La discusión con los gobernadores en el marco de una reforma tributaria va a ser peso a peso. Cada impuesto que se pretenda bajar va a pasar antes por la mirada de los mandatarios provinciales para ver si afecta o no a la coparticipación, lo cual es determinante a la hora de analizar cuáles son los impuestos con mayores posibilidades de reducción.
Los dos casos más importantes son el del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. Cualquier cosa que se quiera hacer con ellos deberá contar con la aprobación de los primeros mandatarios locales.
De allí es que se le sugiere al público en general no hacerse demasiadas ilusiones sobre una posible reducción de la alícuota del IVA, como así también alguna reducción de Ganancias para los empleados en relación de dependencia.
Por cada peso que se pretenda restar de un lado, las provincias van a pedir compensaciones ya que, si se toma en cuenta solo los dos años del Gobierno de Javier Milei, es sobre ellas donde ha recaído una parte de la motosierra que permitió lograr el superávit fiscal.
De acuerdo con estimaciones elaboradas por la consultora Politikon Chaco para Ámbito Financiero, por cada punto de reducción del IVA las provincias perderían 5% del dinero que reciben por coparticipación.
En octubre, por ejemplo, el IVA aportó $5.773.182 millones con 21% de alícuota. Antes del reparto entre Nación y Provincias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detrajo para su propio funcionamiento $108.690 millones. De lo que quedó, las provincias se quedaron con $3.019.680 millones.
Si se rebajara un punto la alícuota al 20%, los números quedarían así: para ARCA $104.467 millones, y para las provincias $2.875.886 millones, con lo cual perderían 4,8%. Si bajara al 19%, los estados subnacionales recibirían $2.732.092 millones, con una caída del 9,5%.
Si se tomara en cuenta la recaudación del 2024 y se la actualizara por inflación, los ingresos totales del impuesto fueron por $43.027.692 millones de los cuales a las provincias fueron $22.505.763 millones. Si se redujera un punto la alícuota a los estados subnacionales llegarían $21.434.060 billones, lo que implicarían una perdida de $1 billón (-4,8%).
Negociaciones complicadas por la baja de impuestos
Para ver lo complicado que pueden ser las negociaciones en el Congreso, más allá de las declaraciones publicas de buena voluntad se pueden mirar algunos números: en los primeros diezmeses del año las provincias recibieron unos $2,2 billones en fondos discrecionales. Esa suma es casi $5 billones menos que el histórico entre 2005 y 2023, de acuerdo con datos de Politikon Chaco.
Por otro lado, los envíos automáticos en el acumulado a octubre registraron transferencias automáticas por $49,28 billones y una expansión del 2,2% interanual en términos reales.
Aunque Politikon Chaco señala que, al medirlos en pesos constantes de octubre 2025, los envíos acumulados del año se ubican por debajo de años previos: respecto a 2023, las transferencias totales están -9,9%; contra 2022 -11,6%; y contra el 2021 -5,6%.
Los riesgos de un potencial IVA provincial
El IVA comenzó a aplicarse en 1975 con una alícuota del 13%. Se puso en reemplazo de dos impuestos que funcionaban como el actual Impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias.
Se derogó el Impuesto a las Ventas, que era de la Nación, y el Impuesto a las Actividades Lucrativas, de las provincias. Con el correr del tiempo, el IVA trepó hasta el 21%, es decir, subió 8 puntos, y las provincias volvieron a imponer el Impuesto a las Actividades Lucrativas, ahora bajo el nombre de Ingresos Brutos.
El temor de los tributaristas es que si se tratara de pasar una parte del IVA a los gobernadores para que deroguen Ingresos Brutos, al tiempo vuelva a aparecer otro impuesto de características similares, con lo cual el problema de la falta de competitividad de la economía no se habría resuelto.
Impuesto al cheque: ¿el más fácil de eliminar?
En la mira de las autoridades económicas el primer impuesto a eliminar es el que grava a los débitos y créditos bancarios, conocido como Impuesto al Cheque. Ese tributo es del 0,6% por cada movimiento en cuenta bancaria, lo cual agrega costos a la operatoria de las empresas.
Como no se coparticipa es un gravamen en el que los gobernadores no tendrían mayores problemas de apoyar. En octubre pasado aportó $1,3 billones lo que representó el 8% de la recaudación total.
