La iniciativa enviada por el Gobierno retoma el texto que había tenido dictamen el año pasado, pero incorpora un mecanismo de compensación de fondos para las provincias. Comienza su tratamiento en comisión en una semana legislativa marcada por reformas sensibles.
El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil ingresó formalmente este lunes a Diputados, marcando el inicio de una etapa clave en su tratamiento legislativo. La iniciativa será analizada primero en comisión el miércoles y, con ese antecedente, se prevé que el debate llegue al recinto el jueves.
La propuesta es la misma que había recibido dictamen en 2025, aunque con una modificación significativa. Como anticipó Ámbito, el Gobierno incorporó al texto un mecanismo para la compensación de fondos entre la Nación y las provincias, lo que en los hechos habilita un esquema de financiamiento para su aplicación territorial.
El eje de la reforma es la baja de la edad de imputabilidad penal, un punto que viene suscitando debate parlamentario y político. En versiones previas del proyecto, se proponía reducirla desde los 16 años actuales a 13 años, aunque ese planteo generó reparos incluso dentro del propio oficialismo y entre aliados, que buscaban un piso más alto de imputabilidad y asegurar mecanismos de alojamiento y tratamiento para menores poseedores de responsabilidad penal.
Patricia Bullrich 23
Senado
Legisladores de distintas bancadas acordaron que el tratamiento inicie rápidamente, en el marco de las sesiones extraordinarias, un escenario en el que la cámara baja también debatirá otros proyectos sensibles como la reforma laboral.
El proyecto de Régimen Penal Juvenil ingresó a Diputados con modificaciones en el esquema de fondos
Más allá de las cuestiones numéricas de edad y financiamiento, la reforma integra un paquete más amplio de políticas de seguridad y justicia que el Gobierno busca impulsar en este período legislativo, con la intención de responder a una demanda pública por cambios en el sistema penal juvenil.
La inclusión del mecanismo de compensación para provincias responde a críticas previas de mandatarios provinciales y legisladores que advertían que la baja de la edad de imputabilidad sin recursos ni infraestructura adecuados podría generar tensiones operativas y legales.
Martín Menem Diputados
Mariano Fuchila
Para avanzar, el proyecto deberá sortear el debate en comisión, donde se espera que asistan funcionarios nacionales y expertos para defender la iniciativa y responder a consultas de los legisladores. Ese paso técnico es clave para que el texto pueda llegar al recinto con dictamen favorable.
Los tiempos parlamentarios previstos cuentan con una agenda apretada: la comisión sesionará el miércoles y la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados está prevista para el jueves, en el marco de una semana en la que también se debaten otras reformas impulsadas por el Ejecutivo.
La velocidad con la que avanza este proyecto refleja no solo la intención del Gobierno de incluirlo en la agenda de prioridades de las sesiones extraordinarias, sino también la presión política que existe alrededor de la baja de la edad de imputabilidad, un tema que ha generado cruces entre distintos bloques legislativos y dentro de los propios aliados del oficialismo.
En este contexto, el debate técnico y político sobre el contenido del proyecto, así como su sustentabilidad operativa y financiera, será central no solo para su eventual aprobación en Diputados, sino también para su tratamiento posterior en el Senado.
