El juez del Tribunal Oral Federal N° 2 Jorge Gorini rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el exsecretario de Obras Públicas José López, quien fue condenado a 6 años de cárcel en la causa Vialidad, y seguirá preso en la cárcel de Ezeiza. «No se han identificado, ni la parte aportó, elementos objetivos de convicción que permitan suponer que su vida o integridad física se encuentran en peligro mientras que el devenir de todo cuanto aconteció en las ocasiones detalladas, llevan precisamente a inferir lo contrario», expresó el magistrado para negar el beneficio.
Gorini dispuso «requerir al Complejo Penitenciario Federal I que con la mayor premura posible, a través de las áreas médicas pertinentes, se realice una evaluación psiquiátrica y psicológica al interno José Francisco López y se remitan a este tribunal las constancias labradas«.
«Asimismo, se deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar la continuidad de su tratamiento psiquiátrico, con la periodicidad y seguimiento que los profesionales estimen necesaria, todo lo cual deberá ser puesto en conocimiento de esta judicatura», añadió en su resolución.
Y requirió que se «deberá informar al tribunal de manera inmediata cualquier situación o modificación de su estado de salud que pudiere implicar un riesgo para su salud o que, por sus características, no pueda ser tratada allí».
También requirió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que «por medio de quien corresponda, se extremen las medidas de seguridad que, eventualmente, sean necesarias a los efectos de garantizar una efectiva protección a la vida e integridad del condenado Jose Francisco López y que se informe de manera inmediata cualquier situación que implique la configuración de un riesgo potencial o efectivo a su seguridad personal o que, de alguna manera, imponga una reevaluación del lugar de alojamiento».
López fue uno de los nueve condenados en la causa Vialidad, la misma por la que el TOF 2 condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y cuyas sentencias la Corte Suprema dejó firmes a principios de junio.
