Se trata de una serie de modificaciones tributarias. Se recupera el “Mini RIGI”, ahora denominado RIMI, y se reducen alícuotas de Ganancias a empresas: la apuesta es compensar el gasto tributario con más crecimiento.
El equipo económico que dirige Luis Caputo ya tomó nota sobre la necesidad de impulsar la actividad en 2026 y, para ello, necesita actuar sobre las inversiones y el consumo popular. Las iniciativas de reducción de impuestos e incentivos a las pymes que acompañan a la reforma laboral van en ese sentido.
Un año después de haber presentado en el Congreso el proyecto de Ley Pyme, el Poder Ejecutivo vuelve a enviar los mismos incentivos bajo la denominación de Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), similar al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Y es que, si bien este último tiene anuncios de más de 20 proyectos millonarios, todavía no comenzaron a ejecutarse y, en rigor, generarán dólares luego de 4 o 5 años de puestos en marcha. El Gobierno no tiene tiempo para ello.
En cambio, el “mini RIGI” puede generar mucho en actividad en el conurbano, con poco dinero y en un plazo más breve. Es precisamente en la industria y en los cascos que rodean a los centros urbanos donde más pegó el ajuste de estos dos años.
Mejoras para empresas
Por el lado de las empresas, el Gobierno pretende alivianar la carga del Impuesto a las Ganancias al reducir la alícuota del 35% al 31,5% y la escala del 30% al 27%. Es de recordar que, por otro lado, el equipo económico impulsa para el caso de los trabajadores y autónomos un incremento del mínimo no imponible y de las deducciones. Es decir que, para 2026, el equipo económico está dispuesto a sacrificar algunos puntos de alícuota con la esperanza de recuperar con mayor actividad.
Para el universo pyme se crea el RIMI. Este régimen prevé amortización acelerada de activos y devolución del IVA, lo cual constituye un clásico de políticas industriales que se aplica en el país desde hace poco más de 20 años, con diferentes gobiernos.
En este caso, los proyectos a presentar arrancan desde u$s150.000 para las microempresas; hay otro tramo de u$s600.000; u$s3,5 millones; uno de u$s9 millones y otro de u$s30 millones, dependiendo del tipo de empresa según lo indican las normas vigentes. Se entregarán certificados de crédito fiscal que luego las empresas podrán computar a su favor.
Otros cambios
En lo relacionado al IVA: se establece la exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial y se determina que, de ahora en más, los saldos a favor del contribuyente se tienen que ajustar por inflación.
En materia de Ganancias, se deroga el impuesto cedular aplicable a la renta financiera y a las operaciones de transferencia de inmuebles.
Cambios con efectos en consumidores
Se eliminan los impuestos internos a:
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Productos electrónicos.
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Objetos suntuarios.
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Automotores, motos, aeronaves y embarcaciones.
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Telefonía celular.
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Seguros.
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Servicios de comunicación audiovisual.
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Entradas a espectáculos cinematográficos.
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Videogramas grabados.
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Alquiler con destino a casa habitación sin unidades locadas.
Gasto tributario
Toda reducción de alícuotas o exenciones de impuestos lleva implícito un costo, que se denomina gasto tributario. En Argentina, de acuerdo con el último borrador de Presupuesto 2026, estaría en el orden del 3,5% del PBI.
Las medidas propuestas por el Gobierno inflarían aún más esa cifra. Algunos analistas en la materia consultados por Ámbito dijeron que están comenzando a hacer los números.
En principio, ni la pérdida de recaudación de los impuestos internos ni el RIMI tendrían un costo significativo. Pero la reducción de 3 puntos de IVA que abonan las empresas tendría un costo importante, que solo podría contrarrestarse si la actividad da muestras de mayor dinamismo en 2026.
