La Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal expresó su repudio ante el tratamiento exprés de la reforma penal durante las sesiones legislativas extraordinarias. En un comunicado, los jueces y fiscales docentes, consideraron que “la indiscutible y necesaria actualización del Código Penal argentino no puede resolverse a libro cerrado, sino que exige consensos entre las distintas fuerzas políticas, y un debate amplio, informado y participativo, que incluya a la sociedad civil”.
Entre los juristas se encuentran las firmas del camarista de Casación y Profesor titular de UBA y UNLP, Alejandro Slokar, el Profesor emérito de UBA y exjuez de la Corte, Raúl Zaffaroni, el fiscal del alto tribunal y Profesor titular de UBA, Javier De Luca y el Profesor Titular de UNR, Daniel Erbetta.
“Las declaraciones del gobierno, lejos de garantizar un proceso democrático de la reforma penal, avalan una codificación ideologizada y desprovista del diálogo y de los aportes técnicos indispensables para otorgar legitimidad a una reforma del Código Penal”, expresaron.
Los juristas, profesores y profesoras de Derecho Penal solicitaron al Congreso que “posponga el tratamiento de la reforma penal para las sesiones ordinarias”.
Además, que se garantice la participación de universidades, institutos especializados en la materia, colegios de abogados, asociaciones de magistrados, ONGs, entre otras, “con el propósito de presentar aportes críticos, avales o propuestas alternativas sobre el proyecto de Código Penal impulsado por el actual gobierno”
Se presentó un proyecto alternativo de Código Penal con el apoyo del INECIP
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), a través del diputado nacional Fernando Carbajal, presentó en el Congreso de la Nación el “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación”. La iniciativa busca reorientar el debate planteado por el Poder Ejecutivo Nacional en las últimas semanas.
La diferencia fundamental con la iniciativa del Gobierno radica en su metodología y legitimidad. El Anteproyecto apoyado por el INECIP, elaborado originalmente en 2007, se distingue por ser una obra jurídica que alcanzó gran calidad técnica y pluralidad.
“Fue fruto del trabajo ad honorem de una calificada comisión de expertos y, crucialmente, fue sometido a un amplio debate y consulta pública. Este proceso involucró a más de 20 Universidades Nacionales, operadores judiciales y decenas de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos”, explicaron desde el Instituto.
“La iniciativa del PEN, en contraste, careció de este tipo de discusión previa. Esto socava la legitimidad de una ley tan importante, pues una reforma tan profunda, que compromete diversos y legítimos intereses, no puede ser el producto exclusivo de un grupo reducido de personas”.
Además, agregaron: “Advertimos que el proyecto del PEN corre el riesgo de caer en el mero punitivismo demagogo. Este enfoque, centrado en el endurecimiento de penas –con incrementos en los mínimos y máximos, la imprescriptibilidad de ciertos delitos basados en su gravedad y la ampliación de la legítima defensa– ha demostrado ser ineficaz para reducir la criminalidad o generar mejoras reales en la seguridad ciudadana”
“Endurecer penas, además, implica elevar la tasa de encarcelamiento en un sistema penitenciario que ya se encuentra colapsado y que en estos últimos años poco ha logrado avanzar en solucionar este problema”, explicaron.
El INECIP ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de los años, la importancia del debate plural para construir consensos duraderos. Esto significa ir más allá de los despachos del Poder Ejecutivo: se deben incluir activamente a la academia, los operadores judiciales y, fundamentalmente, a las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de víctimas y los organismos de derechos humanos, que son actores clave en la discusión.
“No podemos permitir que el debate se reduzca a frases hechas. La consigna ‘el que las hace las paga’ busca evitar la discusión de fondo: la falta de eficiencia, la desproporcionalidad y la crisis estructural de nuestro sistema penal», sentenciaron.
