La Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de seis represores que se desempeñaron en el área de inteligencia de Bahía Blanca. Deberán responder por el secuestro de Pedro Goin, exministro de Agricultura de la provincia de Buenos Aires.
Goin pertenecía a la Federación Agraria y fue funcionario de Victorio Calabró hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Más de un año después, fue secuestrado de la zona de Pigüé, donde vivía. Desde allí lo llevaron a un punto intermedio –posiblemente Olavarría o Azul– y luego hacia lo que se conoce como el circuito Camps. Estuvo casi un año en el Destacamento de Arana, la comisaría de Don Bosco y posteriormente en la comisaría de Monte Grande.
Por su secuestro en la zona de Pigüé, la fiscalía entendió que debía responsabilizarse a quienes integraron la cima de la estructura de inteligencia en lo que se conoce como la subzona 51.
En 2019, la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó los procesamientos de Norberto Eduardo Condal, Guillermo Julio González Chipont y Walter Bartolomé Tejada (que falleció después). Hizo lo mismo con las faltas de mérito de Víctor Raúl Aguirre, Jorge Horacio Granada y Carlos Alberto Taffarel. En todos los casos sobreseyó a los acusados. La Cámara bahiense, además, confirmó el sobreseimiento de Osvaldo Lucio Sierra.
El tema llegó a Casación. En octubre de 2020, la Sala II confirmó lo que había dicho la Cámara de Bahía Blanca. Alejandro Slokar se manifestó en disidencia. La cuestión escaló hasta la Corte Suprema, que durante cuatro años no analizó el expediente. No en todos los casos los supremos le imprimen la velocidad que le imprimieron a la causa Vialidad que tenía como principal protagonista a Cristina Fernández de Kirchner, a quien le confirmaron la prisión por seis años y la inhabilitación perpetua en menos de dos meses y medio.
El 12 de diciembre del año pasado, la Corte revocó la decisión de la Sala II y reenvió el expediente para que volviera a ser analizado. Este viernes, Slokar junto con Diego Barroetaveña resolvieron anular la decisión de la Cámara de Bahía Blanca. Por el contrario, la tercera integrante de la Sala, Ángela Ledesma, acompañó el criterio de los camaristas bahienses. Para ella, no se puede responsabilizar a la estructura de inteligencia de la subzona 51.
En su voto, Slokar remarcó que no pueden desentenderse los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino. «No se agota en posibilitar un debido proceso
que garantice la defensa en juicio, sino que debe además asegurar en tiempo
razonable el derecho de la víctima o sus familiares a saber la verdad de lo
sucedido y que se sancione a los eventuales responsables”, sostuvo.
