Javier Milei, en plena calma veraniega, movió el avispero con la presentación de la reforma laboral, uno de los proyectos que apunta a aprobar en las sesiones extraordinarias. Con las internas solapadas por el optimismo respecto al nuevo clima político, el Presidente encara la etapa de reformas en el Congreso renovado y planifica otra fase de la desregulación, la de las privatizaciones.
El Gobierno tardó en cerrar el texto definitivo de la reforma laboral, y se extendió casi 48 horas luego del acto del Consejo de Mayo, órgano simbólico que no tuvo en sus manos la redacción del proyecto.
Como se contó la semana pasada en este espacio, convivían en el Gobierno la postura de atacar las cajas sindicales y la de preservarlas para no entrar en guerra con la CGT. Finalmente, hubo una moderación, con Santiago Caputo como mediador entre el Ejecutivo y los gremios. El asesor insistió dentro de Casa Rosada con la necesidad de ese apoyo para facilitar el trámite legislativo. La solución fue intermedia. Por un lado, quedó descartado el cambio sobre la cuota solidaria, el punto que la CGT había objetado con más fuerza. Pero el Gobierno mantuvo un eje controversial: que cualquier descuento sindical requiera la aceptación expresa del trabajador y autorización de la Secretaría de Trabajo antes de ser aplicado. También afecta a los gremios los límites a la utraactividad (vigencia de los convenios aun vencidos) y la posibilidad de que los convenios inferiores tengan supremacía respecto a los convenios superiores.
Estos apartados son sensibles para la CGT, que marchará este jueves mientras, en paralelo, los equipos jurídicos aceleran reuniones para llevar, si hiciera falta, la batalla a los tribunales, como ya ocurrió con artículos laborales del Decreto 70/23, suspendidos luego por la Justicia. En despachos de Casa Rosada insisten en que se debe hacer algo con los menores de 35 años, más de la mitad de la masa de trabajadores, que hoy no están formalizados. Del mismo modo, dar soluciones a las pymes, la franja de empresas con mayores complicaciones para contratar y para despedir. Una de las pocas coincidencias entre sindicatos y gobierno es la necesidad de reducir los litigios laborales. Saben que los juicios jaquean a las pequeñas empresas, sobre todo.
El Senado, la pequeña esperanza de la CGT
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Mientras el Gobierno espera que la ley sea votada durante este tramo final de 2025, los gremios apuntan a conseguir favores del Senado para bloquear esos cambios. Es que en esa Cámara se mantiene el dominio del peronismo y, además, los gobernadores tienen mayor injerencia, ya que (se supone) es la voz de las provincias.
Justamente, los mandatarios provinciales que volvieron a sentarse en la mesa sienten, otra vez, el filo del puñal en la espalda. Sucede que el Gobierno aspira a cumplir con la prometida baja de impuestos hachando tributos coparticipables, como Ganancias o los impuestos internos a productos electrónicos, autos, celulares, bienes suntuarios, entre otros. Incomoda a los gobernadores, que mantuvieron llamadas para analizar la situación y hasta encuentros reservados en hoteles céntricos, haciendo coincidir agendas de trabajo en Buenos Aires.
En el plano jurídico -que también tantean desde las provincias-, se barajó denunciar la inconstitucionalidad de la norma fiscal, ya que los cambios impositivos, según el artículo 52 de la carta magna, deben tener a Diputados como Cámara de origen. Y no al Senado como hizo el Gobierno. No obstante, parece haber consenso parlamentario en que ese artículo se aplica a nuevos tributos o aumentos, y no para eliminación o rebajas, como sería en esta oportunidad.
En el Senado, de todos modos, puede haber cambios de último momento en la conformación de los bloques. En especial en espacios de gobernadores, que podrían ampliarse en los próximos días. Como sea, hay buena voluntad para tratar los proyectos. “La gente quiere la reforma, y podemos buscar algunos cambios, pero ir totalmente en contra es como chocar contra un tren de frente”, explicó un senador peronista, con el termómetro del clima político tras el 26 de octubre.
Desde ya, los tiempos pueden ser otros a los que pretende el oficialismo. En el caso del Senado, Patricia Bullrich intentará posicionarse como jefa política, en franca competencia con Victoria Villarruel, pero sus pares creen que pifia en los plazos: la rosca del Congreso es más lenta que las medidas del Ejecutivo, donde ofició como ministra hasta hace nada. Quizás, La Libertad Avanza consiga la aprobación de la reforma laboral, pero no con el tratamiento exprés anhelado.
Privatizar, es la cuestión
En paralelo, el otro objetivo del Gobierno es aprovechar el envión político para dar un impulso a la ola privatizadora, que fue bajando la espuma después de la aprobación de la ley Bases. Pero sigue siendo un objetivo de Milei, en aras de la reducción del Estado.
En ese marco, avanza la licitación de la Hidrovía, luego de que fracasara el intento de principios de este año. Hay novedades previstas para esta semana. Este lunes cierra el plazo del procedimiento de observaciones para recibir aportes y pedidos de cambios a los pliegos provisorios, y el objetivo es llamar a Licitación Pública Nacional e Internacional antes de fin de año, con la apertura de ofertas programada entre febrero y marzo.
Se trata de una de las privatizaciones clave de la era Milei, ya que por ese corredor circula cerca del 80% del comercio exterior, principalmente los productos del agro. Actualmente tiene control estatal, con las firmas Jan de Nul (belga) y Emepa (nacional), subcontratadas para dragado y balizamiento, respectivamente.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sumó para esta licitación el apoyo técnico y jurídico de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), un organismo de la ONU, para garantizar la transparencia de la operación. Es que este nuevo proceso es central para el organismo, tras la suspensión de la licitación anterior. ANPyN está bajo la órbita de Santiago Caputo, con Iñaki Arreseygor a cargo del organismo, y se enfrenta a una prueba de fuego.
Por eso, fue bien recibido el respaldo que cosechó de cámaras privadas como la UIA, CIARA-CEC, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, que avalaron los distintos pasos de la licitación y participaron en las mesas que definieron el enfoque integral de la nueva concesión.
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El Gobierno mira de reojo, al mismo tiempo, el lobby cruzado de Mauricio Macri y la reina Máxima por la empresa holandesa de dragado Boskalis, una de las ocho firmas globales con capacidad operativa para llevar a cabo un proceso complejo sobre el río Paraná, que requiere de capital intensivo y tecnología. Se sabe: el expresidente está obsesionado con ese trazado y su relación con Caputo no es la mejor. Las condiciones de los pliegos son exigentes, en especial en cuanto a la cantidad de dagas, un hecho que podría condicionar a Boskalis.
Para el balizamiento el juego se abre también a empresas nacionales. Esperan concesionar la vía por 25 años, lapso adecuado para amortizar la inversión sin que los peajes sean exagerados. Acortar los plazos impactaría en el costo logístico (peajes más caros para recuperar el desembolso antes); costo que de todos modos mejorará si el plan funciona por la opción de salir con los buques cargados al 100% y no con tres cuartos de capacidad, como ocurre hoy por la falta de mantenimiento de la vía navegable.
Cabe recordar que hace un mes el Gobierno, dio conocer las nueve empresas oferentes para operar durante los próximos 30 años las cuatro represas más importantes del Comahue -Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados-Planicie Banderita-, que juntas representan cerca del 15% de la generación eléctrica de la Argentina. Asimismo, Javier Milei espera que se efectivice también pronto la empresa de aguas y saneamientos AYSA.
El segundo tiempo de Milei llega con el desafío reformista y de ajuste 2.0, en la luna de miel poselectoral, que nadie sabe cuánto durará, pero que no será eterna .
