La central obrera y la representación legislativa del PJ consensuaron no despegar su estrategia en el Congreso para evitar la aprobación de la redacción del Gobierno. Por el momento, se descarta un paro general.
Mientras toma fuerza el inicio de un debate breve y favorable al oficialismo en Diputados, para alcanzar la sanción del Presupuesto 2026 en la primera etapa de las sesiones extraordinarias dispuesta para diciembre, la oposición toma recaudos para la discusión que comenzará en el Senado: la reforma laboral, que consideran concretaría la atomización del poder de negociación sindical, un histórico pilar del peronismo.
Bajo esa premisa, los 28 senadores referenciados con el Partido Justicialista (24 de Fuerza Patria y 4 de Convicción Federal) se reunieron con referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) para coordinar, principalmente, un trabajo en conjunto. Los sindicalistas de la central obrera, entre ellos estaba Gerardo Martínez (titular de la UOCRA y miembro del Consejo de Mayo, desde donde habría tomado forma la redacción libertaria de reforma laboral), reiteraron en el encuentro que se cortaron las vías de diálogo y negociación con el Gobierno, versión contrapuesta a la de Casa Rosada.
«El Consejo de Mayo fueron sólo seis reuniones sin ningún tipo de acuerdo», planteó uno de los participantes del encuentro, en donde la CGT habría presentado su disposición a negociar con gobernadores -que en simultáneo, comparten mesas de acuerdo con Nación- con el poroteo como objetivo: las cuentas peronistas apuntan a nueve votos para alcanzar la mayoría y se los atribuyen todos a los distritos. Córdoba, Salta, Misiones, Neuquén, Santa Cruz y Chubut son algunas de las provincias que observan para absorber esos apoyos, que no serán ni radicales ni del PRO.
Desde el bloque de senadores peronistas confiaron en la capacidad de negociación sindical y reiteraron el principal objetivo de diciembre: evitar un «tratamiento express» de la reforma laboral, que le garantice al Gobierno media sanción en el Senado, la Cámara donde aún tiene menor peso legislativo. Advierten que, con ese objetivo, Victoria Villarruel ya convocó a la conformación de las comisiones vinculadas a las prioridades del oficialismo en ese recinto: Presupuesto y Hacienda; Trabajo y Previsión; Minería y Combustibles; y Justicia y Asuntos Penales. Se tratarían, además de la laboral, la reforma del Código Penal y de la Ley de Glaciares, aunque con menor prioridad.
El calendario es aliado del justicialismo: solo hay tres semanas, con cuatro feriados incluidos, para el fin de la primera etapa de las sesiones extraordinarias. En ese tiempo van a pedir una «evaluación rigurosa» de cada uno de los puntos de la reforma laboral, cuyo contenido aún no se conoce oficialmente. Para diciembre estaría descartado un paro general de la CGT, pero coinciden en que sin ninguna movilización la posibilidad de una aprobación rápida es más factible.
Para acompañar la estrategia del sindicalismo, el bloque parlamentario buscarán sumar respaldo social con «campañas de concientización» del proyecto («tenemos que contar que esta reforma no es para contratar más personas, sino para que las empresas despidan más barato») e intermediarán en las negociaciones con los nueve senadores que destrabarán la mayoría. Les ofrecen a los «representantes del centro» la posibilidad de protagonizar la redacción de un texto de legislación del trabajo alternativo al libertario. Pero para eso tendrán que llegar a las sesiones ordinarias, en marzo: si para ese mes no hay reforma laboral sancionada, la estrategia habría sido un éxito.
