Mientras el Consejo de Mayo se acerca a su última reunión, circulan borradores que anticipan cambios. Los gremios advierten que no existe consenso y reclaman acceso al texto final.
Desde inicios de noviembre, el Gobierno comenzó a acelerar los tiempos para reformar la normativa laboral vigente. En la última reunión del Consejo de Mayo, el espacio multisectorial creado para consensuar reformas estructurales, se resolvió adelantar la presentación del documento final al 9 de diciembre, con la intención de que el paquete -que incluye la reforma laboral– llegue a las sesiones extraordinarias del Congreso.
El borrador que circula deja en evidencia algunos de los cambios de fondo que evalúa el Ejecutivo. Entre los ejes más sobresalientes figura el artículo sobre vacaciones, donde podrían modificarse tanto los plazos como las formas de disfrute. Según algunas versiones periodísticas, la propuesta busca -entre otras cosas- que el empleador otorgue las vacaciones dentro de un período que va del 1° de octubre al 30 de abril del año siguiente. Pero con posibilidad de que el acuerdo sectorial cambie ese calendario.
Además, el proyecto permitiría fragmentar el descanso anual: en lugar de tomar la licencia de corrido, los trabajadores podrían disponer sus vacaciones en partes, siempre que cada tramo tenga al menos una semana. Otra novedad: la fecha de inicio del período vacacional tendría que notificarse por escrito con al menos 45 días de antelación -aunque las convenciones colectivas podrían establecer otras reglas-.
Consejo de Mayo
Reforma laboral: qué cambios impulsa el Gobierno
El plan de reforma laboral también abarca otros capítulos: registro laboral, jornada, licencias por enfermedad, beneficios sociales, indemnizaciones, y regulación del trabajo en actividades esenciales.
El borrador final de la reforma laboral, pieza central del temario, todavía no está definido. A poco de la reunión, ninguno de los consejeros había recibido aún el texto completo. Según pudo saber Ámbito, el capítulo de reforma laboral (que ingresará al Congreso en un formato de varias leyes) cuenta con los siguientes puntos: Ultraactividad, Relación de los convenios y Cargas fiscales; Peajes, Financiamientos, Sindicatos y Cámaras; Derechos colectivos y Derechos de trabajo individual; Trabajadores autónomos; Democracia sindical y Derogaciones varias.
Aun así, la expectativa oficial de pasar el paquete al Congreso rápido -como parte de la agenda legislativa de fin de año- ya choca con la resistencia de los sectores sindicales. Tras la última reunión del Consejo de Mayo, el secretario general de UOCRA, Gerardo Martínez, advirtió que “no hay consenso”: los gremios denuncian que desconocen el texto completo del proyecto, y denuncian falta de diálogo real con el Ejecutivo.
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De hecho, la incertidumbre sobre los detalles y los reclamos de los trabajadores provocan tensiones crecientes: no se descarta que, ante la aprobación sin acuerdo, los gremios recurran a movilizaciones o incluso medidas de fuerza. Esa posibilidad puso en alerta al Gobierno, que busca avanzar sin demoras.
La tensión entre la urgencia oficial y la resistencia gremial define, por ahora, el escenario. El Gobierno espera cerrar un acuerdo de gobernabilidad antes de fin de año; los sindicatos, mientras tanto, exigen participación efectiva en el diseño del proyecto. El dilema es claro: avanzar hacia un nuevo modelo de regulación del trabajo o mantener un piso de garantías laborales indispensables para los empleados.
Lo que ocurra en las próximas semanas -sobre todo con la presentación formal del proyecto el 9 de diciembre- será clave para determinar si la reforma logra consensos o desemboca en un conflicto abierto entre poder político, empresas y trabajadores.
