La Cámara de Diputados dio este jueves media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, en una sesión atravesada por un fuerte clima emocional y político dentro y fuera del Congreso. La iniciativa impulsada por el Gobierno fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El oficialismo logró construir una mayoría amplia con el acompañamiento de sus aliados habituales y el respaldo parcial de bloques provinciales y federales, en un escenario de negociaciones cruzadas y acuerdos puntuales que terminaron destrabando la votación.
Las principales tensiones se concentraron en Unión por la Patria, donde se expusieron diferencias internas sobre el abordaje de la reforma, mientras que el Frente de Izquierda sostuvo una postura de rechazo firme.
En ese contexto, la sesión estuvo marcada por cruces constantes entre oficialismo y oposición, con visiones contrapuestas sobre el alcance del nuevo régimen, el tipo de sanciones previstas y el enfoque del sistema de responsabilidad penal juvenil. Mientras el Gobierno defendió la necesidad de actualizar la normativa frente al delito juvenil, sectores opositores alertaron sobre los riesgos de criminalizar la adolescencia y vulnerar derechos.
Diputados sesión
Cómo votó cada bloque
Según el acta oficial de votación nominal, La Libertad Avanza acompañó de manera unánime el proyecto, al igual que el PRO, la UCR y el MID, que aportaron la mayor parte de los votos afirmativos. También hubo un respaldo mayoritario, aunque con algunas disidencias, por parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, Encuentro Federal, Por Santa Cruz y el bloque sanjuanino Producción y Trabajo, lo que permitió al oficialismo consolidar una mayoría amplia de 149 votos positivos.
En Unión por la Patria, el rechazo fue mayoritario, con la mayor parte del bloque votando en contra de la iniciativa. Sin embargo, se registraron matices internos, con algunos legisladores del Frente Renovador acompañando artículos clave del proyecto, en particular el que fija la edad de imputabilidad en 14 años, aunque sin respaldar la votación general.
El Frente de Izquierda votó en bloque en contra, al considerar que la reforma implica un endurecimiento del sistema penal juvenil y no aborda las causas estructurales del delito. En tanto, los bloques provinciales y monobloques presentaron un comportamiento dispar, con apoyos parciales, abstenciones y ausencias, reflejando un escenario fragmentado que obligó al oficialismo a tejer acuerdos puntuales para alcanzar la media sanción.
En que consiste el Régimen Penal Juvenil que recibió media sanción
La iniciativa del Gobierno busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. De esta manera, representa el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei.
La reforma fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.
A su vez, la reforma establece que los menores no deberán compartir espacios de reclusión con adultos y contempla un sistema de sanciones alternativas a la prisión para los delitos con una escala penal inferior a los 10 años. Entre ellas, se incluyen amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir vehículos y limitaciones para salir del país, con el objetivo de priorizar medidas socioeducativas y de reinserción.
El proyecto sufrió modificaciones de último momento de la votación. Por impulso de la Coalición Cívica, se reformaron los artículos 17, 30 y 34 para que se explicite que los menores de edad no serán privadas de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos. A su vez, con un cambio del artículo 43, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal.
