veto a la ley de Movilidad Jubilatoria que el Congreso había votado a principios de septiembre.
¿Milei conseguirá otros «héroes»?
¿Cómo logró aquella vez y qué debería lograr ahora para sostener el nuevo veto? Tal como lo indica el capítulo quinto de la Constitución, que explica el procedimiento de formación y sanción de normas, las leyes vetadas deberán volver a su cámara de origen (en este caso Diputados), donde serán debatidas tal cual habían sido votadas.
Si la iniciativa recibe el respaldo de los dos tercios de la cámara (172 diputados), el veto presidencial se cae y el proyecto pasa al Senado. Si este cuerpo lo ratifica, el texto queda convertido en ley y el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo sin más.
En cambio, si la oposición no consigue los dos tercios y el Gobierno resiste con al menos 86 diputados, el veto queda en pie y el proyecto de ley se cae.
Así lo manda el artículo 83 de la Constitución: “Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por si o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año”.
El año pasado, cuando la oposición también sancionó un aumento a jubilados y pensionados, el Gobierno vetó la medida y logró resistir con el respaldo de 87 diputados, a los que el primer mandatario llamó “87 héroes”. Inclusive los celebró palabras de elogio y un asado en la Quinta de Olivos.
Pero si esta vez no vuelve a ocurrir algo como eso (el respaldo de los 87, no el asado), el Presidente tiene una carta más para arriesgar: judicializar la política, tal la costumbre de la derecha argentina. Milei podría presentar una denuncia por un aspecto cuestionable de la ley o de su tratamiento, y esperar a que un tribunal lo resuelva.
Veto y judicialización
En su discurso de ayer en la Bolsa de Comercio, el Jefe de Estado trazó cínicamente esta posible hoja de ruta, que es la misma que el Gobierno había hecho trascender a través de uno de los periodistas militantes que reveló un supuesto off the record con el ministro Luis Caputo.
Dijo Milei: “Vamos a vetar. Y si aún se dieran las circunstancias, que no creo, de que le veto se caiga, lo vamos a judicializar. Y si aún si se diera el peor de los casos que de repente la Justicia tuviera un acto de celeridad, y lo decidiera tratar en poco tiempo, aún así el daño que causaría podría ser mínimo. Sería una mancha de dos meses, la cual el 11 de diciembre la vamos a revertir”.
Lo que quiso decir Milei al referirse al “peor de los casos” es que si la Justicia no objeta la ley ni su constitucionalidad ni el procedimiento por el cual fue tratada y votada, el Gobierno no tendrá más remedio promulgar la ley, y con ello:
- Destinar los fondos para el aumento de las jubilaciones.
- Actualizar las partidas para discapacidad.
- Enviar la ayuda para los inundados de Bahía Blanca.
- Aplicar la moratoria previsional.
- Modificar el reparto de los ATN a las provincias.
- Hacer coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos, tal como lo querían los gobernadores aliados y de la oposición.
Así y todo, Javier Milei especula con otras dos cartas: tiempo y un eventual apoyo popular. Así lo dijo ayer en la Bolsa de Comercio. Si en las elecciones de octubre próximo el oficialismo agranda su partida de diputados propios (“el 11 de diciembre la vamos a revertir”), hará nuevas alianzas con las provincias y avanzará con proyectos que echen por tierra lo que ayer se sancionó.
En cambio, si en las elecciones no logra sumar las bancas que prevé, todo dependerá del tiempo que consiga entre la judicialización de los proyectos y la velocidad que los tribunales le impriman al caso. Por lo pronto, Milei espera que el asunto se dilate lo más que se pueda, para eso no tiene urgencia ni compasión.
